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Abogados educan sobre los aspectos legales de la marihuana en Puerto Rico

Abogados educan sobre los aspectos legales de la marihuana
Foto suministrada,Puerto Rico Legal Marijuana

Durante los días 7, 8, y 9 de abril se llevó a cabo el 1er Seminario legal sobre marihuana medicinal en Puerto Rico, titulado “Understanding Legal Marijuana: Legal & Policy Considerations”. El seminario contó con la participación del abogado y fundador de Understanding Legal Marijuana y ex fiscal de Colorado Chris Halsor, y los licenciados Godwin Aldarondo Girald y Goodwin Aldarondo Jiménez, de Puerto Rico Legal Marijuana.

El día 8 de abril, el seminario estuvo enfocado en información útil para abogados, fiscales, jueces y otros funcionarios relacionados con el ámbito legal. Allí, ante un auditorio lleno a capacidad, los abogados discutieron las repercusiones legales y económicas de la medicalización y legalización de la marihuana en Puerto Rico; discutieron aspectos importantes sobre la reglamentación de Puerto Rico y Colorado, y las implicaciones éticas de la legalización del uso medicinal de la marihuana en Puerto Rico, entre otros temas. La conferencia fue interactiva y se realizaron encuestas entre los presentes sobre los temas que se discutían.

Según el abogado Chris Halsor, una de las diferencias iniciales en términos del acceso a la sustancia es que se le permite a las personas que así lo necesiten la posesión de seis plantas o dos onzas. En Puerto Rico, en contraste, se le provee a las personas que lo necesiten y cumplan con los requisitos reglamentarios el suplido que el doctor recomiende por 30 días o 2.5 onzas.

En ese sentido, explicó el licenciado Goodwin Aldarondo Jiménez, cuando se acabe dicho suplido de 30 días, el paciente debe volver a renovar su receta. Esto tiene el propósito de que el médico le dé continuidad al tratamiento médico. El letrado también explicó que en los Estados Unidos los planes médicos se han moldeado a esta nueva realidad y que es recomendable que los planes de Puerto Rico hagan lo mismo, pues corren el riesgo de que planes médicos de Estados Unidos vengan a Puerto Rico y acaparen el mercado.

“Yo veo mucho valor en que cada 30 días el paciente vuelva donde el médico. Quizás más adelante se flexibilice para bajar los costos al paciente”, explicó Aldarondo Jiménez.

En Puerto Rico además, según Godwin Aldarondo Jiménez, el Departamento de Salud se aseguró de establecer unas medidas para que no solo haya un registro de las personas que la utilicen, sino que los médicos puedan registrar como mejora el paciente o cómo se afecta adversamente. Aldarondo manifestó que esa información será de gran utilidad para investigadores.

Otro de los temas discutidos fue la entrada a Puerto Rico de turistas que requieran utilización de cannabis para tratar alguna enfermedad debilitante, y que no pueden traerla de Colorado o de Puerto Rico a Colorado, pues no se permite. Godwin explicó que se propondrá la implementación de un sistema de reciprocidad, un acuerdo entre estados para que los puertorriqueños puedan viajar a Colorado y obtener lo necesario para tratarse mientras estén fuera. El gobierno podría conocer de esas esas transacciones por medio de un sistema de rastreo que se le implante a todo producto desde que es una semilla.

Durante otra sesión, los abogados también abordaron el tema del Derecho Penal y otras controversias legales que pueden surgir a partir de la creación de la legalización del uso medicinal del cannabis.

Sobre las defensas que puede presentar una persona que posee, de ser intervenida por miembros de la policía, Halsor explicó que  sirve dar cuenta de que se ha sido  diagnosticado previamente por un médico de una enfermedad debilitante. Otra defensa posible es la existencia de una relación bonafide con un médico en relación al padecimiento de una enfermedad debilitante.

En ambos lugares, Puerto Rico y Colorado, existirá un registro de las personas que utilicen la sustancia. Ambas reglamentaciones contemplan el asunto de  la privacidad, aunque de forma distinta. En Puerto Rico, los dispensarios y doctores deben mantener en estricta confidencialidad los expedientes médicos. Estos están sujetos a la inspección de oficiales de la División. El publicar o divulgar información de dichos expedientes es punible con multas de $5,000 dólares. Por su parte, en Colorado, la agencia de salud del estado podrá crear un registro confidencial de pacientes, al que podrán tener acceso empleados estatales o locales autorizados para el propósito de verificar que un individuo está debidamente registrado. La información a la que podrán tener acceso las autoridades es a si la persona está en el registro de marihuana medicinal, nombre del cuidador designado o localización donde crece la marihuana con permiso. Se prohíbe la divulgación de la tarjeta que identifica a quienes utilizan marihuana por padecer una enfermedad debilitante.

El derecho de marcas también tuvo su momento en la conferencia, cuando se reseñó un caso en que la compañía Hershey Chocolate demandó a dos dispensarios, uno en Washington y otro en Colorado, por estos “parodiar” algunos de sus productos y venderlos con contenido de cannabis. La demanda se transigió fuera de los tribunales. Sobre el tema de las patentes, se aclaró que el gobierno no puede emitir una patente para productos con cannabis, por razón de la Sección 2 de la Ley Lanham, que indica que el gobierno federal no puede emitir el registro de una patente para un uso inmoral o escandaloso. Por esta razón, la Oficina de Marcas y patentes concluyó que como la marihuana es ilegal bajo la ley federal, el registro de marcas sobre ese producto está prohibido.

En el Derecho de Familia, se presume impacto en casos donde los menores de edad, por razón de alguna enfermedad debilitante, se les recomiende la utilización de THC. ¿Cuáles serían las implicaciones de que el menor tuviera padres divorciados y uno de estos no autorizara el uso?

Los licenciados Aldarondo Girald y Aldarondo Jiménez, de Aldarondo Girald Law Offices PSC, aportaron abundando sobre los temas que tocaba Halsor, particularmente en relación a Puerto Rico. Los abogados también compartieron sus experiencias en su visita a Colorado, y lo que apreciaron de primera mano respecto al negocio del cannabis recreacional y medicinal en ese estado.

En general, el seminario comenzó a las 8:30am y culminó a las 5:30pm, comenzó con un repaso de las leyes y política pública vigente del gobierno federal. Luego las contrastó con las leyes recientes de los estados de Colorado, Washington, Oregon y Alaska, y de Washington D.C. También enseñó como opera la política pública y las leyes en cuanto a la marihuana medicinal en los distintos estados que ya se ha aprobado. Halsor también reseñó casos donde distintos foros judiciales se han expresado en cuanto al alcance de algunas leyes, y el significado de algunos términos en la legislación.

Luego, los conferenciantes discutieron con el público el Reglamento para la marihuana medicinal en Puerto Rico. Los conferenciantes contestaron preguntas del público, y explicaron en detalle los requisitos y disposiciones rigurosas con las que tendría que cumplir quien quiera operar un dispensario, laboratorio, o un cultivo para producción y manufactura de productos a base de cannabis.

En la sección de la tarde, Halsor compartió más acerca del desarrollo de la política pública y las leyes sobre la marihuana. En esta parte, abundó sobre los problemas que enfrentó y aún enfrenta Colorado al implementar una política pública que no comparten estados vecinos y el gobierno federal. Uno de los problemas más patentes es ver la gamma de problemas que se crean al legalizar la planta en distintas ramas del derecho. El conferenciante habló de problemas que han surgido dentro del derecho laboral, derecho de familia, en las contribuciones y la banca, problemas al querer registrar propiedad intelectual (se registra con el gobierno federal), y los cambios en el área penal.

Para los abogados, resulta evidente que Puerto Rico se moverá eventualmente a legalizar la marihuana, y estiman que surgirán muchos de los problemas que han surgido en otros estados. Por ello, además de ayudar a la economía, este cambio en política pública crearía oportunidades y espacios a abogados que ejercen en diferentes ramas del derecho.

El fin de la prohibición de la marihuana en algunos estados es tan reciente y nuevo en la sociedad que se ha formado que las leyes y reglamentos han tenido que desarrollarse rápidamente para atender situaciones no previstas implementar los cambios. Muchos de los estados que han legalizado la marihuana después de Colorado, han usado sus leyes y reglamentos como modelo para sus leyes.

Al final de la conferencia, el Lcdo. Goodwin Aldarondo Jiménez profundizó en las consideraciones éticas aplicables a la realidad de la política pública que opera aún en Puerto Rico respecto a la marihuana.

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