- La Ley 183 de 2025 reconoce al nasciturus como persona natural, generando riesgos legales para atención obstétrica.
- Expertos advierten que la ley puede provocar medicina defensiva y reducción de servicios para embarazos de alto riesgo.
- La normativa limita autonomía y acceso a la salud de mujeres embarazadas, incluso en embarazos deseados.
- Permite que terceros asuman representación del feto, potencialmente sobreponiéndose a los derechos de la madre.
- Experiencias en EE. UU. muestran aumento de criminalización y vigilancia estatal sobre conductas durante el embarazo.
La aprobación de la Ley 183 de 2025 genera preocupación entre sectores médicos y defensores de derechos civiles particularmente por su posible impacto en el acceso a la salud de las mujeres embarazadas.
Para la licenciada Yanira Reyes Gil, quien es profesora de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la ley que reconoce legalmente al nasciturus como persona natural bajo el Código Civil de 2020 podría provocar lo que denominó “medicina defensiva”, una práctica mediante la cual médicos evitan atender pacientes por temor a posibles demandas.
“Van a evitar atender mujeres embarazadas, particularmente mujeres con embarazos de alto riesgo. Esto es una intención para eventualmente tratar de prohibir el aborto, pero más allá del asunto del aborto estamos hablando del acceso a la salud para las mujeres embarazadas”, manifestó la abogada.
La profesora explicó que la legislación afecta la libertad, autonomía y el acceso a la salud de las mujeres embarazadas aun cuando el embarazo es deseado.
“Esas mujeres estarían limitadas en su acceso a la salud y en su posibilidad de tomar decisiones ya que la ley establece que la representación del feto la asumirá quien la asumiría si hubiera nacido, pero en caso de incapacidad o imposibilidad se le puede nombrar un defensor judicial o lo pueda asumir un tercero”, agregó.
Precisamente, esto abre la puerta a que, ante un posible conflicto relacionado con la conducta de la mujer durante el embarazo, un tercero, como el padre, un abuelo o un defensor judicial, pueda asumir la representación legal del feto por encima de los derechos de la madre. Según Reyes Gil, esta situación coloca en suspenso los derechos de las mujeres embarazadas durante todo el término de su embarazo y puede impactar las decisiones reproductivas, laborales y personales.
Impacto en otras jurisdicciones
Con relación a experiencias en otras jurisdicciones de Estados Unidos con leyes similares, la licenciada destacó que estas medidas causan un aumento en la criminalización de mujeres embarazadas.
Comentó que han documentado casos en los que mujeres han sido investigadas o procesadas tras emergencias obstétricas, como abortos espontáneos, bajo sospechas de abortos ilegales. Además, informó que en esas jurisdicciones hubo un incremento en la vigilancia estatal y social sobre la conducta de las mujeres durante el embarazo.
“Digamos que tienen un aborto espontáneo por una situación de salud y luego son criminalizadas por entender que se practicaron un aborto voluntario, pero fuera del espectro médico, O sea, eso es ilegal, eso es ilegal. Una mujer que tiene un aborto espontáneo y pueda ser acusada porque las autoridades entiendan que se practicó un aborto clandestino”, detalló.
Por lo tanto, Reyes Gil exhortó a que se atiendan los reclamos de expertos en el tema, específicamente del sector médico, y que se derogue o modifique la legislación.
“Es necesario que se apruebe legislación en protección de los derechos de acceso a la salud de las mujeres embarazadas y de los derechos de tomar decisiones de las mujeres embarazadas”, puntualizó.
