Declaraciones de la presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR), Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, sobre el arresto del juez Manuel Acevedo Hernández:
El FBI en Puerto Rico ha estado tratando el caso que confronta el juez Manuel Acevedo Hernández por capítulos para dar la impresión, cada vez que se da un nuevo episodio, de que se trata de casos adicionales y tener, una vez más, la oportunidad de repetir lo que consideramos el efecto principal de su mensaje, desprestigiar a la Rama Judicial de Puerto Rico, y en el proceso, justificar la intervención de las agencias federales en asuntos que nuestras agencias pueden atender.
Se trata de una novela por entregas para reiterar la supuesta corrupción en la judicatura ya que, si tuvieran más casos —y tal como se les ha reclamado en el pasado— deberían presentar la evidencia y no fermentar esta bola de nieve hiperbólica que salpica a los demás jueces y juezas del país injustificada e injustamente. Una golondrina no hace verano, por lo que proyectar reiteradamente en los medios de comunicación que hay una corrupción generalizada en nuestra Rama Judicial a base de uno solo o varios casos, deja mucho que decir de estas actuaciones del FBI en nuestro país.
Ciertamente, si hay una jueza o juez corrupto hay que investigarlo y seguir los procedimientos, hay que respetar la presunción de inocencia y hay que probar en su día en corte la culpabilidad más allá de duda razonable en un juicio justo. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) siempre ha rechazado la corrupción en cualquier esfera institucional del país, reconociendo al mismo tiempo el deber ministerial y la capacidad que tienen las agencias del gobierno de Puerto Rico para investigar y procesar todo acto contrario a la ley. En las ocasiones en que un miembro de la judicatura le ha fallado a la confianza del pueblo, la Rama Judicial de Puerto Rico ha demostrado que tiene el compromiso de atajar la situación, cuenta con los recursos profesionales y técnicos para investigar, supervisar y disciplinar a sus jueces y juezas.
El anuncio de la investigación de nuestra Rama Judicial que en los últimos meses de 2013 hiciera el Sr. Carlos Cases, director del FBI en Puerto Rico, a los efectos de que en la judicatura puertorriqueña no hay “vacas sagradas”, proyectó ante la opinión pública, que existe un problema de corrupción generalizada en dicha rama de gobierno, y que esa es la razón por la cual necesita ser investigada, esas expresiones fueron rechazadas por nuestra Junta de Gobierno.
El CAPR reitera su apoyo a los jueces y juezas de Puerto Rico que ejercen sus funciones y labores con independencia judicial y criterio propio, así como a los y las fiscales y a todos los abogados y abogadas de defensa que, al igual que nuestra judicatura, llevan a cabo su labor de forma honorable, respetando los preceptos estatutarios y constitucionales y con observancia de los cánones de ética que rigen a todos y todas.
De interés: Declaraciones de la Jueza Presidenta ante arresto del juez Manuel Acevedo Hernández (29 de mayo de 2014)