Senado aprobó medida que crea protocolo legal para manejo en casos de explotación financiera en adultos mayores

El Senado aprobó el martes, 12 de noviembre de 2019, el Proyecto del Senado 1409 de la autoría del senador Carmelo Ríos Santiago, que tiene como objetivo crear la Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra Adultos Mayores, proveer protección para esa población contra la explotación financiera como modalidad de maltrato, y establece los indicadores específicos de explotación financiera, para que sean de aplicación en los protocolos de las instituciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito para la detección de estos casos.

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Dicha medida, que tiene también como co-autores a los senadores Eduardo Bhatia Gautier y a José A. Vargas Vidot, ordena que la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada establezca un protocolo legal para el manejo de los casos de explotación financiera de adultos mayores para todas las agencias responsables del manejo de tales casos, y a su vez dispone que se ofrezca colaboración, educación y capacitación sobre el tema de la explotación financiera para los diversos componentes del sistema judicial en Puerto Rico.

El proyecto en su exposición de motivos hace mención a los hallazgos de un estudio que llevó a cabo la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado, por orden de la Resolución del Senado 188, que trataba sobre el impacto de la crisis económica y la seguridad financiera de la población, pero con especial énfasis en las personas de edad avanzada.  El mismo menciona que la población mayor de 50 años es responsable de cerca del 50% de la actividad económica de la Isla, aun cuando representan sólo un 37% de la población.

Según dicho estudio, esta población se compone de un segmento de mayores de 50 años que aún trabajan y otro segmento de mayores de entre 60 a 65 años, aproximadamente, los cuales muchos ya están jubilados. Este segundo segmento, en particular lo de edad más avanzada que padecen de condiciones como el Alzheimer y otras limitaciones cognoscitivas, son víctimas frecuentes de explotación financiera.

En Puerto Rico existen tres leyes dirigidas a proteger a los adultos mayores de la explotación financiera: la recién aprobada Ley Núm. 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores, la Ley Núm. 138-2014, la cual enmendó la anterior Ley Núm. 121-1986 y el Código Penal de Puerto Rico para incluir la explotación financiera entre las modalidades de maltrato de las personas de edad avanzada con sus correspondientes penalidades; y la Ley Núm. 206-2008, conocida como la Ley de Protección Financiera a Personas de Edad Avanzada o Incapacitados.

Según el testimonio presentado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) en el proceso de vistas públicas efectuado en torno a la Resolución del Senado 188, durante el año 2016 los casos de alegada explotación financiera referidos a las agencias por cinco (5) bancos comerciales fueron cerca de 1,714. Hasta abril de 2017 se habían referido alrededor de 500 posibles casos de explotación financiera. Estos referidos ocurrieron conforme al Reglamento Núm. 7900 bajo la Ley 206-2008, antes mencionada.

Por su parte, las cifras de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), indican que la cantidad de casos referidos conforme a la Ley Núm. 206-2008 por las instituciones financieras a la OPPEA fue de 1,936 casos durante el año 2016. Bajo la antigua Ley 121, supra, las querellas a OPPEA por alegaciones de explotación financiera ascendieron a 3,050 en el año fiscal 2016-2017. Entre las categorías de explotación financiera reportadas más comunes están las siguientes: mal manejo del dinero de las personas de edad avanzada (1,378 querellas), transacciones no autorizadas de tarjetas de crédito y débito (441 querellas), retiros no autorizados de cuentas de depósito (383 querellas), firma de documentos sin autorización (126) y transferencias de fondos por Internet no autorizadas (107 querellas).

Información de las querellas presentadas ante la OPPEA revela que, entre los años 2017 y 2018, la explotación financiera fue una de las modalidades de maltrato más comunes contra el adulto mayor. El maltrato por explotación financiera representó un 30% del total de las querellas presentadas, ocupando el segundo lugar en cifras solo detrás del maltrato por negligencia, que representó un 35% del total de las querellas presentadas.

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El proyecto señala que aunque las leyes existentes en Puerto Rico han servido para identificar y atender miles de casos de maltrato por explotación financiera, el problema parece continuar en aumento, sobretodo en el marco de la crisis económica actual del país, e identificó algunos de los problemas que se sugiere corregir:

  • La Ley Núm. 121-2019 identifica cuatro (4) agencias distintas que tienen el deber de atender querellas de maltrato, incluyendo las de explotación financiera: OPPEA, Departamento de la Familia (DFAM), Departamento de Justicia (DJ) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico. Aún ante la posibilidad de que estas agencias coordinen entre sí para atender las querellas que se recibe cada una por separado y determinar quién y cómo los atienden, la duplicidad de esfuerzos es evidente.
  • Aunque la Ley Núm 121-2019 establece la coordinación entre todas las agencias concernidas, la falta de precisión afecta el manejo de casos de maltrato de particular complejidad, como son las alegaciones de explotación financiera.
  • Resulta necesario desarrollar e implementar un protocolo que establezca un procedimiento claro y preciso para el procesamiento de querellas de explotación financiera.
  • Necesidad de precisar el asunto de competencia de los tribunales de primera instancia contenida en el Art. 10 de la Ley Núm. 121-2019 para agilizar el procesamiento de casos ante tribunales y evitar duplicidad innecesaria.
  • Falta de lineamientos claros en la Ley 206-2008 en cuanto a requisitos de contenido de los protocolos de detección de casos de explotación financiera de las instituciones en cuanto a los indicadores de acciones que constituyen explotación financiera.

Para el portavoz senatorial, el proyecto de su autoría es uno muy completo pues entiende que el mismo tipifica más de 20 modalidades de explotación financiera. Por su parte, el portavoz de la delegación popular, Eduardo Bhatia Gautier dijo que dicha medida es una complementaria a una ley federal, por lo que se sintió complacido de su aprobación.

Según un comunicado de prensa del senador Ríos Santiago, el director estatal de AARP Puerto Rico (entidad que se expresó a favor de la medida) José Acarón indicó que en la Isla los adultos mayores son objeto de infravaloración o minimización de sus capacidades, lo cual resulta en que se pretenda cuestionar y controlar sus decisiones, y añadió, que dicha conducta negativa, en el contexto de la crisis económica, está resultando en un alza en los casos de explotación financiera.

El proyecto fue aprobado en el Senado de forma unánime con 28 votos a favor y ninguno en contra. La medida pasará ahora a la Cámara.

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