Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico NOTICIAS

Despidos por reorganización no necesitan acreditarse de forma particular para ser justificados

Bastará con demostrar que la reorganización o reestructuración empresarial responde a una decisión gerencial válida y no un mero capricho del patrono, según el Supremo.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que los despidos por razones de reorganización empresarial no necesitan acreditarse de una forma particular o específica, basta con que el patrono acredite que la reorganización o reestructuración empresarial responde a una decisión gerencial válida y no a un mero capricho o arbitrariedad por parte del patrono.

Lee el caso aquí: Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc, 2022TSPR31

En la opinión emitida por el juez Edgardo Rivera García, el Supremo reiteró el precedente del caso SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013), sobre la interpretación de la justa causa en el contexto de una reorganización empresarial según consignado en el Art. 2(e) y (f) de la Ley Núm. 80, mejor conocida como la Ley Sobre Despido Injustificado.

Los incisos (e) y (f) del Art. 2 de la Ley Núm. 80 incluyen las circunstancias que afectan el buen y normal funcionamiento de una empresa y que, por lo tanto, justifican el despido de empleados.

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Específicamente, los incisos antes mencionados consideran como justa causa para el despido de empleados “los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público” y “reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido o con el propósito de aumentar la competitividad o productividad del establecimiento”.

En este caso, el patrono despidió a 36 empleados, incluyendo al querellante, y justificó la cesantía como resultado de una reorganización y reducción de personal bona fide de la compañía. El querellante era presidente en dicha compañía.

El querellante presentó una causa de acción por despido injustificado, discrimen por edad, daños y perjuicios y violación a la Constitución de Puerto Rico contra el patrono y otras dos empresas.

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Alegó que, hasta la fecha de su despido, ocupó el puesto de presidente de la compañía desde el 1 de julio de 1980 y que la reorganización aludida fue un subterfugio del patrono para despedirlo discriminatoriamente por razón de edad en violación de la Ley Núm. 80, la Ley Núm. 100 y la Constitución de Puerto Rico.

El patrono alegó afirmativamente que el despido del recurrido estuvo justificado, toda vez que se debió a una reorganización bona fide de la compañía. Añadió que, en aras de enfrentar los nuevos retos del mercado, decidió cambiar los servicios rendidos al público por razones económicas. Sostuvieron que perdieron varios clientes principales, incluyendo el más importante, que representaba entre un 65% y 75% de su negocio. Además, expresaron que sus actuaciones con relación al empleo del querellante no fueron arbitrarias ni caprichosas sino que respondieron a razones legítimas, justificadas y relacionadas al buen y normal funcionamiento de la compañía. Específicamente, acreditaron las razones de negocio para restructurar la oferta de servicios de la empresa y, en consecuencia, la reducción de personal bona fide. Apuntalaron que las responsabilidades del querellante como presidente desaparecieron. Anejaron prueba documental que sustentaba las razones económicas para tomar esa decisión. Así también, presentaron prueba documental que demostró la merma de sus ingresos debido a la pérdida de sus clientes principales. Así las cosas, solicitaron la desestimación de la reclamación.

El Tribunal de Primera Instancia desestimó con perjurio la reclamación del querellado y resolvió que la decisión de cesantear al recurrido formó parte de un plan de reorganización y reestructuración.

Inconforme, el querellante acudió al Tribunal de Apelaciones. Allí se revocó a Instancia, ya que el foro intermedio entendió que existían hechos materiales en controversia. Además, el Tribunal de Apelaciones resolvió que, de la prueba presentada por las partes, no podía concluirse que el despido del recurrido estuvo motivado por la aludida reorganización empresarial. Específicamente, indicó que, según surge de los documentos ante su consideración, la empresa esbozó distintas razones para justificar el despido y que, por lo tanto, la controversia ante su consideración no debió de haberse atendido sumariamente. De forma similar, determinó que el patrono no pudo articular cómo la reorganización requerían el despido.

Insatisfechas, las empresas demandadas presentaron dos recursos ante el Tribunal Supremo. Alegaron que el Tribunal de Apelaciones erró en revocar la sentencia sumaria del TPI que concluyó que el despido fue justificado y no discriminatorio por edad.

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El Tribunal Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones y confirmó al Tribunal de Primera Instancia, por lo que la reclamación quedó desestimada sumariamente.

Para el Supremo, el despido en controversia estuvo justificado y no fue arbitrario ni caprichoso, ni estuvo motivado por razones discriminatorias.

“[E]l Art. 2 de Ley Núm. 80 reconoce que no se considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento. Así, para que los patronos puedan cesantear a sus empleados justificadamente sin la obligación de pagar la indemnización correspondiente, tienen que justificar esa decisión en alguna de las circunstancias esbozadas en los incisos (e) y (f) del referido artículo”, explicó el juez Rivera García en la opinión mayoritaria del Supremo.

Según el Supremo, si la razón esbozada alude al inciso (e), es decir, bajo la teoría de reorganización empresarial, la empresa no necesariamente tiene que alegar y probar que tuvo problemas económicos, sino que el patrono tiene que probar que, en efecto, se realizó una reorganización de buena fe, y que, como parte de ese plan, el empleado fue despedido.

En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, el Tribunal Supremo concluyó que un patrono no incurre en despido injustificado si la decisión del despido se toma como parte de una reorganización empresarial según dispone el Art. 2(e) de la Ley Núm. 80. Específicamente, se aclaró que tal reorganización debe ser bona fide, es decir, no puede ser producto del mero capricho del patrono, sino que debe ser producto de consideraciones relacionadas al manejo de la empresa. El Supremo concluyó que siempre y cuando responda a una reestructuración bona fide, el patrono puede “modificar su forma de hacer negocios a través de algún tipo de cambio dirigido a optimizar sus recursos y aumentar las ganancias, ya sea eliminando plazas, creando otras nuevas o fusionando algunas ya existentes como vehículo para enfrentar problemas financieros o de competitividad”.

Para que el patrono pueda justificar el despido al amparo del inciso (e) por reorganización debe “presentar evidencia acreditativa del plan de reorganización implantado, así como su utilidad”.

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Por otra parte, en relación con el Art. 2(f) de la Ley Núm. 80, el Supremo esbozó que “la situación económica provocada por la baja en la producción, ventas o ganancias en una empresa puede llevar al patrono a tomar medidas necesarias para limitar los gastos tales como disminuir la plantilla laboral”. Un patrono que pretenda justificar el despido al amparo del inciso 2(f) por disminución de ganancias debe presentar evidencia que acredite “la alegada disminución en la producción, ventas o ganancias”. El patrono debe establecer un nexo causal entre las circunstancias económicas de la empresa y la necesidad del despido.

El Supremo destaca que la Ley 4-2017 enmendó la Ley Núm. 80 para que se permitiera a los patronos una reducción de empleados con el propósito de aumentar la competitividad o productividad del establecimiento.

“Ahora bien, hoy aclaramos, y pautamos, que para demostrar justa causa, basta con articular y presentar prueba sobre una razón válida para el despido, como por ejemplo sería la reorganización empresarial de los servicios rendidos al público. En ese sentido, la obligación que impone la Ley Núm. 80, supra, de probar efectivamente el proceso de reestructuración, no está sujeta a que se acredite la existencia de un proceso o plan de reestructuración de una forma particular o específica. O sea, basta con que el patrono demuestre que la acción respondió a una decisión gerencial válida a la luz de las circunstancias y que no obedeció a un mero capricho o arbitrariedad, y así, tendrá que acreditarlo”, aclaró el Supremo.

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“En el presente caso, Intership le comunicó al recurrido que la razón de su despido fue resultado de una reorganización y reducción de personal bona fide de la compañía. Es decir, la empresa aludió correctamente a la circunstancia de reorganización provista por el Art. 2 inciso (e) de la Ley Núm. 80, supra. A su vez, mediante prueba documental, la empresa demostró que llevó a cabo una reorganización empresarial en aras de enfrentar la crisis económica que albergaba, adaptarse al mercado y convertir la compañía en una más competitiva”, continúa la opinión.

“Sostenemos que la reorganización y los cambios en los servicios rendidos al público son razones válidas y legítimas para el despido de un empleado y están expresamente contenidas en el inciso (e) del Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra”, concluyó sobre la controversia medular del caso.

Al no prosperar su reclamación por despido injustificado, tampoco lo hizo la reclamación bajo la Ley Núm. 100.

“Así las cosas, debido a que concluimos que el despido del recurrido fue justificado, consideramos igualmente improcedente su reclamación de discrimen por edad al amparo de Ley Núm. 100, supra, pues ante ello, el recurrido no logró establecer un caso de discrimen prima facie”, sostuvo el juez Rivera García.

El Supremo, que había aprovechado para definir las doctrinas patrono sucesor, único patrono, y de traspaso de negocio en marcha, también determinó que las mismas no aplicaban al caso.

El juez Luis Estrella Martínez emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el juez Angel Colón Pérez.

Allí, Estrella Martínez describió la opinión mayoritaria como una “flexibilización desmedida del estándar de adjudicación con respecto a la evidencia acreditativa exigida a un patrono del sector privado para justificar un despido por razón de un plan de reorganización empresarial”.

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“Más allá de su efecto en el caso de autos, la premisa conceptual en la que se ancla la Mayoría brinda una carta en blanco a los patronos para prescindir de su plantilla laboral fácilmente, so pretexto de reorganización. Esta determinación es contraria al precedente de este Tribunal que gobierna esta controversia y, además, infringe los postulados más básicos de la Ley Núm. 80”, sostuvo Estrella Martínez.

Según el juez, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, el Supremo fue enfático en que para poder justificar el despido de un empleado bajo el inciso (e) de la Ley Núm. 80, supra, “el patrono debe presentar evidencia acreditativa del plan de reorganización implantado, así como su utilidad”. Por tanto, y similarmente a cuando se utiliza la reorganización como razón para el despido, en el caso de cesantías al amparo del inciso (f) el patrono debe “presentar evidencia acreditativa […] de la alegada disminución en la producción, ventas o ganancias”.

“Exigir menos provocaría que los patronos tuviesen rienda suelta para despedir a los empleados o las empleadas por razones ajenas al buen y normal funcionamiento de la empresa”, sentenció la opinión disidente.

“[L]a ausencia de un plan reorganización per se, que detalle su utilidad, imposibilita que los tribunales ausculten si la reorganización exigía el despido del empleado en aras de salvaguardar el buen y normal funcionamiento del negocio o si se trata de una actuación arbitraria y caprichosa”, expresó el juez Estrella Martínez.

“Hoy, se avala que, en el futuro, un patrono despida a su plantilla laboral por razón de una reorganización sin que este tenga que evidenciar un plan de reorganización, así como su utilidad. Lamentablemente, esto provocará una avalancha insostenible de “reestructuraciones bona fide” en las que no existirá un nexo causal entre la reorganización y el despido”, sentenció el juez asociado en su disidencia.

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