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Los derechos y los retos de las personas sordas en Puerto Rico

Por Daniel Rivera Vargas

Poco después del azote del huracán María, el licenciado Juan José Troche Villanueva tuvo que ir a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para buscar ayuda.

Pero no era para él.

«Por casi un mes, a mi casa estaban llegando entre 10 a 15 personas sordas al día cuando María. Tuve que ir a FEMA para que me dieran cajas de alimentos porque muchos sordos saben dónde yo vivo y estaban llegando a diario 10 a 15 personas al día para buscar alimentos», contó a Microjuris.com el abogado.

Lo que Troche Villanueva presenta es solo un ejemplo de cómo las personas sordas —una comunidad estimada en 200,000 personas en Puerto Rico, quizá cerca del 5% de toda la población del país— encuentran muy pocas ayudas en los organismos oficiales del gobierno, por lo que en medio del desastre que dejó el huracán, algunos fueron a casa de este abogado que dedica gran parte de su vida profesional a defender a estas comunidades.

«Había una sorda que iba todos los días a desayunar a mi casa (por dos semanas), y yo hacía una farina bien grande y le daba. Y yo no soy el Estado. Y la pregunta que te voy a hacer, ¿por qué ellos llegaron a mi casa? Te doy la respuesta ¿Dónde está la oficina del gobierno para atender a los sordos? No la hay«, dijo Troche Villanueva, abogado y defensor en la Sociedad para la Asistencia Legal de Servicios Orientados a la Representación y Defensa de los Sordos (SORDOS).

«Esa gente merece más que un plato de farina», indicó.

Los problemas de la comunidad sorda volvieron a quedar en las pasadas horas en evidencia cuando una mujer sorda se privó de la vida luego de que, alegadamente, tuvo problemas para que se le entendiera en medio de un proceso en el que el Departamento de la Familia le removió la custodia de sus hijos de 5 y 7 años.

El Departamento de la Familia explicó a Microjuris.com que la agencia recibió un referido en protección de dos menores de 6 y 7 años para los cuales la jueza Aida Meléndez Juarbe emitió una Orden de Protección el 13 de enero del 2021, al hallarse negligencia crasa.

Los dos menores estaban sin alimentos, ni supervisión, explicó Familia. Igualmente, se acudió al Tribunal con una petición para un ingreso involuntario a una institución de salud con el objetivo de brindarle ayuda a la madre.

«Los menores quedaron bajo el cuidado de un recurso familiar, mientras se trabajaba la investigación. Lamentamos este triste desenlace y habremos de proveer la asistencia necesaria a los niños y familiares de la joven madre», sostuvo la agencia en declaraciones escritas.

Mientras, el licenciado Troche Villanueva explicó que la información que tiene del caso es que se trataba de una paciente de salud mental combinado con sordera. Agregó que tiene información que apunta que incluso estuvo recientemente internada en un hospital, pero no recibió los servicios necesarios porque no se pudieron comunicar con la mujer sorda.

Lo que significa el caso

En opinión del letrado, este caso pone de manifiesto las muchas necesidades de que se atienda adecuadamente a esta población, que incluye:

  • fallas en el ordenamiento legal
  • ausencia de mecanismos legales
  • desconocimiento de los funcionarios de cómo atender los derechos de las personas sordas
  • leyes aprobadas que no se implementan

«Hay una violación sistemática de derechos de la comunidad sorda, del discrimen sistemático e institucionalizado de nuestro sistema en cuanto al sordo, y pienso que parte de ese discrimen se debe a la ignorancia, a la ignorancia gubernamental, a la ignorancia profesional en el sentido del desconocimiento de lo que implica la sordera y la cultura sorda», dijo Troche Villanueva, quien quien descubrió las necesidades de la comunidad sorda cuando tras la muerte en un accidente de tránsito de su hermana estudia emergencias médicas y se da cuenta que era una de las pocas áreas donde se requería estudiar el lenguaje de señas como requisito profesional.

El derecho vigente

El abogado de SAL explicó que, aunque existe la Ley 136 de 1996, que dispone que hayan servicios para las personas sordas en todas las agencias, en algunas agencias desconocen de ese estatuto.

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Además, durante el 2018 se firmó la Ley 173 de 2018 que se convirtió en la Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo en Puerto Rico.

El entonces gobernador Ricardo Rosselló también firmó la Ley 174 de 2018, mejor conocida como la Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas que padecen de condiciones que impidan su comunicación efectiva.

De acuerdo con el abogado, también hay muchísimos fondos federales que se pierden porque están disponibles para la comunidad sorda, pero no se procuran.

Durante el pasado cuatrienio, se legisló para que haya una agencia que sirva de enlace entre la comunidad sorda y el resto de las agencias del gobierno y, a pesar de que fue aprobada en Cámara y Senado en el pasado cuatrienio, fue vetada por la pasada gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Esto se ve, dijo, en las gestiones más sencillas que puede intentar un ciudadano en su diario vivir con el estado, en parte porque no se proveen recursos para atender a las personas sordas.

El abogado también señaló que las leyes y los reglamentos de muchas agencias no están atemperadas a su realidad.

«No se visibilizó eso, pero el sordo sigue llegando todos los días a las ventanillas de las agencias del gobierno. Y le dicen los empleados, “¿tú tienes a alguien que te entienda?”. En vez de que sea al revés, se le pide a la persona sorda que provea el servicio en vez de la agencia proveer el servicio al ciudadano”, puntualizó.

“Un sordo no tiene la independencia de ir a Familia y decir ‘dame cupones’, de ir a vivienda a decir ‘necesito un hogar’, o de ir al Departamento del Trabajo a que lo orienten sobre los beneficios del desempleo», dijo como ejemplo.

Nuevos pasos

Ya se están dando pasos para atender a esa comunidad.

Por ejemplo, el Poder Judicial ha comenzado a capacitar a sus alguaciles y secretarias para atender a los sordos.

También están los esfuerzos de SAL para atender desde el derecho a los sordos en sus diferentes variantes, agregó.

Pero hay mucho más que falta por hacer.

Podría, como propuesta del abogado, retomarse la idea de la oficina de enlace que vetó la gobernadora Vázquez Garced para que se apruebe en este cuatrienio.

También se podría integrar cursos sobre lenguaje de señas y comunidad sorda en los talleres de capacitación a legisladores y legisladoras, explicó el letrado.

Además, señaló que se puede legislar para que cursos sobre la comunidad sorda sean un requisito de educación continúa en las juntas examinadoras de profesionales.

“Estos problemas de los sordos a veces podemos resolverlo sin necesidad de grandes cambios para integrar a esa comunidad. Con ir haciendo cosas pequeñas de integración, pudieras lograr mucho, pero hay que empezar por entender el problema, entender el problema del sordo. Y pienso que la solución al problema está en el derecho, en crear un marco de política pública permanente, que no sea resolver este cuatrienio, que no quede al arbitrio de nadie, que esté establecido, que sea una norma. Esa es la meta», concluyó.

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