Cada aspirante está identificado por los últimos seis (6) dígitos de su número de seguro social.

• Reválida General (*.PDF)
• Reválida Notarial (*.PDF)

Esta información debe ser corroborada por cada aspirante con el informe de puntuación que se reflejará en su perfil del sistema SEA (Solicitud Electrónica de Admisión).

• Documentos que deberán someter a la Junta Examinadora aquellos aspirantes que aprobaron el examen de reválida general

¡Felicidades a los nuevos licenciados y a las nuevas licenciadas de parte de Microjuris!

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El compromiso de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con el financiamiento de la educación universitaria de sus estudiantes es evidente. Anualmente la Junta aprueba más de $14 millones en becas institucionales para las 11 unidades académicas. Además, gracias al magno evento del Torneo de Golf Invitacional conocido como Copa Presidente, la Junta de Síndicos ha logrado becar a 312 jóvenes y adultos en los primeros seis eventos, de manera que la contribución directa ha sido la otorgación de $372,000 para cubrir sus gastos de estudios universitarios. La Junta continúa realizando esfuerzos para contribuir con el recaudo de fondos para estudiantes con necesidades económicas.

El 7o Torneo de Golf Invitacional Copa Presidente, pro fondo becas de estudiante, se estará llevando a cabo el sábado, 8 de junio de 2013 en el Trump Internacional Golf Club en Río Grande. Para información e inscripciones llamar a los teléfonos 787-763-8927 y 787-878-5104 o comunicarse por correo-e a: mmedero@inter.edu o rramirez@arecibo.inter.edu.

Foto: http://www.elsuralavista.com

El primer ejecutivo explicó que la empresa CORCO radicó formalmente la petición de permisos de limpieza, remoción y demolición de cerca de 11, 000,000 libras de acero y metales en desuso ubicadas en 30 cuerdas de terrenos de las industrias Oxochem y Caribe Isoprene que pertenecen a la compañía. Se estima que el plan de limpieza y demolición tendrá un costo estimado de $16 millones a ser financiados, principalmente, por la empresa privada.

De interés:

- Publican plan de re-uso para los terrenos de la antigua petroquímica de Guayanilla-Peñuelas (CORCO) - 6 de marzo de 2013

- DISUR recluta docentes voluntarios – 9 de agosto de 2012

- DISUR discutirá el estado de situación de la zona industrial petroquímica – 7 de junio de 2012

La empresa radicó la Recomendación de Estudio Ambiental (REA) ante la Oficina General de Permisos (OGPE) para iniciar el procedimiento formal de consulta para la otorgación de permisos que permita iniciar los trabajos de demolición y limpieza. Este paso es un requisito mandatorio y el mismo debe responderse en un periodo de 30 días.

Según los procedimientos en ley, una vez se evalúe la solicitud, la OGPE determina si procede la radicación de una Declaración de Impacto Ambiental o si por el contrario se expide el permiso solicitado. Se espera que aun cuando se tenga que someter una DIA, las primeras medidas de demolición y limpieza podrían comenzar este mismo año. Tanto el gobierno de Puerto Rico como la EPA podrán colaborar más adelante en medidas remediales de mitigación de los terrenos.

La empresa CORCO es el principal propietario de la zona industrial de petroquímica que se extiende por una 3,500 cuerdas de terrenos en donde se estima que, una tercera parte, está en estado de abandono y desuso. Aunque por años se realizaron estudios y se presentaron propuestas de transformación de estos terrenos, esta es la primera vez, en sesenta años, que una empresa voluntariamente somete una petición de descontaminación, demolición, limpieza y reúso con sus propios fondos y peritaje.

García Padilla recordó que las industrias petroquímicas se establecieron en la isla en el 1953 como parte de los programas de industrialización. No obstante, esta industria entró en una situación económica adversa que provocó su cierre parcial ante la crisis del petróleo en las décadas del setenta y ochenta. Desde entonces, solo ha operado de forma parcial en el almacenamiento de combustible y sus derivados sin que operen las refinerías.

El plan sometido contempla evaluación de las condiciones y requisitos que el gobierno le impondrá a la empresa proponente, se establecerán los parámetros de descontaminación, las medidas de seguridad, disposición de desperdicios sólidos, medidas remediativas de carácter ambiental así como mitigación de daños. El plan contempla un programa de reciclaje de metales y su traslado fuera de la isla, lo que no afectará la vida útil de los vertederos regionales.

El mandatario indicó que una vez se limpien y se recuperen los terrenos, es muy probable que los mismos sean destinado a proyectos de energía renovable que ayuden a crear empleos y reducir los costos de energía.

Descarga el proyecto de ley oficial radicado por el Comisionado Residente aquí (H.R. 2000) 

La noche anterior el periódico Metro publicó un borrador del proyecto, que incluía un nuevo voto de radicación: “El propósito de esta acta es proveer una consulta autorizada a nivel federal sobre la estadidad, y si la mayoría vota ratificando el deseo de Puerto Rico por la estadidad, se delinean los pasos que el Presidente y el Congreso deben tomar para garantizar la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión”.

“La admisión de Puerto Rico tiene que estar sujeta a un voto de ratificación por vía de un referéndum”, comentó el lunes pasado el Comisionado en su página de Facebook. El voto de ratificación quedó incluido en el nuevo proyecto de ley.

Un Bosque Modelo es un territorio donde las personas se organizan y participan para gestionar juntos, de forma colaborativa, sus bosques y recursos naturales. La designación del Bosque Modelo establece un reconocimiento al manejo integrado y sostenible del paisaje de una región coordinando acciones en temas como áreas protegidas, corredores biológicos, manejo forestal, agricultura sostenible, turismo rural, microcréditos, producción orgánica, gestión de cuencas y bosques certificados. Es un proyecto innovador que se ajusta a las tendencias de avanzada a nivel mundial en cuanto al manejo sustentable de las regiones.

En seguimiento a la Orden Ejecutiva, el Departamento ha realizado diversas acciones para compartir información y comenzar los trabajos respecto a este proyecto. Una de las primeras tareas fue organizar una serie de talleres con las distintas divisiones del Departamento sobre el tema del bosque modelo y la Orden Ejecutiva. Estas reuniones han probado ser muy efectivas para compartir información, aclarar dudas y delinear estrategias de trabajo dentro de la agencia para facilitar las gestiones relacionadas a la Orden Ejecutiva. También tuvimos una charla-almuerzo en donde un experto en bosques modelo ofreció una presentación al personal de la agencia sobre este tema. De igual forma se están planificando talleres con todas las agencias públicas para intercambiar información y desarrollar el plan de trabajo conjunto asociado a este tema.

Como parte de la integración comunitaria a este proceso, el pasado 22 de abril se efectuó una reunión con representantes de la entidad Casa Pueblo, principal propulsor de este proyecto, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, y la Clínica de Derecho Ambiental de la UPR en la que se comenzó a delinear el plan de trabajo conjunto necesario para establecer el Comité Multisectorial creado en la Orden Ejecutiva. En esa reunión se acordó un intercambio de datos necesario para comenzar los trabajos de revisión de la delimitación del Bosque Modelo propuesto, y una lista de candidatos para representar a la sociedad civil en el Comité. Estos candidatos fueron presentados al Gobernador, quien el 9 de mayo oficializó sus nombramientos. Los representantes de la sociedad civil serán los siguientes:

1. Sector académico: Dr. Arturo Massol Deyá, Casa Pueblo
2. Casa Pueblo: Sr. Roberto Viqueira Ríos, Protectores de Cuenca
3. Agenda Ciudadana: Plan. Gabriel Rodríguez Fernández, Presidente Sociedad Puertorriqueña de Planificación
4. Región Norte: Sr. Osvaldo de Jesús Cruz, Grupo Senderos Arecibo
5. Región Sur: Dra. Evelyn Cepeda Pérez, Directora Ejecutiva Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente

El 15 de mayo el DRNA envió una carta a los 31 alcaldes de los municipios de la región que abarca el Bosque Modelo propuesto, explicando el concepto de esta innovadora iniciativa de conservación y el alcance de la misma, y pidiendo que se designase una persona enlace por cada municipio para coordinar con ellos en el proceso participativo de diseño del proyecto.

La primera reunión del Comité será el próximo 29 de mayo. En esta reunión se estará trazando el plan de trabajo para desarrollar de forma participativa el anteproyecto de ley que creará oficialmente este nuevo Bosque Modelo.

Para más información sobre los bosques modelo, puede visitar la página de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.

Entre las agencias con mayor número de obras se destaca la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, con 46 proyectos que emplearán a unas 4,682 personas. Algunos de estas obras comenzaron entre enero y abril de este año, como las mejoras a la Planta Regional de Alcantarillado Sanitario del Municipio Autónomo de Carolina.

Otras agencias y dependencias gubernamentales que iniciaron proyectos de infraestructura este año son: Autoridad de Carreteras, Autoridad de Energía Eléctrica, Departamento de Transportación y Obras Públicas, Autoridad de los Puertos, Administración de Vivienda Pública y Autoridad de Edificios Públicos.

“Uno de los indicadores de mayor impacto en el desarrollo económico de un país es la inversión en obra pública y la relación directa con la generación de empleos. Para nuestra satisfacción hoy informamos el balance de 149 proyectos para un total de 23,194 empleos y una inversión de $1,900 millones proyectados para los primeros 18 meses de nuestra administración”.

En un pleito legal sin precedentes, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió el 30 de mayo de 2012 invalidar las designaciones hechas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el 2007 y que listaba al coquí llanero como Especie en Peligro Crítico de Extinción y designaba como Hábitat Natural Crítico Esencial el lugar donde éste habita en el municipio de Toa Baja, Puerto Rico. La decisión contó con seis votos a favor de revocar la designación y protección del coquí llanero y su hábitat, con la abstención de los jueces Hernández Denton y Anabelle Rodríguez y el voto disidente de la jueza Fiol Matta.

El coquí llanero, Eleutherodactylus juanariveroi, fue descubierto en el año 2004 en un humedal ubicado en el municipio de Toa Baja, único lugar donde se conoce la existencia de la especie. En aquel entonces, el DRNA y su cuerpo de asesores científicos y legales realizaron todas las gestiones pertinentes para listar y proteger el hábitat de la especie. Dicho esfuerzo culminó con la designación del coquí como especie en peligro crítico de extinción y de su hábitat crítico esencial.

Posteriormente, la determinación del DRNA fue impugnada por el Municipio de Toa Baja y la compañía Forest City Group, Inc. y su subsidiaria en Puerto Rico, Sabana Seca Land Management, LLC, contratistas del US Navy a cargo de disponer de los terrenos de la antigua base naval en Sabana Seca, Toa Baja. Los recursos legales impuestos para evitar la designación del coquí llanero como especie en peligro de extinción y la protección de su hábitat tienen su base en el empeño de los demandantes de desarrollar proyectos de construcción y la expansión del vertedero municipal en parte del hábitat crítico esencial de tan amenazada especie.

De interés: Científicos y la reciente opinión del Supremo invalidando protección al coquí llanero (6 de julio de 2012)

Recientemente el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos de América (USFWS en Inglés), anunció la designación de la especie como una en peligro de extinción y la designación de su hábitat. La protección que puede extender el gobierno federal a la especie y su hábitat es una muy limitada, pues aplica principalmente a proyectos federales o sufragados en todo o parte por fondos federales. El “Endangered Species Act” de 1973, provee para que cada agencia federal, en consulta con el Secretariado del Interior, asegure que toda medida autorizada, financiada, o llevada a cabo por estas agencias no afecten la supervivencia de las especies amenazadas o en peligro de extinción o puedan resultar en la destrucción o modificación adversa del hábitat de esas especies. De otra manera, si no hay fondos federales envueltos o se trata de un proyecto federal, la jurisdicción del USFWS se limita a la existencia de lo que la ley denomina como un “taking”. Es decir, el gobierno federal no puede impedir un desarrollo en el hábitat designado si no hay evidencia fehaciente y directa de que se afectó la especie. Es por ello que el Congreso de los Estados Unidos de América delegó poderes a los estados, incluyendo sus territorios, para que pudieran ser más restrictivos en la protección de la vida silvestre. Vale mencionar que el USFWS solo ha asignado como Hábitat Crítico un 15% del área originalmente designada para conservación por el DRNA.

Le corresponde a cada estado, en este caso Puerto Rico, a través de sus leyes y reglamento listar las especies consideradas vulnerables o en peligro de extinción y la protección de su hábitat. Sin esta protección estatal, la supervivencia del coquí llanero, está en peligro.

Como conocedores de primera mano del proceso orientado a la protección y conservación del Coquí Llanero y de su hábitat, estamos en la obligación moral de aclarar a la ciudadanía algunos pormenores sobre este caso. De manera sucinta, la opinión del alto foro judicial en contra de la designación del coquí llanero y su hábitat se basó en que tal designación se considera una enmienda al reglamento que rige las especies vulnerables y en peligro de extinción, y como tal, el DRNA falló al no presentar el documento de designación en el Departamento de Estado.

El requerimiento procesal de acudir al Departamento de Estado para presentar la “alegada” enmienda fue discutido a cabalidad por el personal legal y técnico del DRNA. En aquel entonces se consultó con el Departamento de Estado al respecto y la respuesta fue que la designación no constituía una enmienda al reglamento, por lo que no procedía su presentación. Despierta pues nuestra suspicacia que el entonces Secretario del DRNA, Daniel Galán Kercadó, no utilizara este hecho al argumentar el caso ante el Tribunal Supremo.

Aun cuando no estuviéramos de acuerdo con la opinión del Tribunal Supremo emitida el 30 de mayo de 2012, y sí con la opinión disidente, (puesto que se trata de implementar un reglamento y no de enmendarlo), la acción que procedía por parte del DRNA era acudir al Departamento de Estado y presentar la “alegada” enmienda. Sin embargo, el DRNA no le dio curso a esta acción y claudico en ese momento su responsabilidad.

Entendemos que la secuencia de eventos, -desde la omisión de hechos, la débil defensa y argumentación, a la falta de acción- que culminaron en tan funesta decisión por el más alto foro del País puede haber sido causada por la negligencia y desinterés del entonces Secretario, Daniel Galán Kercadó, en proteger la especie.

La reciente designación y confirmación de la Planificadora y Ambientalista Carmen Guerrero Pérez como Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales abre nuevas puertas para que se cumplan e implanten las Leyes y Reglamentos que protegen los recursos naturales de nuestra nación. Entendemos que le corresponde a ella corregir los desaciertos de la pasada administración, la cual dejó en el olvido un sinnúmero de proyectos importantes sobre la conservación de nuestros recursos naturales. Hasta el momento desconocemos de alguna intención por parte del DRNA de volver a encauzar la designación de esta especie y su hábitat. Por lo tanto, le solicitamos por este medio a la Secretaria Carmen Guerrero Pérez que retome esta designación y demuestre su compromiso tomando acción inmediata e imparta las instrucciones correspondientes para que se sometan los documentos necesarios al Departamento de Estado.

Atentamente,

Neftalí Ríos, Biólogo
Daniel Dávila, Biólogo
José Luis Chabert, Biólogo
Alberto Puente, Biólogo
Maritza Santiago, Juris Doctor

A continuación les ofrecemos el proyecto sin las enmiendas de última hora y el informe del Senado. Proximamente publicaremos el proyecto final.

Proyecto del Senado 238
Autor: Sen. Ramón L. Nieves Pérez
Radicado: 15 de enero de 2013
Descargar entirillado electrónico del proyecto  (*.PDF) – sin enmiendas / Descargar informe - Incluye resumen del proyecto, alcance, resumen de ponencias, análisis de la medida e informe fiscal, entre otros. (*.PDF)

Resumen:

Para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por orientación sexual e identidad de género en cualquier gestión gubernamental, pública o privada; enmendar el inciso (h) del Artículo 3 de la Ley Núm. 167 de 26 de julio de 2003, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos del Joven en Puerto Rico”; enmendar el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el inciso (42) del Artículo 3 y el Artículo 6 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; enmendar el inciso (d) del Artículo 17 de la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según enmendada; enmendar los Artículos 11.001 y 11.007 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos”; enmendar el Artículo 1, 1-A, 2, 2A, 3, de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada ; enmendar el apartado (3) del inciso (f) del Artículo 8 de la Ley Núm. 203 de 7 de diciembre de 2007, conocida como “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”; y enmendar la sección 1 de la Ley Núm. 131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada; a los fines de atemperar la legislación vigente a la política pública del Gobierno de Puerto Rico establecida en esta Ley; ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios, la Rama Legislativa y la Rama Judicial, a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta Política Pública; y para otros fines relacionados.

Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley de; Enmienda Art. 1B-2

Esta Asamblea Legislativa tiene un compromiso con la sociedad puertorriqueña de reexaminar las estructuras gubernamentales con el propósito de procurar que éstas sean verdaderamente representativas, que las instrumentalidades públicas operen de forma eficiente y transparente y que los servicios que ofrecen a la ciudadanía sean de la mejor calidad posible.  La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo III, Sección 16, otorga a la Asamblea Legislativa una de las facultades más importantes para la operación del Estado: “crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.” Se trata de la autoridad para configurar cómo estarán estructurados todos los organismos de gobierno sobre los cuales recae la tarea de administrar los recursos públicos y brindar servicios a toda la ciudadanía.  La manera en que cada agencia, administración, instrumentalidad o corporación pública esté configurada en términos de su funcionamiento y operación resulta determinante para el éxito o fracaso de las políticas públicas que justificaron en un primer momento su creación.

En el caso de las corporaciones públicas, éstas son piezas fundamentales en el andamiaje gubernamental y para ello es que gozan de atributos, tales como una personalidad jurídica propia y variados grados de autonomía en su funcionamiento y operación.  Las juntas o cuerpos rectores de las corporaciones públicas tienen funciones y poderes que, de ser ejercidos con conciencia de su impacto socioeconómico y en consideración a su deber de servir al Pueblo de Puerto Rico, son esenciales para viabilizar los proyectos públicos y maximizar el bienestar general.

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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados fue creada con el fin de proveer a la ciudadanía un servicio adecuado de agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio incidental. Los servicios que presta esta corporación pública son de vital importancia para el bienestar y la salud de las personas que habitan en Puerto Rico.  Por tanto, es imprescindible que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico vele por el buen funcionamiento de esta instrumentalidad y procure que sus operaciones sean cónsonas con la política pública de transparencia, agilidad, efectividad y apertura a las necesidades y a los reclamos del Pueblo. Esta Asamblea Legislativa tiene un compromiso con la sociedad puertorriqueña de reexaminar las estructuras gubernamentales, para así procurar que éstas sean verdaderamente representativas, que las instrumentalidades públicas operen de forma eficiente y transparente y que los servicios que ofrecen a la ciudadanía sean de la mejor calidad posible.

 Las corporaciones públicas son componentes fundamentales para el funcionamiento eficaz del Gobierno.  Por ello, gozan de características tales como personalidad jurídica propia y múltiples grados de autonomía en su funcionamiento y operación.  Los cuerpos rectores de las corporaciones públicas poseen un rol significativo en estas entidades, ya que tienen las facultades y los poderes necesarios para lograr que la corporación pública cumpla con su encomienda de servicio al Pueblo de Puerto Rico. Estos poderes deben ser ejercidos con conciencia del impacto socioeconómico que tienen sus determinaciones.

Al explicar el motivo del proyecto, Torres destacó que “a 10 años de la salida de la Marina de Vieques, continúan los retos de nuestros compatriotas sobre la realidad en Isla Nena. La limpieza de los terrenos en Vieques no se ha realizado de manera aceptable. A eso se suman los problemas de transportación, aumento en la actividad criminal y una desorganización en lo referente al desarrollo económico, tanto en Vieques como en Culebra”.

El senador admitió que la eliminación de la Oficina del Comisionado para Vieques y Culebra “ha sido un error y es importante reivindicar la posición oficial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La realidad de Vieques y Culebra es algo que tenemos que atender de manera integral. Ya el gobernador Alejandro García Padilla firmó una Orden Ejecutiva para nombrar el Comisionado Especial para Vieques y Culebra y nosotros en el Senado estamos cumpliendo con nuestra obligación legal de consejo y consentimiento”.

El Proyecto del Senado 590 provee que “es menester garantizar la protección y los derechos de las comunidades viequense y culebrense en cuanto al acceso a la tierra y los recursos naturales y económicos de sus Islas, dentro de un marco de planificación ordenada, respetando la ley los derechos de propiedad públicos y privados”.

En cuanto a la participación de las autoridades federales en este proceso, el Proyecto es específico en promover una colaboración estrecha con los Departamento de Defensa y Departamento de lo Interior de los Estados Unidos de América, para el manejo óptimo de las Reservas Naturales. “En eso somos muy claros en especificar la importancia que tiene la limpieza y mantenimiento de los terrenos impactados por la actividad militar, así como el traspaso de dichos terrenos, para su eventual desarrollo y conservación”, detalló Torres Torres.

OE-2013-038 (*.PDF): para ordenar que toda solicitud de permiso, consulta o certificación para el desarrollo de proyectos nuevos de energía renovable sostenible, energía renovable alterna y de conversión a gas natural​ y/o gas propano presentados en o antes del 31 de diciembre de 2012, se evaluarán a través del procedimiento ordinario en ley.
OE-2013-039 (*.PDF): para ordenar la creación del Consejo de Autonomía Energética para Puerto Rico.​
OE-2013-040 (*.PDF): para ordenar la creación del Consejo de Confiabilidad Eléctrica.​

La primera orden ejecutiva le otorga un trámite prioritario a los proyectos sometidos sobre energía renovable con la condición de que para que sean aprobados se deben conservar las áreas de alto valor ecológico y zonas agrícolas prioritarias. Además, estos proyectos tienen que contar con la infraestructura de conexión a la Autoridad de Energía Eléctrica necesaria para evitar incrementar los costos de energía eléctrica a los consumidores. La medida ejecutiva implica que se deja sin efecto la determinación de la pasada administración de obviar procedimientos ordinarios de permisología.

La segunda orden firmada por el gobernador, crea el Consejo de Autonomía Energética. Este consejo tendrá la función de viabilizar el desarrollo de una nueva política energética nacional, capaz de trascender gobiernos de turno, en consenso e integrando la participación ciudadana.

De interés adicional: Cinco órdenes ejecutivas para proteger el ambiente y promover el desarrollo sostenible del país (26 de febrero de 2013)

El consejo estará compuesto por: el presidente de la Junta de Planificación, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Energéticos (AAE), el asesor principal en Asuntos de Energía del Gobernador y tres ciudadanos nombrados por el gobernador.

Los ciudadanos antes mencionados deben poseer un grado doctoral o vasta experiencia relevante a los trabajos que les conciernen. Este organismo también tendrá a su cargo preparar una reforma para la AEE, con insumo ciudadano, que será presentada a la Legislatura en la próxima sesión ordinaria.

La tercera orden ejecutiva crea el Consejo de Confiabilidad Eléctrica. Este organismo someterá recomendaciones sobre cómo enfrentar a corto plazo los retos técnicos de interconexión que representan todos los acuerdos de energía renovable vigentes que tiene la AEE.

Este ente someterá sus recomendaciones para la creación permanente de lo que será el Concilio de Confiabilidad Eléctrica de Puerto Rico, tal y como existe en Estados Unidos y otros países del mundo. El concilio por su parte funcionaría como una dependencia separada de la AEE, capaz de pasar juicio técnico sobre las decisiones que pudieran afectar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico del país.

El Consejo de Confiabilidad Eléctrica estará compuesto por: el presidente de la Junta de Planificación, el director ejecutivo de la AAE, el asesor principal en Asuntos de Energía del gobernador y dos ciudadanos nombrados por el ejecutivo.

“Yo me comprometí con el pueblo a lograr una reducción de 20% en el costo de energía para el 2015 y ya estamos encaminados a lograrlo. Y lo vamos a hacer a la vez que promovemos el desarrollo de proyectos de energía renovable que nos permitirán reducir nuestra dependencia en el petróleo”, sostuvo el mandatario.

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La firma de estos decretos se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones, de San Juan, donde se instalarán paneles solares en el techo, mediante un proyecto con Gestamp Solar. Este proyecto presenta una inversión de $30 millones, creará 360 empleos y ahorrará al Centro unos $20.7 millones en su factura de luz.

Esta Asamblea Legislativa tiene un compromiso con la sociedad puertorriqueña de reexaminar las estructuras gubernamentales con el propósito de procurar que éstas sean verdaderamente representativas, que las instrumentalidades públicas operen de forma eficiente y transparente y que los servicios que ofrecen a la ciudadanía sean de la mejor calidad posible. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo III, Sección 16, otorga a la Asamblea Legislativa una de las facultades más importantes para la operación del Estado: “crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones”. Se trata de la autoridad para configurar cómo estarán estructurados todos los organismos de gobierno sobre los cuales recae la tarea de administrar los recursos públicos y brindar servicios a toda la ciudadanía. La manera en que cada agencia, administración, instrumentalidad o corporación pública esté configurada en términos de su funcionamiento y operación, resulta determinante para el éxito o fracaso de las políticas públicas que justificaron en un primer momento su creación.

En el caso de las corporaciones públicas, éstas son piezas fundamentales en el andamiaje gubernamental y para ello es que gozan de atributos tales como una personalidad jurídica propia y variados grados de autonomía en su funcionamiento y operación. Las juntas o cuerpos rectores de las corporaciones públicas tienen funciones y poderes que, de ser ejercidos con conciencia de su impacto socioeconómico y en consideración a su deber de servir al pueblo de Puerto Rico, son esenciales para viabilizar los proyectos públicos y maximizar el bienestar general.

La Cámara de Representantes ya ha analizado en vistas públicas de la Comisión de Hacienda el 43% del presupuesto recomendado por el ejecutivo de 21 agencias gubernamentales, asegurando así un balance fiscal en cuanto al uso de fondos públicos de forma eficaz y sin afectar a los ciudadanos y a los pequeños y medianos comerciantes.

El presidente de la Cámara, Jaime R. Perelló Borrás, junto al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, presentaron un balance de lo que ya se ha adelantado en cuanto al análisis presupuestario recomendado para el año fiscal 2013-2014 y las propuestas que se analizan para garantizar el desarrollo de los pequeños y medianos comerciantes.

“Todo no puede ser dólares y centavos. Estamos estableciendo un balance en cómo se invierte el dinero en las agencias del gobierno para poder cumplir con las obligaciones y lograr la eficiencia presupuestaria con la que se garantizan que se puedan pagar las deudas en las agencias”, afirmó el presidente de la Cámara.

Por su parte, el representante Hernández Montañez afirmó que “la Cámara ha llevado los trabajos de forma ágil, pero responsable para asegurarnos que el presupuesto de cada agencia se traduzca en el uso de los fondos públicos para el servicio directo y eficaz al pueblo”.

El análisis del presupuesto ha estado enmarcado en varios principios fundamentales: que no se afecten los costos operacionales del pequeño y mediano comerciante (PYMES), que no recaiga en los pequeños y medianos negocios o en los individuos la responsabilidad de recaudar y remitir al Departamento de Hacienda el impuesto determinado, que no se afecten las industrias y que el proceso sea sencillo para los empresarios y para la fiscalización del Departamento de Hacienda.

Más allá de las medidas presentadas por el Ejecutivo, la Cámara ha presentado otras medias para identificar fondos adicionales al fisco. Tal es el caso de los proyectos de la Cámara 916 y 991. Estas medidas establecen un cambio en la distribución de los ingresos generados por los casinos que se estima deje un ingreso nuevo y recurrente de $100 millones y una aportación de los contratistas del gobierno que se estima deje cerca de $20 millones anuales. Estamos buscando alternativas en la Cámara de Representantes para lograr las siguientes enmiendas:

• Eliminar el agente retenedor dependiendo del segmento y el rendimiento de negocio. Esta es una propuesta de los pequeños y medianos comerciantes que vienen pidiendo desde el cuatrienio pasado.
• Con esta propuesta se simplifica el sistema para el comercio y también para el Departamento de Hacienda.
• Eliminar el IVU de las rentas por bienes inmueble.
• ‘Business to Business’ se eliminaría dependiendo del segmento y el rendimiento del negocio a los pequeños y medianos comerciantes. Esto se determinará por el nivel de venta.
• Todos los que estén por encima del segmento que va a estar exento, van a recaudar mediante un mecanismo tecnológico para determinar el crédito del IVU ‘dólar a dólar’.
• Se eliminan 12 planillas estatales y municipales del IVU para los comerciantes. Se simplifica el proceso para los comerciantes.

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El Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) invita al foro De factura más ancha… ¿¡El embudo al revés!? – Decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el alcance de las garantías constitucionales. El mismo se llevará a cabo el martes, 14 de mayo de 2013 a las 6:30pm en el salón Félix Ochoteco de la sede del Colegio en Miramar.

US v. Jones
Miller v. Alabama
Missouri v. McNeely

Panelistas:

• Lcdo. Julio E. Fontanet Maldonado
• Lcda. Alejandra Belmar
• Lcda. Olga C. Marín Casasnovas

Moderadora: Lcda. Ana Paulina Cruz Vélez

Auspicia la Comisión de Derecho Penal del CAPR.

En el recurso ante nuestra consideración el Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró al Sr. Alberto De Jesús Mercado (señor De Jesús o el recurrido) culpable de los delitos de agresión y alteración a la paz. Como fundamento para su dictamen, el foro intermedio puntualizó que no le otorgó credibilidad al testigo del Ministerio Público y adujo que su testimonio fue uno estereotipado. De ese proceder recurre el Procurador General, únicamente en lo referente a la revocación del fallo de culpabilidad por el delito de agresión.

En nuestra función revisora hemos examinado cuidadosamente la transcripción del testimonio del agente Ortiz, y colegimos que no se limitó a recitar o repetir únicamente los elementos mínimos del delito de agresión. Tanto en el examen directo como en el contrainterrogatorio, el testigo abundó ampliamente sobre los hechos antes, durante y después del incidente. Salvo mínimas e insignificantes contradicciones, fue consistente en describir la forma en que el recurrido lo agredió con una bicicleta. En vista de ello, es forzoso concluir que el testimonio del agente perjudicado no fue uno estereotipado.

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto a aquella parte que revirtió el fallo de culpabilidad por el delito de agresión.  En consecuencia, restituimos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en cuanto encontró culpable al señor De Jesús por el delito de agresión en su modalidad menos grave.

La pieza de administración señala que por la naturaleza de su trabajo los agentes del orden público en ocasiones deben laborar más allá de las horas asignadas, las cuales “no son pagadas en un término razonable”. A esto se une la obligación del pago de contribuciones sobre estos ingresos.

“Es tiempo de motivar e incentivar la labor que realizan los hombres y mujeres que todos los días arriesgan sus vidas para que nuestro país sea más seguro. En reconocimiento a su labor y a modo de justicia salarial, esta Asamblea Legislativa estima necesario eximir de tributación el salario por concepto de horas extras trabajadas”, expresó el líder cameral, Jaime Perelló Borrás. Esta exención no aplicará a los empleados civiles de la Policía.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, indicó durante la presentación de la medida que el proyecto es uno de “justicia social a los policías cuyas horas extras se van acumulando y cuando se pagan de golpe afecta el aspecto contributivo y esos fondos se le van en contribuciones. La pieza busca incentivar y motivar a quienes velan por la seguridad de Puerto Rico”.

Los miembros de la Junta prestaron juramento ante el Juez Presidente Hernández Denton.

El Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Federico Hernández Denton, tomó juramento al nuevo Presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Productos de Puerto Rico, Manuel Cidre, y a los miembros de la Junta durante la Asamblea de la organización celebrada el jueves, 9 de mayo de 2013 en San Juan.

La Asociación de Productos de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro incorporada en 1967. Su misión es proteger y promover la manufactura y los servicios hechos y ofrecidos por empresas cuya base de operación es Puerto Rico. Sus socios son empresas de manufactura, procesamiento, mercadeo, distribución y exportación de productos que utilizan el sello “Hecho en Puerto Rico”.

El Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Federico Hernández Denton, tomó juramento al nuevo Presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Productos de Puerto Rico, Manuel Cidre.

Junto a Cidre conforman la Junta de Directores las siguientes personas: José A. (Tito) Colls, Ing. Margarita de los Santos, CPA Frank Sánchez Ruiz, Lcdo. Francisco Feliú, Jesús Saad Nazer, Luis Ramírez, Mabel Montalvo, Kayra Rivera, Frankie Cabrero, Lcda. Irma Cartagena, María Félix, Ing. Migdalia Rosado, Lcdo. Ramón A. Pérez, y Luis G. Romero Font.

Como representantes regionales prestaron juramento Jackeline Ruiz, Migdalia Cariño, Rosemarie Rodríguez y Miguel Torres

Representantes de diferentes sectores presentaron sus argumentos en torno a porqué las enmiendas a la Ley del IVU les afectaría adversamente en sus negocios y todos concluyeron que si el Departamento de Hacienda desea aumentar sus recaudos necesita corregir y agilizar su proceso de captación del IVU para obtener las aportaciones de los evasores.

Las recomendaciones surgidas durante esta reunión serán plasmadas en un documento que será entregado al Gobernador y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos. En la reunión estuvo presente asesores de la Fortaleza y la Cámara de Representantes.

“Ya nosotros nos reunimos con el Gobernador para hablar sobre este asunto porque tenemos serias preocupaciones”, dijo Monge de Pastrana. “Si van a eliminar la exención del IVU en ventas de negocio a negocio, deben de hacerlo por volumen para no sobrecargar al pequeño comerciante porque su margen de ganancias es menor y esto disminuiría aún más su flujo de efectivo. Por otro lado, no está claro en la Ley cómo se va a cobrar el 50% del IVU que todo comerciante estará obligado a pagar. Tiene que estar claro en la Ley cuál es el mecanismo para cobrar este dinero y no esperar a que se defina mediante reglamento”.

Según la Presidenta del CUD, la mejor forma de evitar la evasión de impuestos es cobrarlo cuando llega la mercancía a Puerto Rico. “Pero si esta opción no fuera posible, que se haga mediante la tecnología con un sistema que remita el pago a Hacienda automáticamente”.

“Aumentar los precios o asumir el costo del IVU en los gastos operacionales es irrazonable para un pequeño comerciante cuyo margen de ganancia es limitado o su línea de negocio se encuentra en un mercado bien competitivo. Podría llevarlo a la quiebra”.

Algunos de los comerciantes miembros del CUD y representativos de los diversos sectores explicaron cómo podría afectarles el cobro del IVU.

Miguel Rivera, asesor legal de la Asociación de Comerciantes WIC: “En el caso de los comerciantes del programa WIC, en todas las etapas del comercio se cobra el IVU unos a otros, desde el distribuidor a la tienda hasta llegar al cliente. En las ventas que se hacen a los participantes a base del canjeo del cheque de WIC no se puede cobrar a los participantes de manera directa ni indirecta ningún tipo de impuesto. Por tanto, la contribución que yo haya pagado en la mercancía para revenderla a través del cheque WIC no la puedo recuperar. Eso me aumenta mi costo de operación, no de venta, porque no puedo aumentar el precio. En un momento en que la ganancia de cualquier negocio está tan limitada, esto me añade un costo tan y tan alto que significa el cierre de 300 y 400 negocios fácilmente porque en estos negocios pequeños, entre el 60 al 70% del ingreso proviene de ese canjeo WIC”.

Tamara Pérez Cruz, presidenta de la Federación de Centros de Cuido Prolongado: “Estamos bien preocupados en el sentido de que tendremos que aplicarle el IVU a nuestros servicios, que quienes los reciben son personas mayores que solo cuentan con un cheque del seguro social, así como jóvenes con incapacidad cuyos padres tienen dos trabajos para poder ayudar a esta población. Es curioso que en el proyecto de ley se le da una exención a los cuidos de niños, industria tiene una similitud en reglamentación y en servicios a los cuidos prolongados de personas de edad avanzada, y nosotros no contamos con esa exención. Esto es preocupante y queremos que se resuelva de la mejor manera”.

Rubén Figueroa, distribuidor y propietario de Bayamón Stationery: “Si eliminan la exención de comercio a comercio, el más afectado que va a estar es el comercio pequeño. En este país existe el mayorista, que exige unos volúmenes que el pequeño no puede comprar, y existe el mediano que en ese renglón estoy yo. En este momento yo le compro al importador, quien no tiene que aplicarme el impuesto y yo cuando se lo vendo al pequeño tampoco le cobro el impuesto. El impuesto lo paga el consumidor. Pero si aplican la Ley de eliminar la exención, el importador me tiene que aplicar el impuesto a mí, yo le añado ese impuesto al precio del producto y cuando se lo vendo al pequeño, también tengo que ponerle un impuesto. Se vería afectado tanto el consumidor como el comerciante pequeño, que va a encarecer mucho sus productos y cada día va a reducirse su margen competitivo”.

CPA Fernando Navarro, socio de Finaxial Group y asesor de CUD: “Creo que estamos perdiendo de perspectiva que en la exposición de motivos establece que el proyecto es para allegar fondos al fisco sin que se afecte la clase trabajadora y los pequeños comerciantes somos la clase trabajadora o gran parte de la clase trabajadora. Sin lugar a dudas, hay una presunción de que todos los empresarios sin ricos y tienen mucho dinero y eso tampoco es correcto. En la medida en que la presunción sea incorrecta, todos los pasos que surgen después también van a ser incorrectos. Ciertamente, podemos aportar, se puede hacer ajustes y fiscalizar más eficientemente para poder lograr que Puerto Rico eche hacia adelante”.

Héctor Amador, dueño de la empresa “In and Out” y distribuidor local: “Va a afectar mucho el método de distribución hacia el final de la cadena que es al consumidor, ya que si le cobro el IVU al mayorista o a la cadena de tiendas por adelantado, pues ellos lo van a seguir cobrando hacia adelante y va a tener un efecto dominó, donde se puede multiplicar por tres o cuatro veces. Realmente no se sabe cuántas veces puede gravarse ese producto a través de una cadena de distribución. Otro problema que tenemos es cómo cobrar ese IVU al gobierno. En el caso mío yo no puedo adelantar el dinero al gobierno cuando mi negocio está necesitando dinero en estos momentos porque no tengo suficiente. O sea, adelantarle el dinero para cobrárselo después a personas que no sé si me lo van a pagar o me lo van a pagar tarde es una gran complicación”.

Finalmente, Monge de Pastrana sostuvo que además de mejorar y agilizar la captación del IVU, el Gobierno puede aumentar el recaudo de ingresos fiscales mediante un impuesto a aquellas empresas que se benefician más de la actividad económica del País.

“La solución a la crisis que afronta el gobierno no reside en imponer más cargas a las pymes ni a la clase trabajadora y profesional. Debemos de mirar a quienes tienen la capacidad de aportar más. Por ejemplo, las mega cadenas que operan en Puerto Rico pueden sufragar fácilmente el pago de un impuesto adicional para aportar a la economía de un país de donde obtienen millones de dólares en ganancias”, aseguró Monge de Pastrana.

De interés:

- Estudio: Sales Taxation of Services and Business Inputs Study (14 de mayo de 2013)
- IVU: Pagarán los consumidores (8 de mayo de 2013)
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Tras regresar de la hermana república, Bernier destacó que con la firma de este acuerdo se encamina con paso firme un trabajo de apoyo bilateral que debe redundar en proyectos concretos que beneficiarán a ambos países.

“El proyecto llamado ‘Declaración Conjunta’, permitirá entre otras cosas, el establecimiento de un plan de cooperación y apoyo educativo, en el que Puerto Rico aportará entre otras cosas, clases de alfabetización en un proyecto denominado: “Quisqueya aprende contigo” detalló Bernier.

Así mismo, el acuerdo incluye realizar talleres de capacitación para agrónomos puertorriqueños en el hermano país de modo que puedan tomar clases presenciales y entrenamiento práctico sobre el desarrollo de invernaderos, así también se busca implementar un proyecto de siembra de granos en el que se cultivarán especies de maíz y sorgo principalmente utilizados para alimento de ganado y otros animales.

Además se propone el desarrollo de producciones de cine conjuntas, así como la cooperación boricua en el desarrollo de vivienda de interés social en el hermano país.

El mandatario enfatizó que las conversaciones entre ambos países explorarán áreas de oportunidades en el mercado internacional para comprar de manera conjunta energía a un costo más competitivo.

El secretario de Estado visito la República Dominicana como parte de una delegación de funcionarios puertorriqueños entre los que se encuentran secretaria de Agricultura, Myrna Comas, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Juan Alicea y Antonio Medina, director de la Compañía de Fomento Industrial y Francisco Chévere, director de la Compañía de Comercio y Exportación, entre otros funcionarios.

República Dominicana es uno de los principales socios comerciales de Puerto Rico, pero la balanza comercial entre ambos países se ha ido reduciendo en los últimos años.

“Este acuerdo forma parte de la estrategia de desarrollo económico que impulsa mi gobierno para establecer planes coordinados de relaciones y comercio exterior que promueva el acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocios para los puertorriqueños”, sentenció el secretario.

Otros de los acuerdos son la colaboración entre ambos países para comenzar la siembra de producción de arroz en Puerto Rico.

En el área de transportación área se buscan alternativas para tender el alto costo de los pasajes y la posibilidad de reducir esos costos en viajes por aire o mar reduciendo el costo de los pasajes y de impuestos en boletos aéreos o marítimos.

Ambos países también acordaron la compra conjunta de energía en los mercados internacionales a un costo más competitivo.