Jaime E. Toro Monserrate
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Toro Monserrate propone ampliar la mediación apelativa en Puerto Rico

Jaime E. Toro Monserrate fue instalado como académico numerario de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación el 3 de septiembre de 2026, durante una sesión solemne celebrada en el Ateneo Puertorriqueño, en la que presentó una ponencia sobre mediación y resolución de controversias.

Lcdo. Ángel Ortiz Guzmán
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Notarial, notariado y notaría: distinción terminológica en Puerto Rico

El Lcdo. Ángel Ortiz Guzmán explica las diferencias entre los términos notarial, notariado y notaría, y destaca la importancia de su uso correcto en la práctica jurídica y notarial de Puerto Rico.

Liana Fiol Matta, graduación de Derecho UPR
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Fundación Tribunal Supremo y PUCPR lanzan conferencia anual en honor a Liana Fiol Matta

La Fundación Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico crean un nuevo espacio que honra a la ex jueza presidenta del Tribunal Supremo y reúne voces del derecho y la conservación ambiental.

MIT Media Lab
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Gobernanza de la inteligencia artificial: mecanismo imprescindible para la innovación algorítmica

El Lcdo. Roberto L. López Dávila analiza la gobernanza de la inteligencia artificial como un mecanismo clave para gestionar riesgos, asegurar el cumplimiento y facilitar una adopción responsable de sistemas de IA en empresas y organizaciones.

Lcda. Gabriela Pintado del Moral
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Supraconciencia digital: El caso de Luis Raúl y la explotación post mortem mediante inteligencia artificial en Puerto Rico

La Lcda. Gabriela Pintado del Moral analiza cómo la inteligencia artificial generativa redefine la explotación post mortem de artistas y plantea nuevas interrogantes sobre el derecho a la propia imagen en Puerto Rico.

Roberto Feliberti Cintrón
NOTICIAS Opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Avalan que algunas sentencias tarden años en reclamarse

En una opinión escrita por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón, el Tribunal Supremo resolvió que no es necesario acreditar justa causa para solicitar la ejecución de una sentencia en cobro de dinero después de cinco años, siempre que se haga dentro del término prescriptivo aplicable.