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El Senado de Puerto Rico tiene ante su consideración un proyecto de ley presentado presentado por el portavoz de la minoría, Thomas Rivera Schatz, de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), y por el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor L. Santiago Torres, con el fin de enmendar el Código Municipal.
Se trata del Proyecto del Senado 1436, que propone aumentar de $200,000.00 a $500,000.00 el tope máximo para adjudicar contratos de obras de construcción o mejoras públicas sin necesidad de subasta pública.
Puedes acceder al proyecto aquí
Los municipios en Puerto Rico están obligados a llevar a cabo estos procesos de subasta pública en ciertas instancias requeridas por ley, en los cuales se pasa luego a la consideración de una Junta de Subastas cuyos miembros son nombrados por el Alcalde.
El Código Municipal, a esos efectos, regula los criterios de adjudicación, las causas para rechazar pliegos de subasta, las garantías que deben guardar en el proceso, entre otros asuntos.
La ley vigente estipula que el tope máximo para adjudicar contratos de obras de construcción o mejoras públicas sin necesidad de subasta pública es de doscientos mil (200,000) dólares. Sin embargo, los propulsores de la medida plantean que costos en los materiales de construcción han reflejado un aumento sin precedente por los pasados años, generando que aquello que antes podía ascender a doscientos mil dólares, hoy sea el doble o triple.
Del mismo modo, destacan que durante el 2022, a través del Boletín Administrativo 2022-014, se estableció un aumento salarial para los obreros de la construcción que se desempeñan en proyectos de reconstrucción y recuperación, lo que junto a la inflación, ha encarecido los costos.
En la exposición de motivos se hace referencia a la Ley 1-2024 que establece un nuevo límite a los precios de compraventa de propiedades bajo los beneficios del Programa de Impulso a la Vivienda, teniendo como una de las razones principales, el que en años recientes los materiales de construcción se han encarecido alrededor de un veinte por ciento, afectando así el costo total de la construcción, que también se impacta por los permisos y arbitrios que se basan en los costos finales de los proyectos.
La medida fue referida a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado para su evaluación.
