La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico tendrá ante su consideración una investigación sobre qué ingresos le generan a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o qué esfuerzos de cobro realiza la corporación por la utilización mancomunada de postes, cableado eléctrico y arrendamiento de servidumbres públicas y demás infraestructura del gobierno, por Luma Energy y por las compañías de telecomunicaciones.
Más sobre la medida
El 22 de junio de 2020, la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) otorgaron un contrato con el consorcio LUMA Energy para disponer por un término de 15 años la operación y mantenimiento sobre los activos de transmisión y distribución de la corporación pública, quien seguiría manteniendo la titularidad.
Este consorcio formado por ATCO, empresa canadiense operadora de sistemas eléctricos, y Quanta Services, proveedor de soluciones de infraestructura para la industria de energía eléctrica cuya sede ubica en Texas, fungiría como operador del sistema.
Casi un año después del otorgamiento del contrato, Luma Energy comenzó a operar el sistema eléctrico del país, específicamente el 1 de junio de 2021.
En el contrato quedó estipulado que el operador tendría derecho a recibir una compensación fija por $70 millones durante el primer año y de $105 millones para los siguientes años, entre el cuarto al decimoquinto, y además, durante esos mismos años se les pagaría una compensación basada en rendimiento de $13 millones por el primer año, que aumentaría hasta $20 millones.
En la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996 se dispone que la AEE podría cobrar una compensación razonable por el uso mancomunado de su infraestructura, principalmente de postes y cableado eléctrico a las compañías de telecomunicaciones certificadas y registradas ante el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET).
También podría cobrar el arrendamiento de servidumbres públicas, cónsono con los reglamentos del negociado y las leyes y reglamentos federales aplicables.
Además, establece que el Estado no será responsable por los daños causados a terceros por el mal uso dado por las compañías a sus equipos y a la propiedad pública arrendada.
La medida, de la autoría del senador Javier Aponte Dalmau, pretende investigar cómo se están realizando estos acuerdos mancomunados con las compañías de telecomunicaciones luego de la concesión de los activos, operaciones, funciones y servicios de la AEE al consorcio Luma Energy, y si es necesario enmendar la reglamentación vigente o crear un nuevo marco jurídico moderno y coherente, así como todo lo relacionado a la puesta en marcha de las operaciones del referido consorcio privado desde el 1ro. de junio del corriente.
Según se ordena en la Resolución del Senado 286, la Comisión deberá rendir un informe al Senado de Puerto Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de 60 días después de su aprobación.