Integrado el Departamento de Seguridad Pública con agencias federales en la lucha contra el crimen

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo un recuento de las iniciativas de seguridad pública y detalló la ampliación de varias medidas que en conjunto buscan combatir el crimen y mejorar la calidad de vida en la Isla.

El primer ejecutivo destacó que “la lucha contra el crimen es un trabajo de todos los días, en el que no se puede bajar la guardia”.

El gobernador destacó la colaboración entre la Fiscalía Federal y el Departamento de Justicia como un aspecto clave para lograr que nuestra Isla sea más segura.

“Por primera vez la División Criminal de la Fiscalía Estatal y la jefa de fiscales están trabajando en total coordinación con la División Criminal de la Fiscalía Federal. Gracias a las reuniones periódicas por los últimos seis meses se ha mejorado la identificación de inteligencia criminal”, sostuvo Rosselló Nevares.

El primer ejecutivo informó que el grupo interagencial que logra el Departamento de Seguridad Pública y la Fiscalía Federal comenzaron a discutir la implementación del Plan Anticrimen de la Policía de Puerto Rico en las áreas de Bayamón, San Juan y Carolina, que son las áreas de mayor incidencia criminal.

El Plan Anticrimen incluye: fases investigativas y operacionales, algunas simultáneas, otras en secuencias, según sea necesario y a tenor con las necesidades específicas de cada región.

El equipo federal y estatal trabaja a diario en la identificación de las operaciones de crimen organizado. Además, se lleva a acabo vigilancia y seguimiento a los rasgos y características de éstas organizaciones. Esto se suma a intervenciones vehiculares para identificar hurto de autos y patrullaje preventivo.

Asimismo, se ha trabajado una coordinación interna entre las diferentes áreas de trabajo: División de Inteligencia Criminal y Crimen Organizado, División de Homicidios, División de Drogas y Narcóticos, División de Vehículos Hurtados, División de Información Criminal, y División de Patrullas de Carreteras.

Además, existe coordinación externa con la Policía Municipal, Departamento de Justicia, y las agencias federales de ley y orden.

Entre los logros de interdicción se detalla que entre enero a agosto de 2017 el Departamento de Justicia registró un aumento del por ciento de convicción de un 75% a un 84% y en algunas Fiscalías aumentó a 94% la convicción de casos criminales.

Asimismo, aumentó la cantidad de casos investigados por el Departamento de Justicia en ocho de las 13 jurisdicciones. Estas son Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Caguas, Carolina, Humacao, Mayagüez y Utuado.

En la actualidad, hay aproximadamente 405 casos radicados bajo la iniciativa del programa del Strike Force Armas Drogas en los 13 distritos judiciales de Puerto Rico.

Durante la rueda de prensa, el primer ejecutivo estuvo acompañado de secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera; la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley; y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Además, la fiscal general Olga Castellón; el principal asesor legal del gobernador, Alfonso Orona y el asesor en Seguridad, Héctor González estuvieron presentes en la conferencia celebrada en el Teatro del Palacio Santa Catalina.

De otro lado, el primer ejecutivo enumeró una serie de leyes firmadas en lo que va de año que –en conjunto–tendrán un efecto en la lucha contra la actividad criminal:

30 de enero de 2017: Se firmó la OE 2017-018 para modificar el Centro de Fusión y establecer mecanismos que permitan el mayor flujo de información entre las agencias federales, estatales, locales y no gubernamentales para combatir la criminalidad, proteger la seguridad de los ciudadanos y cumplir con la Ley Federal de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo.

1 de febrero de 2017: Se firmó el Acuerdo de Colaboración con las Autoridades Federales

  • Mantiene y refuerza la comunicación y coordinación de los task force entre las agencias locales y federales para casos de narcotráfico y trasiego ilegal de armas.
  • Aumentó a 10 el número de fiscales del Departamento de Justicia local que estarán en la Fiscalía Federal, y quienes podrán investigar y litigar casos en la corte federal con las mismas facultades que un fiscal federal.
  • Estableció la coordinación entre las agencias locales y federales en casos de narcotráfico y trasiego de armas.
  • Estableció que las agencias federales tienen jurisdicción primaria en ciertos casos de narcotráfico (grandes cantidades de drogas a través del aeropuerto), ‘carjackings’, ciertos robos a bancos y casos bajo el Hobbs Act (interferencia con el comercio interestatal por robo o extorsión, como robos a mano armada a negocios).
  • Se incluyó en el acuerdo de colaboración federal y estatal por primera vez delitos como corrupción gubernamental, crímenes de cuello blanco, explotación sexual de menores, trata humana y trato cruel de animales.

3 de abril de 2017: Se firmó una enmienda a la Ley 54 para brindar más apoyo a víctimas de violencia doméstica, permitiendo la presencia de intercesores o intercesoras, técnicos de asistencia a víctimas y testigos y, a discreción del Tribunal, personas de apoyo durante el testimonio de la víctima de incidentes de violencia doméstica.

10 de abril de 2017: Se firmó la Ley 20, la cual crea el Departamento de Seguridad Pública, uniendo administrativamente a la Policía de Puerto Rico, Negociado de Investigaciones Especiales, el Cuerpo de Bomberos, AEMEAD, Emergencias Médicas y 911 en aras de lograr mayor acceso a la información para combatir el crimen y promover una política pública uniforme en el área de Seguridad y Manejo de Emergencias.

19 de mayo de 2017: Firmó la Ley 27-2017, enmendando el Código Penal, para hacer más rigurosas ciertas disposiciones y penas; incorpora nuevos Artículos al Código Penal para atender en justa medida los reclamos de los ciudadanos para protegerse de la actividad delictiva que tiene la intención de interferir con la vida, propiedad y la seguridad de los puertorriqueños.

4 de agosto de 2017: Firmó la Ley 68-2017, para enmendar varios artículos a los fines de disponer que será un agravante disparar en una zona escolar o zona universitaria.

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