Tras tres décadas de una intensa lucha el licenciado Raúl N. Carrero Crespo logró conseguir la segregación final de unos terrenos familiares y su adjudicación a los herederos a pesar de las vicisitudes que vivieron durante ese periodo, incluyendo procesos de lutos, desastres naturales, la pandemia por el COVID-19, entre otros.
“Bueno, el contexto es que muere mi bisabuela, dejando obviamente en herencia un solar de una cuerda aproximadamente. Deja tres hijos y les hereda ese solar. Pero, en ese solar en principio vivía mi bisabuela. Y eventualmente, cuando la gente crece, como muchas familias en Puerto Rico, uno de los hijos construye al lado y construyó su casa. Eventualmente, otro se casó y se fue a vivir con ella para cuidarla porque era muy mayor. Y después vino al cabo de los años la otra hija para hacerse otra casa, y técnicamente nadie tiene nada porque lo que tienen es un solar completo sin división”, dijo el licenciado en entrevista con Microjuris el asesor y abogado del Movimiento Cooperativo desde el 2007.
Carrero Crespo explicó que cuando era adolescente su abuela empeñó mucho dinero -y esfuerzo- para lograr que el predio de terreno que le heredó su madre en Rincón fuera inscrito a nombre de ella y de sus dos hermanos. De esta forma, según recordó, lograría tener el terreno donde edificó su hogar a su nombre.
Recordó que a principios de la década de los 90, del siglo pasado, usó de sus ahorros para pagarle a un agrimensor y a un abogado para lograrlo. El licenciado detalló que ambos profesionales cometieron un sinnúmero de errores: tanto el dinero como el esfuerzo se perdió. Ella, enfocada, contrató a un segundo abogado y le pagó más dinero al agrimensor para que corrigieran aquellos “errores” pero aquel segundo esfuerzo se perdió también, así como el dinero que invirtió.
Su abuela lamentablemente enfermó, sin lograr su objetivo. Años después, en el 2004, murió y nunca pudo resolver su asunto en casi 15 años.
“Graduado en 2006 como abogado, me propuse cumplirle el sueño a mi abuela Folla, y lograr que su solar tuviera su nombre, el cual, obviamente, lo heredó mi madre”, narró. “Obviamente, se contrataron los agrimensores correspondientes para adjudicar la herencia de cada uno. Como pasa también en muchas familias, nadie tiene ese dinero o solo uno es quien puede echar hacia adelante la situación porque son asuntos costosos. En ese caso fue mi abuela quien lo hizo, y que era la que mejor estaba en ese momento económicamente, y entre trabajos no bien hechos y dilaciones del registro, pues se fueron perdiendo mucho esfuerzo, mucho dinero. Pero, entonces como el registro se tarda tanto, no te enteraste que algo estaba mal hecho hasta años después”, agregó, quien posee su propia firma, Carrero Crespo Law Offices, PSC, en Hato Rey.
Algunos de los obstáculos que enumeró debido a la falta de titularidad es que ninguno de sus familiares podían hipotecar sus propiedades.
“Nadie podría hipotecar su propiedad porque nadie puede beneficiarse de ese derecho, porque como no tienes a tu nombre el solar no tienes una garantía real para poder decirle a una institución financiera ‘toma mi propiedad en garantía’. Eso es un problema que hubo siempre”, comentó el abogado.
“Obviamente se contrata otro agrimensor para que entonces se radicara, porque todo aquello se perdió, en lo que es ahora la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para que te den la autorización de segregación, y una vez te dan esa certificación, tuvimos que buscar un notaria que supiera sobre el tema; en nuestro caso nos asesoramos con abogados de muchos años. Se hizo, y se radicó en el 2016, y no es hasta el 2022, luego de múltiples llamadas e insistencias que lo obtuvimos”, agregó.
Añadió, además, que actualmente a pesar de que en Puerto Rico existe el conocimiento y la capacidad para resolver este tipo de asuntos de una forma práctica, no ha sido posible.
“En estos tiempos aun cuando tengamos la capacidad y el conocimiento para resolver unos asuntos, hay una burocracia que te paraliza todo, que te impide también prosperar como ciudadano. Eso que me pasó a mí, le pasa a miles de personas, hay miles de personas, específicamente fuera de las ciudades o áreas urbanizadas. Gran parte del culpable es el gobierno, que no es colaborador en el proceso, y el Registro de Propiedades debe registrar las leyes notariales, las leyes notariales deben simplificarse porque es muy complicado. Son cosas muy complicadas que los ciudadanos no las pueden costear ni las entiende”, sentenció.
Algunos de los cambios que sugirió que el gobierno debe evaluar establecer requisitos mínimos para establecer medidas más eficientes.
“La ciudadanía tiene un gran problema porque hay un desfase entre las necesidades del pueblo, obviamente, y cómo las agencias de gobierno trabajan”, opinó. “Cambios en ley que permitan ser más eficientes para que el estado les reconozca a los habitantes de estas propiedades la titularidad y que hayan unos requisitos mínimos en los cuales, obviamente, -ya sean por declaraciones juradas de los vecinos, familiares para que se simplifique la forma en la que las personas demuestran la titularidad, pero obviamente eso tiene que ser por cambios de legislación del propio gobierno, que actué como colaborador. Para esto, el gobierno tiene que reconocer que existe un problema de titularidad en Puerto Rico, y establecer como política pública poder ayudar a esos ciudadanos”, indicó.