La demanda interpuesta por las aseguradoras Assured y Ambac, entre otras, no será considerada por el más alto foro judicial de Estados Unidos
(Washington DC) El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó este lunes a revisar la demanda presentada por las firmas de bonistas Assured Guaranty Corporation y Ambac Assurance Corporation contra el Gobierno de Puerto Rico, que buscaba elevar un reclamo por los pagos de bonos de ingresos especiales que surgieron de la quiebra en curso de Puerto Rico.
Esta disputa ha afectado al mercado de bonos municipales de los Estados Unidos de $3.8 billones. La acción del tribunal superior deja entonces una especie de nube oscura sobre este tipo de deuda, lo que podría aumentar los costos de endeudamiento para los gobiernos locales, el financiamiento de las escuelas y otros de emisores que buscan financiar proyectos de infraestructura, informó la agencia Reuters.
Los jueces y las juezas dejaron en vigencia el fallo del año pasado dictado por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, que determinó que los pagos de ciertos bonos de Puerto Rico garantizados por ingresos especiales no son obligatorios, sino opcionales, mientras la quiebra del emisor continúa.
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De acuerdo a informes de prensa, las agencias de calificación crediticia ya han puesto en revisión varias calificaciones especiales de bonos de ingresos que en algunos casos condujeron a rebajas, incluso a bonos de acueductos y alcantarillado de las ciudades estadounidenses de Cleveland y Dallas.
Las compañías de seguros de bonos demandaron a la Junta de Supervisión Fiscal alegando que los pagos de los bonos de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico por peaje prometido y otros ingresos no deberían detenerse durante la quiebra.
Efectos ulteriores de la decisión
Los bonos de ingresos representaron el 61% de la deuda de $406.5 mil millones vendida en el mercado municipal el año pasado, según datos de Refinitiv. Sólo ciertos bonos de ingresos califican como respaldados por ingresos especiales bajo el Código de Quiebras municipal.
James Spiotto, un experto en quiebras municipales de Chapman Strategic Advisors, dijo que ahora dependerá de los estados promulgar leyes para garantizar que sus gobiernos locales realicen pagos de deuda similares.
«De lo contrario, existe el riesgo de que los ingresos especiales (bonos) se traten como una inversión más arriesgada con costos de endeudamiento más altos», dijo Spiotto.
El Primer Circuito confirmó la desestimación del litigio por un juez federal que vio la quiebra de Puerto Rico, iniciada por la Junta de Supervisión Fiscal en 2017, en un intento de reestructurar alrededor de $120 mil millones de las obligaciones de deuda y pensiones de la Isla.
Las aseguradoras de bonos argumentaron que la decisión del tribunal inferior entraba en conflicto con la «interpretación establecida» del Código de Quiebra municipal y las protecciones para los bonos de ingresos especiales e impediría la capacidad de los municipios para financiar infraestructura crítica como alcantarillados y carreteras.
Por su parte, la Junta de Supervisión Fiscal argumentó que requerir pagos de este tipo de bonos socavaría su «derecho exclusivo» de proponer un plan de reestructuración que conduciría a la salida de la quiebra de Puerto Rico.