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La legislación enmienda los artículos 11 y 37 de la Ley de Menores de Puerto Rico y la Regla 13.8 de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores para establecer requisitos de consentimiento para las grabaciones de interrogatorios y condiciones para la admisibilidad de declaraciones obtenidas sin grabación, con vigencia a los 180 días de su aprobación.
Profesionales del derecho y la salud mental recordaron que, según datos del Departamento de Corrección, un alto porcentaje de menores en instituciones juveniles presenta trastornos de neurodesarrollo, historial de maltrato o condiciones de salud mental no atendidas.
La medida que busca ampliar los casos en que los adolescentes pueden ser procesados como adultos reabre el debate sobre el alcance y los límites del sistema de justicia juvenil en Puerto Rico.
El caso: Ex parte Jagual Media, LLC
La Lcda. Sonia Ivette Vélez Colón analiza las implicaciones jurídicas del proceso seguido en el caso de Gabriela Nicole, una menor de 16 años cuya imputación como adulta plantea interrogantes clave sobre jurisdicción y debido proceso. Su reflexión convoca a repensar el rol del Ministerio Público y del Tribunal de Menores en casos de esta magnitud.
La medida fue aprobada en el Senado, y de concurrir la Cámara de Representantes con las enmiendas introducidas, el mismo pasaría para la firma del gobernador.