Tribunal Supremo evalúa requisitos para rembolsos a municipios que proveen servicios de salud

Tribunal Supremo evalúa requisitos para rembolsos a municipios que proveen servicios de saludPartes: Municipio de Añasco, Peticionario v. Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico; et al., Recurridos

Nos corresponde determinar si los municipios que adquirieron instalaciones médico-hospitalarias del Estado antes de la aprobación de la Ley Núm. 3-2003, tienen derecho a que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) comience un proceso de negociación para la modificación y rembolso de las aportaciones realizadas por estos a esa institución para sostener la Reforma de Salud. Para ello, debemos dirimir el alcance de los requisitos que esta ley exige para ser acreedor a los mencionados beneficios.

En cuanto al primer requisito, surgen de los autos varios documentos que demuestran que, en efecto, el Municipio cumple con este. [E]s decir, el contrato de compraventa de las facilidades médico-hospitalarias del Municipio de Añasco se efectuó de conformidad con la ley Núm. 3-2003.

Como segundo requisito para ser acreedor al rembolso, dentro de su aportación, de los gastos incurridos en la prestación de servicios de salud, acorde a la Ley Núm. 72-1993, según enmendada, debemos determinar si el Municipio, además, provee servicios de salud directa o indirectamente a su ciudadanía. [D]ebemos recordar que el Municipio reclamó en su demanda sumas por concepto de servicios de salud prestados en el Centro de Salud Familiar, ascendentes a $2,400,000.00. Sin embargo, el expediente no contiene  evidencia alguna que pruebe la naturaleza de los servicios allí brindados. Esta es, evidentemente, una controversia de hechos que debe dilucidarse antes de emitirse un dictamen.

Al resolver un caso de tan alto interés público como el presente, por conllevar el manejo de fondos públicos dedicados a la salud de todos los puertorriqueños, debemos tener ante nos toda la información necesaria para poder concluir satisfactoriamente que no existen controversias de hechos medulares. Obviar lo anterior resultaría en una decisión arbitraria, negándole a una de las partes la oportunidad de su día en corte. No debemos ceder a tan pobre ejercicio de nuestra jurisdicción. Es por ello que la prudencia nos convence que debemos ordenar la celebración de un juicio plenario que permita al foro primario recibir y sopesar evidencia con mayor valor probatorio para derrotar las dudas en torno a los hechos materiales que presenta el caso ante nos.