Un amplio grupo de organizaciones de profesionales, gubernamentales, organizaciones de base comunitaria e individuos relacionadas a distintas áreas de la salud se unieron en una resolución de apoyo a la descriminalización de la marihuana y en apoyo al Proyecto del Senado 517. El proyecto de la autoría del senador Miguel Pereira se encuentra bajo evaluación en la Cámara de Representantes.
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La “Resolución de Política Pública Salubrista sobre la Descriminalización de la Marihuana” es el título del documento entregado esta semana a la Comisión de Asuntos de lo Jurídico de la Cámara, que tiene a su cargo la evaluación del proyecto. El mismo esta firmado, entre otros, por el administrador interino de Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA), José A. Flores; el psiquiatra José A. Franceschini; la presidenta de la Asociación de Psicología, Sheilla Rodríguez Madera; el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Eduardo Ibarra; la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, Guetzaida Núñez; el director ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal, Federico Rentas; el presidente de la Comisión para el Estudio de la Criminalidad y las Adicciones, Salvador Santiago; Carmen Milagros Vélez de la Escuela de Salud Pública de la UPR; y el director de Iniciativa Comunitaria de Investigación, José Vargas Vidot.
También firman el documento el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Larry Alicea; el director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico, Rafael Torruella; la presidenta de NAMI (National Association of Mental Illness), Sylvia Arias; y José Oscar Carrasquillo, del Comité Adhoc de Prevención y Tratamiento del Uso Problemático de Sustancias.
La extensa resolución sostiene, entre otros señalamientos, que la Organización de Naciones Unidas, desde los años 60, estableció que a un usuario de sustancias no se le deben aplicar sanciones que le produzcan más daño que el uso de la sustancia misma y que el estado de la ley actual expone al usuario de sustancias a daños mayores al mismo consumo como resultado del proceso de encarcelación y criminalización.