Mientras en Puerto Rico ecologistas y activistas del derecho ambiental protestan en contra del enriquecimiento y poder adquirido de las operaciones de Monsanto en Puerto Rico, el grupo ecologista Amigos de la Tierra, celebró el cierre de operaciones en Europa, de la multinacional desarrolladora de transgénicos BASF.
Según la portavoz de la compañía, Julia Meder, el cierre y traslado de las operaciones es debido a la poca aceptación del consumidor europeo de productos intervenidos genéticamente.
“Sólo España es aparentemente excepción pero, en conjunto, el mercado europeo es demasiado reticente”, explicó.
En 2004 la suiza Syngenta tomó una decisión similar. Además Monsanto, Dow y Dupont ya no mantienen centros de investigación en Europa, por lo que sólo Bayer mantiene centros en Europa en la actualidad.
A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha avalado la seguridad de estos productos, encuestas en Europa constataron que desde el 2010 se reportó un incremento en el rechazo de transgénicos. En el 2005 57% de los consumidores rechazaron los productos mientras que en el 2010 se reportó un rechazo del 61% de los consumidores.
«Los consumidores europeos, al contrario que la industria y los científicos, consideran que los organismos genéticamente modificados no ofrecen beneficios y son inseguros», manifestó Carel du Marchie Sarvaas, director de Biotecnología de Europa Bio.
El rechazo ha llegado a tal nivel que Francia, Alemania, Hungría, Grecia y Austria han prohibido el maíz cultivado en España, único país que ha mantenido márgenes decentes de aceptación.
Por su parte, los ecologistas de Amigos de la Tierra, celebran esta masificación de la consciencia alimentaria entre los consumidores europeos, afirmando que “la decisión de BASF en un aviso para firmas como Monsanto, Syngenta o Bayer, que siguen presionando para introducir cultivos transgénicos en Europa”.
“El ejemplo de BASF muestra que forzar la voluntad de los consumidores y de la gran mayoría de agricultores, ni siquiera es rentable económicamente”, aseguraron por medio de un comunicado.
Según el comunicado de BASF, la compañía trasladará sus operaciones a Estados Unidos y a América del Sur. En Europa cerrarán tres laboratorios, uno de los cuales será reubicado en Carolina del Norte.
BASF no comercializa directamente productos agrícolas, sino que colabora con empresas como Bayer y Monsanto, quien en la actualidad tiene operaciones en Puerto Rico. Con ellos desarrolla las semillas modificadas, que se distribuyen a través de estos socios.
BASF logró en 2010 la licencia de cultivo de una papa transgénica, que contiene más almidón de uso industrial que una papa normal.
En Puerto Rico
En Puerto Rico la realidad es otra. Según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), medidas promovidas por el gobierno de Puerto Rico han ayudado a que en la isla ocho de las más importantes compañías de modificación genética de semillas produzcan y distribuyan productos a Estados Unidos y al mundo.
Entre ellas se encuentra la compañía Monsanto con operaciones en Isabela y Juana Díaz. Monsanto, muy a pesar del límite de 500 acres establecido por la Constitución de Puerto Rico en su artículo VI como permisible para las compañías de agricultura, renta alrededor de 1,500 acres para su operación. Así quedó establecido en una opinión confidencial del Secretario de Justicia Guillermo Somoza, para la Compañía de Fomento Industrial; y que el CPI hiciera pública durante el mes de mayo 2013. Las tierras alquiladas pertenecen a diferentes personas privadas y al mismo gobierno.
Las otras compañías establecidas en la isla son las estadounidenses AgReliant Genetics LLC (Santa Isabel); Dow Agrosciences LLC (Santa Isabel); U.S. Illinois Crop Improvement Association Inc. (Juana Díaz); Pioneer Hi-Bred (Salinas, Santa Isabel, Guayama y Juana Díaz); Rice Tec Inc. (Lajas); la alemana Bayer CropScience LP (Sabana Grande) y la suiza Syngenta AG (Juana Díaz y Salinas).
La existencia de este número de compañías muestran lo lucrativo de este negocio en Puerto Rico, que figura como uno de los cinco centros más importantes de investigación de transgénicos alrededor del mundo, en unión a Nebraska, Illinois, Hawaii y Iowa, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
A pesar de que la agricultura natural en Puerto Rico es un negocio casi muerto, el gobierno ha provisto tierras y atractivos incentivos para que esta producción de transgénicos continúe teniendo éxito. A tales efectos, el gobierno le provee a estas compañías los mismos incentivos que a los agricultores locales bonafide. Según una fuente del CPI asociada con el Departamento de Agricultura federal, el subsidio de fondos públicos que se les otorga a estas compañías alcanza anualmente casi medio millón de dólares.
Proyecto del Senado 624
Hace escasamente unos meses, se celebró la última vista pública sobre el Proyecto del Senado 624. Este proyecto de la autoría del senador Ramón Luis Nieves, propone la creación de un Programa de Certificación de Semillas, adscrito al Departamento de Agricultura. La medida recomienda la creación de una Junta de Semillas y la emisión de licencias como parte de la regulación de su producción y venta.
A esta vista se citó a la multinacional Monsanto, quien envió misiva justificando su ausencia. Según la comunicación, firmada por el gerente de una de las plantas locales de la empresa, Eric Torres Collazo, la empresa no está sujeta a la fiscalización de la legislatura estatal. Ello, según la misiva, porque Monsanto «no produce, ni vende, ni ofrece o expone para la venta semillas básicas o semillas certificadas (según dichos términos son definidos en la medida) con propósito de siembra en Puerto Rico».
El senador Nieves, recalcó en la vista la importancia de garantizar la pureza genética de las semillas que se cultiven en Puerto Rico. También expresó que este proyecto de ley fomentaría garantías para la seguridad alimentaria del pueblo, puesto que al momento no existen mecanismos suficientes de «fiscalización para alcanzar el citado objetivo».
Este no ha sido el primer proyecto presentado a esos finales. En abril de este año, la senadora María de Lourdes Santiago y el senador Larry Seilhamer presentaron el Proyecto del Senado 524, que enmienda la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos de Puerto Rico para que se requiera que todo alimento preparado o procesado con ingeniería genética sea rotulado para que el consumidor pueda identificarlo.
Ninguna de las leyes ha sido aprobada al momento.