[DOCUMENTO] Logran acuerdo sobre penas y multas por violar órdenes ejecutivas

El Senado de Puerto Rico concurrió con las enmiendas de la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1582 que dispone las penas por incumplir, desacatar o desobedecer una orden ejecutiva del gobernador o gobernadora de Puerto Rico, una vez se decrete un estado de emergencia, desastre o se implemente un toque de queda.

Descargue el Proyecto del Senado 1582

La medida, que ahora pasará a la Fortaleza para la firma de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, dispone que toda persona que viole una orden ejecutiva será sancionada con una pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá $5 mil o ambas penas a discreción del tribunal.

Se sancionará a quienes den un aviso inminente o una falsa alarma “a sabiendas que la información es falsa” o “difunda, transmita, traspase o circule” por cualquier medio de comunicación, incluyendo los de comunicación telemática, red social o cualquier otro medio.

En el caso de que el aviso o falsa alarma resulte en daños al erario, a terceros, a la propiedad pública o privada, excediendo así los $10 mil o cuando la conducta resulte en lesiones o daños físicos a una persona, se incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término fijo de tres años.

También incurrirán en violaciones quienes no acaten las órdenes de desalojo emitidas por los departamentos o negociados, obstruyan medidas preventivas ordenadas por la gobernadora, las labores de desalojo, búsqueda, reconstrucción o evaluación e investigación de daños de agencias federales, estatales o municipales.

Asimismo, incurrirán en delito quienes persistan en realizar cualquier actividad que ponga en peligro su vida o la de otras personas, después de haber sido alertada o prevenida por las autoridades. De igual forma, con aquellos ciudadanos que incumplan, desacaten o desobedezcan un toque de queda mientras esté vigente el estado de emergencia o desastre.

La pieza legislativa destaca la necesidad de prohibir que personas utilicen las redes sociales o medios de comunicación masiva “para diseminar información falsa, con la intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva en nuestro pueblo mientras se encuentra vigente un estado de emergencia, desastre o toque de queda”.

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