El aumento en el costo de la energía: un nuevo reto para los condominios
La Lcda. Melissa Pellicier Ortiz analiza el impacto del aumento en el costo de la energía eléctrica sobre los presupuestos de los condominios en Puerto Rico y explica las alternativas administrativas y legales disponibles para atender este gasto, incluida la revisión de las tarifas aplicables y el manejo responsable de los fondos comunes.
Junta de Supervisión cuestiona impuestos municipales a contratistas con fondos federales
El organismo fiscal solicitó a FEMA evaluar la legalidad de las tasas diferenciadas del impuesto sobre la construcción que aplican 22 municipios a proyectos con fondos gubernamentales, ante posibles repercusiones para la reconstrucción de Puerto Rico.
Lo que Sierra Lugo no decidió: el DACO y las placas solares
El Lcdo. Jeshuan Torres Ramos analiza el alcance de la decisión del Tribunal Supremo en *Sierra Lugo v. Sunrun PR Operations, LLC* y plantea por qué, a su juicio, esta no excluye la intervención del DACO en controversias relacionadas con contratos de placas solares.
Junta de Supervisión defiende su gestión en contrato de $5,900 millones
La Junta de Supervisión Fiscal defendió su actuación en la aprobación y posterior revocación del contrato de $5,900 millones de Power Expectations, mientras señaló posibles irregularidades posteriores a su revisión y cuestionó los reclamos de acreedores de la AEE.
El fondo de reserva, seguridad y financiamiento: una conversación que los condominios no pueden posponer
La Ley de Condominios en Puerto Rico exige un 5% de reserva en el presupuesto anual. A partir de 2027, Fannie Mae aumentará al 15% el mínimo para ciertos condominios. Esto destaca la necesidad de estudios de reserva y buena gestión financiera para prevenir problemas futuros y asegurar opciones de financiamiento accesibles.
La accesibilidad como requisito para un gobierno digital inclusivo
El Lcdo. Angel Ortiz Guzmán aborda los retos de accesibilidad en los servicios digitales del Gobierno y plantea medidas dirigidas a garantizar el acceso de las personas con discapacidad.