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¿Es un delito violar una Orden Ejecutiva?

Te explicamos.

Desde julio de 2020, la Ley 66-2020 establece las penas por incumplir, desacatar o desobedecer una Orden Ejecutiva del gobernador o gobernadora de Puerto Rico, luego que se decrete un estado de emergencia, un desastre o se implemente un toque de queda.

La Ley 66-2020 enmendó la Ley 20-2017, conocida como Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, para disponer que toda persona que viole una orden ejecutiva será sancionada con una pena de reclusión que no excederá de seis meses, una multa que no excederá $5 mil o ambas penas a discreción del tribunal.

Lee aquí la Ley 66-2020

A partir de la medida, también se sanciona a quienes den un aviso inminente o una falsa alarma «a sabiendas que la información es falsa» o «difunda, transmita, traspase o circule» por cualquier medio de comunicación, incluyendo los de comunicación telemática, red social o cualquier otro medio, una falsa alarma, a sabiendas de que la misma es incorrecta.

Esto, provocando un riesgo «inminente» a la vida, la salud, la integridad corporal o la seguridad de varias personas. También, cuando ponga en peligro la propiedad pública o la privada.

En el caso de que el aviso o falsa alarma resulte en daños al erario, a terceros, a la propiedad pública o la privada excediendo los $10 mil o cuando la conducta resulte en lesiones o daños físicos a una persona, se incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término fijo de tres años.

También incurrirán en violaciones quienes no acaten las órdenes de desalojo emitidas por los departamentos o negociados, obstruyan medidas preventivas ordenadas por la gobernadora o las labores de desalojo, búsqueda, reconstrucción o evaluación e investigación de daños de agencias federales, estatales o municipales.

Incurrirán en delito quienes persistan en realizar cualquier actividad que ponga en peligro su vida o la de otras personas, después de haber sido alertada o prevenida por las autoridades.

De igual forma, incurrirán en delito los ciudadanos que incumplan, desacaten o desobedezcan un toque de queda, mientras esté vigente el estado de emergencia o desastre.

La ley destaca la necesidad de prohibir que personas utilicen las redes sociales o medios de comunicación masiva «para diseminar información falsa, con la intención de crear confusión, pánico o histeria pública colectiva en nuestro pueblo, mientras se encuentra vigente un estado de emergencia, desastre o toque de queda».

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