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El decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce (PUCPR), Fernando Moreno Orama, aclaró que la notificación de la American Bar Association (ABA) sobre el «estándar 501» de las políticas de admisión es una medida de precaución.
Además de aclarar que la institución continúa acreditada y no está en probatoria, el decano explicó que, a principios de este año, la ABA envió un evaluador a la Escuela de Derecho para que rindiera un informe al consejo de la Section of Legal Education and Admissions to the Bar.
«Los resultados de su investigación fueron sumamente positivos y halagadores. […] La agencia reconoce que vamos por el camino indicado en términos de nuestra política de admisiones», aseguró el profesor.
El estándar 501 establece, entre otras cosas, que las escuelas deben adoptar políticas de admisión consistentes, que las escuelas solo pueden admitir estudiantes que parezcan capaces de completar el grado satisfactoriamente y lograr la admisión a la profesión legal, y que las escuelas no admitan o readmitan estudiantes que hayan sido descalificados previamente por razones académicas.
Moreno Orama, por su parte, señaló el estándar 501 de acreditación requiere que las escuelas de derecho adopten, publiquen y se adhieran a una política de admisiones consistente con la misión y el programa de educación jurídica de la institución. También comentó que requiere que solo se admitan personas que parezcan capaces de completar los requisitos del Juris Doctor y luego ser admitidos a la práctica.
«En términos generales, los requisitos del estándar son muy amplios y dan cierta discreción a las escuelas en cuanto a cómo llevar a cabo los procesos de admisión y los requisitos que cada institución tenga a bien imponer a las personas solicitantes», agregó.
Asimismo, el decano notificó que, según la ABA, el señalamiento de incumplimiento con el estándar surge al cambiar la fórmula del Examen de Admisión a Programas Graduados en Universidades (EXADEP) al Law School Admission Test (LSAT).
«A nosotros nos tomó por sorpresa porque es un área que trabajamos con sumo cuidado. Para nosotros el proceso de admisión es un asunto que no se puede medir meramente con números, por lo que además de los documentos nosotros realizamos entrevistas a todas las personas que estamos considerando para admisión», confesó.
De igual forma, mencionó que, cuando señalan algún incumplimiento, los estándares disponen un periodo de al menos dos años para alcanzar el cumplimiento.
«Ante ese cuadro, nosotros confiamos que la agencia reconsidere su determinación lo antes posible, pues pasan por alto ciertos aspectos importantes de nuestro proceso de admisión, al tiempo en que ignoran las diferencias culturales que existen nuestro país en cuanto a exámenes estandarizados en inglés como el LSAT», destacó.
En busca de diversidad y accesibilidad
Con relación a la política de admisiones de la Escuela de Derecho de la PUCPR, Moreno Orama indicó que la institución requiere de cada solicitante un bachillerato con un promedio de graduación de 3.00 o más, así como un LSAT con una puntuación de 135 o más.
Para los casos en las que las personas no cumplan con los números requeridos, el decano destacó que la política permite admisiones condicionadas que consiste en un análisis del expediente y se evalúa si tienen las cualificaciones necesarias para completar el grado.
Por otro lado, explicó que, para llegar a esos números, la escuela se basó en unos estudios estadísticos que buscan predecir el desempeño de cada persona en el Juris Doctor basado en el historial académico y LSAT. «Originalmente, ese estudio dependía más del EXADEP que del LSAT pues resultaba ser un examen más confiable».
«En resumen, responderemos oportunamente a la agencia acreditadora y seguiremos defendiendo la misión de nuestra Universidad de abrir las puertas de la comunidad jurídica a las personas del área sur y oeste de la isla, al tiempo que aportamos a un ecosistema legal más diverso y accesible», afirmó.
