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Como parte de la investigación sobre los procesos de la Ley Núm. 25 de 1992, que permitió la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico, citó a deponer a dos funcionarias del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
Durante la audiencia, la evaluadora de programas y encargada de la Oficina de Programas de Desvíos del DCR, Celia Cosme, confirmó que fue responsable de firmar la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez.
Según Cosme, el DCR obtuvo la recomendación para la excarcelación de Ávila Vázquez por parte de Physician Correctional, luego de no ser recomendado en tres ocasiones anteriores frente al mismo panel de médicos evaluadores. Finalmente, la empresa privatizadora del sistema de salud lo recomendó para la libre comunidad de manera unánime.
Asimismo, la funcionaria responsabilizó al juez Rubén Torres Dávila, quien enmendó la sentencia original del confinado.
«La sentencia original fue enmendada el 2 de diciembre del 2014 por el Hon. Rubén Torres Dávila y eliminó la oración de separación permanente de la sociedad. Por consiguiente, al momento de evaluarlo no tenemos elementos que nos señalen que hay un riesgo. Si la sentencia original hubiese prevalecido, ciertamente él no iba a ser excarcelado», sentenció.
También, destacó que la excarcelación de Ayala Vázquez se realizó con una certificación de la Oficina de Servicios a Víctimas de Delitos y previo a la integración a la libre comunidad, un técnico sociopenal orientó al confinado sobre las condiciones para ser excarcelado.
La encargada de la Oficina de los Programas de Desvíos afirmó que se hace una recomendación mediante un informe de parte de Physician Correctional por un panel de médicos, una evaluación de su persona encargada y el lugar donde será reintegrado a la libre comunidad. Luego de las evaluaciones, el confinado pasó meritoriamente todas las fases, por lo que fue firmada la excarcelación.
Por otro lado, la jefa de programas y servicios correccionales del DCR, Silkia María Figueroa Sierra, aclaró que no forma parte de la estructura organizacional del Negociado de Programas Especiales y de Rehabilitación, división que investiga, recomienda y supervisa los casos liberados al amparo de la Ley 25, según enmendada.
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«No tengo conocimiento de hechos relacionados a la excarcelación ni fecha de la misma», puntualizó. No obstante, en su ponencia mencionó que «fue copiada en un correo electrónico el 7 de marzo de 2022 donde la señora Cosme solicita de cuatro confinados, incluyendo al confinado Hermes Ávila Vázquez, la siguiente información: informe de evaluación de plan institucional, hoja de control sobre liquidación de sentencia, y el plan de salida propuesto para pase extendido por condición de salud. Además, refiere que los cuatro casos habían sido referidos esa misma tarde por Physician Correctional como favorables para la excarcelación bajo la Ley 25, por tener prognosis pobre y condiciones limitantes».
La deponente entregó a la comisión legislativa copia de todos los correos electrónicos en los que fue copiada y en los que se evidencian las peticiones y evaluaciones para la excarcelación de Ayala Ávila.
«No me consta cuándo el confinado fue trasladado al Complejo Correccional de Ponce-Región Sur. Amerita destacar que los traslados médicos no son notificados a esta servidora. No tengo información alguna sobre el nuevo hogar propuesto para el confinado, ni cuándo fue evaluado ni excarcelado. Es importante señalar que fui incluida en estos correos electrónicos porque en ese periodo de tiempo, entiéndase de marzo a octubre de 2022, el confinado se encontraba en una facilidad de la Región Norte», afirmó.
«La intención de este servidor es identificar cual es la raíz de situaciones de esta naturaleza y cómo resolverlas. […] Debemos enfocar nuestro esfuerzo: uno a la búsqueda del responsable; segundo a la búsqueda de patrones gerenciales; y tercero, en dónde enmendar las leyes para cambiar el sistema», señaló el presidente de la comisión, José Vargas Vidot.
A su vez, el presidente de la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico, José Luis Dalmau Santiago, recalcó que «esto pasó por una gran cantidad de personas, todas estas personas tuvieron la oportunidad de mirar todo el expediente y evaluarlo, […] una persona que puede caminar y todo, pudo burlar el sistema».
