- El Tribunal Supremo designó nuevos miembros y renovaciones en la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía.
- La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el juez Ángel Colón Pérez criticaron la sustitución masiva sin discusión de Pleno.
- Se lamentó la remoción de académicas destacadas, incluidas expertas en ética y responsabilidad profesional.
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico anunció varias designaciones en la Comisión de Reputación para el Ejercicio de la Abogacía, aunque dos de los miembros del alto foro criticaron la forma en que se realizaron los cambios.
Las personas designadas como miembros de la Comisión son el licenciado Guillermo Arbona Lago, presidente, y los abogados y abogadas Jocelyn López Vilanova, Miguel Candelario Piñeiro, Rafael G. Rocher Valera, Luis M. Barnecet Vélez, Yolanda Doitteau Ruiz y Luisa Colom García, miembro asociada. También fueron designados a la comisión el doctor Robert Stolberg y el señor Bruno E. Cortés Trigo. Algunos ocuparán los cargos por hasta cuatro años y otros por hasta cinco años, según la resolución.
Algunos de los designados son renominaciones y otros están comenzando en el puesto. El Tribunal Supremo agradeció a estos por asumir la encomienda y también expresó agradecimiento a quienes ocuparon los cargos en años previos.
Según el Reglamento de esta Comisión, disponible en el portal del Poder Judicial, esta tiene la labor de evaluar, investigar y determinar el carácter, reputación y capacidad mental necesaria para el ejercicio de la abogacía de toda persona aspirante que haya aprobado la reválida. También sopesa las solicitudes de reinstalación. Para estos fines, cuenta con autorización para celebrar vistas y ordenar investigaciones de los solicitantes.
La resolución de la mayoría no indica cuántos miembros fueron sustituidos, pero la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, en expresiones disidentes a las que se unió el juez asociado Ángel Colón Pérez, señaló que “la mitad de los miembros asociados y asociadas” fueron sustituidos.
En sus declaraciones, la jueza presidenta criticó la forma en que se efectuaron estos cambios por parte de la mayoría del alto foro, y aseguró que representan un cambio respecto a la manera en que tradicionalmente el Tribunal Supremo realiza estas designaciones.
“Estimo que una medida de esta naturaleza, que conlleva la sustitución de una porción sustancial de sus miembros, exigía una discusión del Pleno de esta Curia a fin de evaluar su impacto en la continuidad y estabilidad de los trabajos de la Comisión. En el pasado, estos asuntos se discutían en el seno del Pleno de manera franca y transparente. Incluso, cuando hemos renovado a los y las miembros de las distintas comisiones, cada integrante del Tribunal solía someter un nombre para consideración de nuestro cuerpo colegiado. Este tipo de deliberación previa nos hubiera permitido corroborar si existían circunstancias que justificaran este proceder, antes de adoptar una determinación que pudiera desarticular los trabajos de la Comisión. Este intercambio es beneficioso tanto para este Tribunal como para la profesión, pues nos permite evaluar previamente el desempeño de cada integrante, a la vez que nos provee la oportunidad para considerar detenidamente las credenciales de quienes se vislumbran como prospectos para ocupar un cargo en la Comisión”, indicaron los dos jueces del Tribunal Supremo.
La jueza Oronoz Rodríguez lamentó especialmente que fueran removidas de la Comisión la profesora Belén Guerrero Calderón y la profesora Mayté N. Rivera Rodríguez, “esta última catedrática, precisamente, en materia de Ética y Responsabilidad Profesional”.
“Ambas profesoras son académicas de primer orden, respetadas en los círculos académicos, cuyo insumo resulta oportuno, valioso y esencial para el funcionamiento adecuado de la Comisión, entre otras razones, por su conocimiento y su participación amplia y activa en la academia”, agregaron.
