La Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte manifestó preocupación ante los reclamos que han vocalizado distintos funcionarios públicos así como representantes de organizaciones cívicas y del público general solicitando la pena de muerte para los acusados de la Masacre de Los Frailes. Al tiempo en que expresó su solidaridad con las víctimas y los familiares de los afectados, la Coalición reiteró su rechazo a la pena de muerte como una alternativa para manejar el crimen y la violencia en el País.
En Puerto Rico, la pena de muerte está expresamente prohibida en la constitución. Para que un caso se certifique como uno de pena de muerte, se requiere que las autoridades federales asuman la jurisdicción sobre el caso. La información que se ha hecho pública en el caso de la Masacre de Los Frailes permite concluir que, hasta el momento, el caso se dilucidará ante el Tribunal estatal, donde no existe la pena de muerte.
Según la Coalición durante los últimos días algunas personas han aprovechado esta coyuntura para hacer reclamos públicos a favor de la pena de muerte. Mientras que estos responden a la furia y también al deseo de venganza, sólo crean desinformación y amenazan con poner en tela de juicio el respeto a los derechos humanos en Puerto Rico, se adujo mediante comunicado de prensa.
“Es momento de tener una reflexión profunda para atender el grave problema de criminalidad que nos arropa. No obstante, la alternativa no puede ser añadir más violencia a la sociedad mediante la pena de muerte. Este aberrante castigo no resuelve el problema; lo complica”, expresó el Lcdo. Osvaldo Burgos, Coordinador de la Coalición.
A estas expresiones se unió la Lcda. Evelyn Román, quien señaló que “[l]a pena de muerte ha probado ser inefectiva para disminuir el crimen. Los asesinos no tienen en mente la pena antes de actuar por lo que esta tampoco es un disuasivo para la actividad criminal. En todo caso, la pena de muerte es inhumana, cruel, barbárica e irreversible. Además, este castigo se aplica de manera discriminatoria y las pocas garantías de confiabilidad que tiene nuestro sistema de justicia ha permitido que el Estado asesine incluso a inocentes”. Por su parte, la Lcda. Ariadna M. Godreau Aubert también miembro del Comité Coordinador de la Coalición manifestó qué “[e]stamos solidarias y solidarios con las víctimas y con sus familiares, quienes han sufrido un crimen atroz que no tiene justificación. Lo ocurrido es lamentable y nos obliga a mirar las situaciones de violencia e inequidad en nuestro País. Sin embargo, ni este hecho ni ningún otro puede llevarnos a considerar la pena de muerte. La pena de muerte es contraria a los derechos humanos. Creer en los derechos humanos es creer en los derechos humanos de todas las personas, incluso de aquellas que han sido acusadas o que resultan culpables tras un proceso criminal”.
Durante los pasados diez años, siete casos se han certificado en el Tribunal Federal de Distrito como elegibles para la pena de muerte. En todos estos casos el jurado rehusó aplicar la pena de muerte. En reiteradas ocasiones, Puerto Rico se ha manifestado como un País respetuoso de los derechos humanos y en particular del derecho a la vida, negándose a reconocer el poder del Gobierno a acabar con la vida de una persona. En momentos como estos, donde la violencia y el dolor nos sobrecogen, no podemos perder de perspectiva los valores que precisamente nos unen como Pueblo.