El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió una sentencia de carácter final e inapelable mediante la cual ordenó retirar la ciudadanía a miles de ciudadanos dominicanos nacidos en República Dominicana, hijos de inmigrantes haitianos. La Comisión Electoral Dominicana tendría un año para elaborar una lista de todas las personas a quienes se le retirará la ciudadanía, quienes podrían ser deportados a un país que nunca han conocido.
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La decisión judicial, publicada la semana pasada, aplicaría a todos los nacidos desde 1929, que en su mayoría son haitianos traídos a República Dominicana para trabajar en la agricultura, así como a sus hijos y nietos. Aún se desconoce con precisión el número de personas que serán afectadas por esta disposición. No obstante los funcionarios dominicanos analizarán las actas de nacimiento de más de 16,000 personas para determinarlo, aunque números preliminares estiman en 40,000 la población de haitianos en República Dominicana. Por otra parte, las autoridades electorales dominicanas aún no ha emitido información al respecto y se han negado a emitir documentos de identidad a unas 40,000 personas de ascendencia haitiana.
Hasta el año 2010, la República Dominicana otorgaba la ciudadanía de forma automática a toda persona nacida en su territorio. No obstante, ese año el gobierno aprobó una nueva Constitución que establece que la ciudadanía dominicana sería otorgada solamente a personas nacidas en su territorio y que al menos uno de sus progenitores fuera de sangre dominicana o extranjeros residentes de forma legal.
Sin embargo, citando esa misma Constitución, el Tribunal dictaminó que todos los migrantes haitianos que llegaron a trabajar en los cañaverales dominicanos después de 1929 estaban en una situación «en tránsito», y que por ello, sus hijos no tenían el derecho automático a la ciudadanía sólo por haber nacido en República Dominicana.
«No se les niega el derecho a la nacionalidad sino que les da la oportunidad de acceder a la nacionalidad y regularizarse mediante el plan nacional de regularización para extranjeros», explicó el viernes Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral.
El fallo del tribunal «abre las puertas para resolver definitivamente un problema que mantiene una herida abierta en la sociedad dominicana», comentó el director de Migración José Ricardo Taveras, miembro de un partido nacionalista cuyos líderes mantienen desde hace décadas un discurso sobre la supuesta «haitianización» del país.
Este expresó, mediante un comunicado, que una vez creado el inventario de descendientes de inmigrantes ilegales y puesto en marcha el eventual plan de regularización, «no debe pasar de dos años» para que los afectados se hayan legalizado.
Durante décadas, la inmigración haitiana a República Dominicana estuvo ligada a la industria de la caña de azucar. Fue a principios de la década del 50 que los gobiernos de República Dominicana y Haití firmaron un convenio para regular la inmigración masiva de jornaleros haitianos que trabajaban en esa industria. Se estableció un sistema para determinar la cantidad de jornaleros que se necesitaba para cada zafra y el gobierno haitiano –mediante un sistema de elección—escogía quienes participarían en cada zafra. Cuando estos trabajadores pisaban territorio dominicano, eran trasladados en camiones custodiados por el ejército hasta las plantaciones en las que trabajarían. El éxito de la industria azucarera en ese país se debió mucho a la mano obrera haitiana.
Distintos organismos internacionales han mostrado su rechazo ante dicha sentencia. El coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, Lorenzo Jiménez de Luis, declaró que la organización está ejecutando una investigación exhaustiva sobre la privación de documentación a personas que, habiendo tenido nacionalidad dominicana, han sido despojados de la misma, y añadió que la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional también será investigada.
Con el propósito de que «los Poderes del Estado dominicano suspendan la política de desnacionalización de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana», el Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación solicita a la comunidad nacional e internacional que apoyen una nueva petición de firmas dirigida al Jefe del estado y al Tribunal Constitucional de la República Dominicana.