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El Departamento de Educación deberá implementar un protocolo de intervención que se activará cuando se detecten anomalías o inconsistencias en la asistencia de estudiantes de las escuelas públicas.
Esta nueva ley aclara expresamente que dicha ayuda cubrirá la totalidad del costo de la matrícula para su cónyuge supérstite que permanezca en estado de viudez, así como para los hijos menores de 21 años, y aquellos de hasta 25 años que aún estén cursando estudios postsecundarios.
Este beneficio aplicaría en situaciones donde fuese necesario atender el cierre temporero de escuelas o centros de cuido, sustituir a un cuidador habitual, realizar gestiones relacionadas con la salud o el bienestar de la persona bajo cuidado, o atender cualquier otra circunstancia que requiera la presencia del empleado cuidador.
Esta propuesta contempla la creación de equipos multidisciplinarios para ofrecer apoyo social, psicológico y económico a las víctimas, el desarrollo de campañas educativas sobre las modalidades de explotación financiera y de cómo hacer uso de la Línea Dorada, entre otras funciones.
El proyecto de ley surge para atender situaciones extraordinarias, como cierres del Gobierno federal («shutdown»), desastres naturales, emergencias de salud pública o interrupciones tecnológicas.
De convertirse en ley, se incorporaría el derecho de los trabajadores a recuperar las costas del litigio, luego de éstos prevalecer en reclamaciones laborales tramitadas bajo el procedimiento sumario.