- La Comisión investiga implicaciones de la IA en seguridad, privacidad, derechos humanos, salud, economía, educación y poblaciones vulnerables.
- Recomendaciones incluyen crear un Comité de Ética, políticas de transparencia y que PRITS revise y apruebe usos de IA en agencias gubernamentales.
- Agencias presentaron salvaguardas: registro de búsquedas, reglamentos para cámaras y reconocimiento facial, y posibles informes y vistas públicas adicionales.
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La Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología en la Cámara de Representantes está realizando un estudio sobre las implicaciones del uso de las tecnologías de Inteligencia Artificial con respecto a la seguridad y la privacidad del individuo, así como a los derechos humanos y libertades civiles, salud, ética, economía, educación, manufactura, agricultura, energía, y cualquier otro aspecto que pueda tener en la vida cotidiana de las personas.
A esos fines, la exsenadora, y ahora representante, Gretchen M. Hau Irizarry, radicó la Resolución Conjunta de la Cámara 1097, que a su vez, investiga que iniciativas se están implementando con estas tecnologías en el gobierno y cómo el sector privado garantizará que el uso de la inteligencia artificial (IA) y sus algoritmos respeten estos derechos y libertades de la ciudadanía, teniendo en cuenta a las poblaciones más vulnerables, tales como niños, adultos mayores y personas con diversidad funcional.
Puedes acceder a la medida aquí
La comisión cameral celebró vista pública a la cual comparecieron representantes de: el Departamento de Seguridad Pública (DSP), Departamento de Justicia, Departamento de Salud, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Departamento de Agricultura y la Puerto Rico Innovation & Technology Service (PRITS).
Por parte del DDEC, compareció a la audiencia pública el licenciado y asesor legal de dicha agencia, José Sánchez Acosta, quien avaló la medida expresando que la IA reflejará el compromiso del Gobierno con el desarrollo y uso responsable de la tecnología, particularmente en el sector público. También indicó que «se tendrá como objetivo garantizar que la IA contribuya al progreso social y económico, al tiempo que se protejan los derechos y valores fundamentales de la ciudadanía».
Sánchez Acosta recomendó a la Comisión, a que se establezca un Comité de Ética para asesorar en la evaluación y aprobación de proyectos de Inteligencia Artificial en el sector público para garantizar el cumplimiento de estándares éticos y legales. Sugirió que se implemente también políticas de transparencia que aseguren la divulgación y explicación de los procesos de toma de decisiones automatizadas.
Por otro lado, el principal ejecutivo designado de PRITS, Antonio Ramos Guardiola, sostuvo que esta tecnología trae consigo retos, sin embargo, enfatizó que la agencia gubernamental tiene un llamado de velar por la integridad, confidencialidad de la información de las entidades gubernamentales y a proteger los derechos de las personas.
«Como medida cautelar y reconociendo el desafío que representan estos cambios en el uso de la IA, es indispensable que PRITS regule, revise y apruebe cualquier uso actual o futuro de la IA en el gobierno de Puerto Rico. Para lograr esto, requerimos que las entidades gubernamentales soliciten permiso si desean implementar su uso, nos indiquen su propósito y se determine qué beneficio conlleva, de manera que podamos analizar la propuesta», apuntó.
Asimismo, Ramos Guardiola añadió que cada agencia gubernamental y sus proveedores de servicio tienen el deber de maximizar los beneficios de la IA, mientras reducen los posibles riesgos. «Con esta gestión, comenzamos asegurándonos que el enfoque de la IA utilizada en el área gubernamental esté enfocada al servicio de los intereses de los ciudadanos, y no limitar su utilización al funcionamiento interno del Gobierno» concluyó diciendo el funcionario.
De otra parte, la asesora legal del DSP, Omara Arias Nieves, destacó los proyectos que están implementando en la agencia, y abordó las preocupaciones que pudieran existir en cuanto al acceso a la información, producto del uso de la mencionada tecnología, y declaró que «se han tomado las salvaguardas para proteger la información y se estableció un registro de solicitudes de búsqueda de información, con números correlativos secuenciales para lasbúsquedas realizadas y procesos de autorizaciones que permitirán un control y supervisión efectiva.»
Asismismo, Arias Nieves agregó que de esta manera, el DSP elaboró el Reglamento del Sistema de Cámaras de lectura de tablillas, el cual fue sometido a las partes del caso federal sobre el «Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía», e informó además a la Comisión, que el Reglamento sobre las cámaras de reconocimiento facial (Facial Recognition) se encuentra en etapa de revisión final para ser sometido a las partes del Acuerdo para la Reforma.
Al finalizar la discusión de la vista, el representante Luis Ortiz Lugo resaltó que la prioridad de la Comisión cameral es conocer cuáles son las iniciativas que las agencias gubernamentales están llevando a cabo respecto a la IA para garantizar una gobernanza consistente, basada en los derechos, libertades, salud y ética.
La Comisión pudiese radicar un Informe Parcial y celebrar nuevas vistas públicas, o presentar próximamente un Informe Final donde se estaría concluyendo los resultados de dicha investigación.