El pasado 1 de noviembre, la revista de la American Bar Association publicó un artículo en el que reveló importantes datos sobre cómo la industria de la compra de deudas en los Estados Unidos se aprovecha de la revisión laxa de los tribunales para convertir en víctimas a los alegados poseedores de deudas.
El artículo, entre otras historias, reseña la experiencia del abogado litigante Ward Benshoof, quien narró que en un caso que atendió le sorprendió que la evidencia que se presentaba contra su cliente “no tenía más sustancia que una sombra de humo”. El caso que atendía era uno pro bono, y su clienta vivía en temor por una alegada deuda que tenía. La compañía que había comprado la deuda la acechaba, acudiendo finalmente al tribunal donde se emitió sentencia en rebeldía contra la mujer. Para poder cumplir por lo determinado por el tribunal, su cliente empeñó su anillo de bodas.
Aunque cuando el caso llegó a las manos del abogado, ya era muy tarde para cuestionar la sentencia, Benshoof decidió demandar al comprador alegando que las continuas llamadas que recibía la mujer eran ilegales. En la demanda, Benshoof logró llegar a una transacción en que la compañía perdonara la deuda de la mujer, no obstante, la curiosidad en el abogado imperaba pues su clienta le expresó que nunca había tomado un préstamo, aunque una vez había provisto su firma para que lo tomara otra persona. Benshoof pudo llamar al banco de donde originalmente se emitió la deuda, descubriendo que estos no tenían récord alguno de información sobre su clienta, ni su involucramiento con alguna deuda.
El abogado continuó investigando, descubriendo que la compañía solo tenía, como evidencia, una página con el nombre de su cliente y varias cantidades de dinero alegadamente adeudadas. Asimismo, en su investigación este descubrió que ni siquiera el juez que emitió la sentencia había evaluado los papeles sometidos por el comprador de la deuda, sino que su asistente simplemente había procesado la solicitud de la compañía crediticia y el hecho de que estos habían emplazado a la mujer. Aunque la compañía decía que se había comunicado varias veces con la mujer, esta no conocía haber contraído ninguna deuda por lo que consideraba los correos electrónicos como basura o “spam”.
Según el artículo, los estudios han mostrado que muchas de las personas que son demandadas por estos compradores de deudas pierden a través de sentencias dictadas en rebeldía, típicamente por no responder. Cuando estos tienen que acudir a tribunales a cuestionar las demandas, los que acuden sin abogado siempre pierden, pues no conocen cómo responder o hacer preguntas sobre los papeles que se les muestran o no saben enfrentar a un abogado de la compañía recolectora de deudas. Es por esto que esa industria ha tomado ventaja de esa situación para llevar a miles de consumidores a los tribunales. Este fenómeno ha tomado mayor auge a partir de 2006.
Encore, PRA y Asta Funding son la compañías más conocidas que han adquirido este tipo de carteras de deudas, y las tres han sido denunciadas por cometer abusos, incluyendo el presentar demandas con poca o ninguna documentación de la deuda o sobre el deudor, por requerir pagos a personas cuya identidad no es la misma de deudor, intentar cobrar deudas que ya prescribieron y por pretender cobrar mayor cantidad de dinero en intereses y otros cargos de los cuales no hay prueba fehaciente.
Uno de los últimos escándalos fue con la compañía JP Morgan Chase, un comprador importante de deudas, que admitió que un número significativo de sus 583,000 demandas de colecta de deudas entre el 2009 y 2013 eran cuestionables. Algunas de ellas habían sido pagadas, transigidas o eliminadas mediante procesos de quiebra. Otras de estas deudas eran sustentadas con declaraciones juradas realizadas sin los documentos necesarios.
Los últimos casos son tan recientes como el 2014. A una de las compañías antes mencionadas, Encore, se le ordenó reembolsar cerca de 42 millones de dólares a consumidores por falsa representación de que podían demandarles por deudas que ya estaban prescritas.
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