La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Liana Fiol Matta, compartió unas expresiones al personal de la Rama Judicial sobre la situación fiscal de la misma.
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A continuación, reproducimos sus palabras.
A todo el Personal de la Rama Judicial:
Como Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tengo la responsabilidad indelegable de mantener al personal de la Rama Judicial al tanto de nuestra situación fiscal. Hoy me dirijo a ustedes haciendo válido ese compromiso y en cumplimiento de las disposiciones del Plan Estratégico de la Rama Judicial 2012-2015, Justicia y Servicio, que nos requiere garantizar que todo el personal de la Judicatura conozca las prioridades de servicio y las proyecciones de la Rama Judicial y cómo cada cual aporta a su consecución. Es una responsabilidad que asumo con la seriedad y sinceridad que me han caracterizado a lo largo de mi carrera en el servicio público y que ustedes merecen como funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial.
Todos y todas saben que la Rama Judicial recibió un recorte considerable en su asignación presupuestaria como resultado de la aprobación de la Ley Especial para la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley 66-2014), vigente hasta el año 2017. El impacto en nuestro presupuesto operacional del año fiscal vigente es de casi $54 millones.
Como consecuencia de ello dictamos la Orden Administrativa OAJP-2014-006 sobre “Medidas de Control de Gastos Año Fiscal 2014-2015” y hemos adoptado una serie de medidas de control de gastos que han impactado seriamente la operación de nuestros tribunales. Una de las más significativas es el traslado de operaciones, hasta este momento, de once salas del Tribunal de Primera Instancia: Cataño, Naranjito, Maunabo, Naguabo, Moca, Las Marías, Jayuya, Peñuelas, Aguas Buenas, Cidra y Gurabo.
A esta medida se suma el cierre parcial de operaciones que llevamos a cabo en diciembre de 2014 y enero de 2015, que logró disminuir los balances de licencias y generó ahorros significativos en el consumo de energía, y el cierre temporero de los gimnasios, mientras se identifican entrenadores voluntarios. También se ha reducido el gasto por concepto de alimentos para confinados y testigos, se han cancelado los contratos de los servicios de Teletribunales y En Contacto (mensajes de texto para emergencias) y se suspendió el desarrollo del costoso proyecto de presentación electrónica de casos a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos, conocido por sus siglas como SUMAC.
También hemos tomado la determinación de reubicar, en junio del año en curso, el Tribunal de Apelaciones y la Oficina de Administración de los Tribunales. Además, se suspendió el proyecto de construcción de un nuevo Centro Judicial en Aibonito. Otra medida adoptada es la renegociación de los cánones de arrendamiento de edificios y locales.
En el renglón de recursos humanos, al día de hoy hemos alcanzado un 11% de reducción en la plantilla de nuestro personal. También hemos logrado economías evaluando la otorgación de diferenciales, reduciendo la acumulación de horas extras, congelando la concesión de los pasos por mérito y de los aumentos de salario y eliminando el pago de cuotas y membresías. Además, se redujeron a un mínimo los viajes oficiales, autorizando únicamente aquellos que cuentan con asignación de fondos mediante fuentes alternas como fondos federales, reembolsos o becas, se redujeron las actividades y eventos de la Rama Judicial y se suspendieron indefinidamente las actividades deportivas.
A ello se añade que hemos reducido de manera significativa la contratación de servicios profesionales, limitando la misma a los servicios esenciales. Una de las medidas adoptadas para lograr esta reducción es establecer como norma que tanto la Academia Judicial Puertorriqueña, como la Oficina de Capacitación y Desarrollo (OCADE), identifiquen y utilicen recursos profesionales internos para ofrecer sus servicios de capacitación libre de costo.
Respecto al gasto en materiales y equipo, se tomaron medidas para reducir los gastos de suministros, en particular lo que respecta al consumo de papel y a la impresión, tanto en blanco y negro como a color, y hemos logrado economías al reasignar equipo ergonómico, en lugar de invertir en la compra de equipo nuevo. Es importante consignar que actualmente se negocia la reducción en el arrendamiento de computadoras y que el uso de celulares oficiales se autorizó solamente para casos excepcionales. Se ha implantado también un plan de ahorro de gasolina mediante relevos en las rutas de mensajería entre las regiones judiciales.
Estas medidas de economía que hemos adoptado proyectan ahorros aproximados a $12 millones para finales del presente año fiscal. No obstante, no son suficientes para enfrentar el impacto del recorte presupuestario. Esta realidad se complica ante la posibilidad real de enfrentar otra reducción en la asignación presupuestaria para el año fiscal 2015-2016.
En este escenario, tenemos que continuar tomando medidas tales como trasladar las operaciones de más salas del Tribunal de Primera Instancia, no renovar contratos de arrendamiento y establecer un plan de cierres parciales de las operaciones en los tribunales en determinadas fechas. Además se están evaluando medidas para aumentar en lo posible nuestros ingresos más allá de la asignación presupuestaria. Nos vemos obligados a continuar evaluando las medidas tomadas y nuevas medidas que representen economías operacionales, a la vez que mantenemos nuestra firme intención de proteger los servicios que le brindamos al pueblo.
La Rama Judicial, junto a todo Puerto Rico, se encuentra en un momento histórico donde la falta de acción puede acarrear consecuencias que nos afecten directamente a todos y a todas en un futuro cercano. Nos corresponde a cada uno de nosotros y nosotras poner en acción los postulados de Justicia y Servicio sobre los cuales se basa nuestra misión, que es garantizar al pueblo de Puerto Rico que continuaremos impartiendo justicia con eficiencia y sensibilidad, no importa nuestra situación fiscal, proveyéndole el acceso a la justicia y a los servicios que reclaman y a los cuales tienen derecho.
Liana Fiol Matta
Jueza Presidenta