El Senado aprobó esta semana en la Sesión el Proyecto de la Cámara 939 de Administración que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico a los fines de reformar dicho estatuto, simplificar su redacción, atemperarlo a otras disposiciones legales y cumplir lo dispuesto en el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Esta medida forma parte de las propuestas presentadas por la Rama Ejecutiva para cumplir con los compromisos del Gobierno esbozados en el plan fiscal certificado por la JSF. En síntesis, esta medida busca allegar fondos al fisco mediante un ajuste al monto de las multas que se pagan por infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 22-2000, según enmendada.
Por otro lado, el PC 939 ajusta en un 10% los cargos que se pagan por servicios relacionados con el licenciamiento de vehículos.
La Ley de Vehículos y Tránsito ha sufrido más de 100 enmiendas desde su aprobación en el año 2000. Las mismas han tenido el fin de ajustar dicho estatuto a las cambiantes realidades sociales y tecnológicas. Sin embargo, la cantidad inmensa de enmiendas ha provocado que el estatuto tenga una redacción confusa y desorganizada, disposiciones contradictorias, lenguaje repetitivo, extensión excesiva y falta de sistematización. Ejemplo de ello es que el Artículo 23.02 de dicha Ley aún contiene lenguaje que fue invalidado por los tribunales.
Otro ejemplo de ello es que una infracción al Art. 4.02 vigente que penaliza a un conductor por no detenerse en la escena de un accidente («Hit and Run«), conlleva una multa máxima de $5 mil pero al no disponerse una multa mínima, el lenguaje previo le permitía al juez imponer $1 de multa.
Igualmente la presente medida atempera las disposiciones penales de la Ley de Vehículos y Tránsito con las del Código Penal de Puerto Rico y otras similares, mientras se le da cumplimiento a lo dispuesto en el plan fiscal certificado.
También se dispone que todos los recaudos pasen al Fondo General donde puedan ser distribuidos de conformidad al plan fiscal certificado y el orden de prioridades allí dispuesto. A su vez se incorpora un descuento automático de 30% si las multas son pagadas en los primeros 15 días y un descuento de 15% si las mismas se pagan luego de los 15 días pero antes de cumplidos los 30 días.
Sobre el aspecto fiscal de la medida, precisa resaltar que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) proyecta un impacto positivo al Fondo General de $56 millones para el año fiscal 2018 como resultado de los ajustes que propone la presente medida.