El senador Ramón Luis Nieves presentó el pasado marzo la recién aprobada Resolución del Senado 195, que propone investigar el estado de situación actual del acceso a la justicia en Puerto Rico.
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Durante los pasados meses, el problema de acceso a la justicia en Puerto Rico ha sido eje de varias discusiones entre los principales actuantes del sistema judicial. El propio juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, admitió en un conocido rotativo del país, que en la isla “existe un problema de acceso a la representación legal para la población más pobre.”
Específicamente en aquel entonces, Hernández Denton realizó las expresiones por la gran preocupación que tenía como juez de que el Tribunal Federal hubiera eliminado la Corporación de Acción Civil, dejando a confinados sin recurso para solicitar remedios judiciales.
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Por otra parte, desde la academia, el licenciado David Udell, director ejecutivo del National Center for Access to Justice de la Universidad de Cardozo, señaló la importancia de eliminar la idea de que los tribunales son una agencia más y entender que lo mismos existen para administrar la justicia. En una conferencia realizada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Udell agregó que es importante que se pueda evaluar la ejecución de los tribunales con respecto a la accesibilidad por parte de personas de bajos recursos.
En esa discusión se insertó el pasado marzo el senador Ramón Luis Nieves proponiendo una serie de proyectos dirigidos a atajar el problema desde distintos flancos.
“La justicia en Puerto Rico tiene dos varas. Hay una justicia para los acomodados y otra justicia para los pobres. Esa es la realidad. Poco se habla en Puerto Rico sobre la falta de acceso a la justicia de la gente pobre de nuestro país. Contar con asistencia de un abogado es para muchos un lujo por la falta de recursos”, expresó en aquel entonces.
Uno de ellos, fue la Resolución del Senado 195, recién aprobada durante esta semana. La resolución ordena que la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos del Senado de Puerto Rico realice una investigación sobre la situación actual del acceso a la justicia en Puerto Rico, así como el acceso que tiene la población de escasos recursos a los tribunales y otros foros adjudicativos. La investigación, contrario a otras investigaciones que se han realizado anteriormente, tiene un enfoque holístico.
“Entendemos meritorio que se investigue el estado de situación actual de la prestación de servicios legales a la población de ninguno o escasos recursos en Puerto Rico, así como el acceso que tiene la población a los tribunales y otros foros adjudicativos; y también las políticas públicas desarrolladas para la protección del ejercicio de los derechos conferidos constitucional y estatutariamente. Además, la continua reducción o falta de regularidad en los fondos federales y/o estatales destinados a apoyar las entidades dedicadas a la prestación de servicios legales gratuitos a persona indigentes requiere de atención inmediata y pronta solución”, reza la resolución.
Según la resolución, la investigación tendrá que incluir propuestas de medidas o enmiendas de ley que se puedan adoptar para “reducir la brecha existente” entre el sector de la población que tiene acceso a la justicia y quienes no tienen acceso. Además, debe incluir políticas destinadas a empoderar a los ciudadanos y ciudadanas, para que reivindiquen sus derechos.