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Gobernadora evalúa prohibición de celulares en escuelas públicas

Resumen de puntos principales
  • Gobernadora Jenniffer González Colón considera el Proyecto de la Cámara 808 sobre prohibición de dispositivos en escuelas públicas.
  • Prohibición aplica a estudiantes de elemental hasta octavo grado y cubre teléfono, tabletas, relojes y otros equipos similares.
  • Excepciones incluyen uso educativo supervisado, emergencias justificadas y acomodos por razones médicas o discapacidad.
  • La medida cita estudios y ejemplos internacionales que vinculan uso excesivo de celulares con afectaciones en aprendizaje y salud mental.
  • La gobernadora tiene 30 días desde el 8 de diciembre de 2025 para firmar o vetar el proyecto.

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La primera mandataria del País, Jenniffer González Colón, tiene ante su consideración un proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos personales a estudiantes de escuelas públicas en grados elementales hasta el octavo grado, y establece excepciones.

Se trata del Proyecto de la Cámara 808, de la autoría del representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Jorge L. Navarro Suárez, y el mismo fue enviado esta semana a La Fortaleza para que la gobernadora con su firma lo convierta en ley, o en un veto.

Puedes leer aquí el Proyecto de la Cámara 808

De acuerdo con la exposición de motivos de la medida, un estudio publicado por la UNESCO reveló que la sola recepción de notificaciones en los teléfonos móviles puede interrumpir significativamente la concentración de los estudiantes, quienes podrían tardar hasta 20 minutos en poder retomar nuevamente su enfoque en la tarea original.

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Destaca además, que en el estado de California, el gobernador Gavin Newsom promulgó recientemente una ley que obliga a las escuelas a limitar o prohibir el uso de celulares, en medio de un creciente consenso de que el uso excesivo de estos dispositivos puede aumentar el riesgo de enfermedades mentales y perjudicar el proceso de aprendizaje.

La prohibición establecida por esta medida aplica a todas las instituciones educativas públicas o privadas en Puerto Rico, del uso de dispositivos electrónicos portátiles personales con acceso a redes de telefonía digital e internet por parte de los estudiantes durante el horario escolar, incluyendo recesos y cualquier actividad organizada por la institución.

Dicha prohibición incluye, pero no se limita, a teléfonos inteligentes, tabletas, relojes digitales, computadoras portátiles, audífonos, equipos de juegos electrónicos, y cualquier otro equipo de comunicación de naturaleza similar.

No obstante, se disponen excepciones para ciertos escenarios particulares, tales como:

• Cuando el dispositivo electrónico se utilice con fines educativos, bajo la supervisión directa de un maestro o personal autorizado.

• En casos de emergencia debidamente justificados, donde el estudiante necesite comunicarse con sus padres, tutores legales o servicios de emergencia, también bajo la supervisión del personal escolar.

• Cuando exista y sea aprobado un acomodo razonable para el uso de estos equipos, por razones de salud o discapacidad, y que el mismo sea expedido por recomendación o certificado por un médico licenciado.

Una propuesta legislativa bastante similar fue presentada al comienzo de este año por Navarro Suárez, junto a la coautoría del representante del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor E. Ferrer Santiago, pero dicha legislación, a pesar de haber sido aprobada por la Asamblea Legislativa durante el cierre de la primera Sesión Ordinaria, recibió un veto de bolsillo.

Según expresó más adelante el autor de la medida, la gobernadora le informó que tuvo reparos para firmar el Proyecto de la Cámara 179, pues aquella pieza legislativa proponía prohibir el uso de dispositivos electrónicos personales para todos los estudiantes de escuelas públicas hasta los grados de nivel elemental, contrario al proyecto que tiene ahora a su consideración que establece dicha prohibición hasta el octavo grado.

Este proyecto fue enviado el 8 de diciembre de 2025 al escritorio de la gobernadora, quien tiene 30 días luego de ser recibida en La Fortaleza, para decidir si firmará el proyecto para convertirlo en ley, o lo veta.

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