La Rama Judicial de Puerto Rico solicitó a la Asamblea Legislativa que reduzca de la asignación presupuestaria que le corresponde por la fórmula el mismo 7.4% que se le disminuye a las otras Ramas de Gobierno. La Directora Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), Hon. Sonia Ivette Vélez Colón, en vista pública ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, aseguró que el trato que se le provee a la Rama Judicial en la asignación presupuestaria es desigual en comparación con las demás entidades gubernamentales ya que en vez de reducirle un 7.4% le disminuye el doble, un 14.2% al tomar como base el presupuesto actual sin considerar el aumento en recaudos que hubo en el Fondo General. Ese ejercicio no es cónsono con la propuesta de la Rama Ejecutiva de que todas las agencias y dependencias de las tres ramas de gobierno aporten equitativamente a la crisis fiscal que enfrente el País. La judicatura propone que se le asigne lo que correspondería por fórmula y a ese total se le haga el ajuste igual a las demás entidades gubernamentales.
“Para este año fiscal, el cálculo por fórmula, unido al ajuste por el cierre del año fiscal anterior, conllevaría una asignación presupuestaria total para la Rama de $376.9 millones. Esta asignación que, como cuestión de hecho, resulta cónsona con las proyecciones que sirvieron de base para la toma de decisiones administrativas y para delinear nuestros planes y proyectos, garantiza que la Rama pueda cumplir con compromisos programáticos que impactan el presupuesto del próximo año fiscal 2014-2015”, explicó Vélez Colón.
No obstante, el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) toma como base la cantidad asignada por fórmula a la Rama Judicial para el año fiscal corriente que es $348.8 millones. A dicha cantidad le reduce el 7.4% correspondiente al ajuste proporcional a la Ramas de Gobierno lo que deja la asignación del Fondo General a la Judicatura en $322.9 millones.
“Tal como está estructurado, el presupuesto recomendado para la Rama Judicial echa a un lado la aplicación de la fórmula presupuestaria y, de manera arbitraria, fija como asignación para el próximo año fiscal una cantidad equivalente al presupuesto corriente. Como si esta medida no resultara suficientemente gravosa, la norma propuesta requiere que a dicho presupuesto reducido se le aplique una reducción adicional de 7.4%. El efecto combinado de la omisión de aplicar la fórmula presupuestaria y del referido ajuste supone que la Rama Judicial estaría enfrentando una reducción presupuestaria de 14.2%”, aseguró la Directora de la OAT.
“Bajo este mecanismo, ni siquiera se honra la garantía establecida a raíz de la aprobación de la Ley 286-2002 para que el Poder Judicial nunca reciba para un nuevo año fiscal una cantidad menor a la recibida en el año fiscal anterior”, añadió Vélez Colón. En términos de reducción, tal como está presentado el presupuesto, la Rama Judicial enfrentaría una reducción de $53.9 millones.
“Una reducción presupuestaria como la que se propone conllevaría serias consecuencias para los planes y proyectos ya encaminados, en el acceso a los tribunales y en los compromisos contraídos, todos basados en las proyecciones presupuestarias apoyadas en nuestra fórmula y en la confianza en que ésta se honraría. Nos referimos a proyectos emblemáticos y de probada efectividad en la atención de problemas sociales como son nuestras salas de drogas, salas de violencia doméstica, de salud mental y el proyecto de Justicia para la Niñez” alertó la Directora de la OAT.
La propuesta de la Judicatura implicaría la aplicación de la fórmula, lo que representaría una asignación de $376.9, a la que se le reduciría el 7.4% para una asignación total de $352.1 millones.
“Esta propuesta requiere que la Rama Judicial tome las medidas necesarias para tratar de compensar la disminución en los ingresos que le corresponderían para el próximo año fiscal. Es por ello que nos hemos adentrado en un proceso de evaluación de medidas de reducción de gastos”, adelantó Vélez Colón. Entre esas medidas señaló la renegociación en el canon de arrendamiento con los caseros privados, el cierre de tribunales periferales, el cobro de los arrendamientos por los espacios que ocupan en los centros judiciales agencias del ejecutivo como el Departamento de Justicia, la posible disminución de horarios de servicio, disminuir considerablemente los proyectos como las Cortes de Drogas, la detención de la expansión de la salas de violencia doméstica y de asesinato, recortes en servicios de seguridad y la congelación en la ocupación de los puestos vacantes.
“El impacto presupuestario de estas medidas representa apenas un ahorro proyectado de $10 millones, si se concretan todas y cada una de las propuestas a inicios del nuevo año fiscal. Ello significa que la Rama Judicial tendrá que identificar de manera urgente otras medidas de ahorro que inevitablemente trastocarán el servicio”, añadió la Directora de la OAT.
La funcionaria aclaró que la Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta, ha sido firme en mantener la política pública de seguridad de empleo para los funcionarios y funcionarias de la Judicatura por lo que no contemplan la posibilidad de despidos.
En su ponencia Vélez Colón destacó algunos de los proyectos más significativos de la Judicatura, entre ellos el Programa Experimental de Acceso de Cámaras a los Procesos Judiciales, su Programa Educativo, el Proyecto para la Atención de Asuntos de Salud Mental, la creación de la Comisión de Acceso a la Justicia y los múltiples proyectos de tecnología destinados a agilizar la labor judicial.
También destacó el desempeño judicial al anunciar que el índice de resolución del Tribunal de Primera Instancia para el año fiscal 2012-2013 fue de 100.7%. La cantidad de casos presentados en ese periodo fue de 310,906.