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En este pleito, Econo Rial, Inc. argumentó que el tribunal de apelaciones erró al determinar que el Tribunal de Primera Instancia se equivocó en su declaración en negación de la solicitud de sentencia sumaria y la moción de reconsideración.
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A pesar de la controversia, la opinión mayoritaria del Supremo consideró que el FEI tenía la autoridad para procesar a individuos particulares en este caso, incluso si no se presentaron cargos contra funcionarios públicos, argumentando que era esencial evitar que las conductas criminales quedaran impunes.
Determinó que el DCR no tiene la autoridad para conceder compensaciones por daños a reclusos, por lo que puede presentar su reclamo directo en el TPI.