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Decidido: 31 de marzo de 2015
El Congreso de los Estados Unidos creó el programa de Medicaid amparado en la cláusula de gastar dinero de la Constitución federal. Dicha cláusula permite condicionar el dinero a los estados a cambio de que estos cumplan con unas condiciones determinadas. Para que el estado de Idaho pudiera recibir fondos Medicaid, tuvo que adoptar un plan que incluía un programa para proveerle servicios médicos a algunos tipos de pacientes en sus hogares. Dicho programa se regiría por la sección 30 (A) del Medicaid Act y disponía que los reembolsos para los proveedores serian eficientes, económicos y de calidad de cuidado para que permitieran enlistar suficientes proveedores para la población en general. No obstante, el Medicaid Act no provee para que personas privadas presenten una causa de acción si el estado incumple con el Medicaid Act. El único remedio que el Congreso autorizó es que el Secretario del Departamento de Salud federal le retuviera los fondos a los estados.
Unos proveedores del programa de servicios médicos demandaron a dos oficiales del Departamento de Salud y Bienestar Social del estado de Idaho. Alegaron que al estado no aumentar las tarifas de reembolso a los proveedores, no se estaba cumpliendo con los requisitos preceptuados en la sección 30 (A) del Medicaid Act. También arguyeron que, aunque el Medicaid Act no les permitía llevar una causa de acción, estos tenían la misma al amparo de la cláusula de supremacía de la constitución federal.
El Tribunal de Distrito federal, a través de sentencia sumaria, determinó que el estado de Idaho no les había pagado a los proveedores conforme a la sección 30 (A). El Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito confirmó dicha determinación y dictaminó que los proveedores poseían un derecho implícito bajo la cláusula de supremacía de la Constitución federal para solicitar un remedio de interdicto contra la implementación de una acción estatal que viole una ley federal.
La controversia del presente caso es la siguiente: ¿la cláusula de supremacía de la Constitución federal le otorga a los proveedores de servicio una causa de acción privada contra un estado que incumpla con una disposición del Medicaid Act?
En una decisión dividida en 5-4, el Hon. Antonin Scalia emitió la opinión mayoritaria del Tribunal. Manifestó que el propósito de la cláusula de supremacía de la Constitución federal es instruir a los tribunales que la ley federal prevalecerá sobre una ley estatal en caso de que ambas se contradigan. Pero indicó que dicha cláusula no crea causas de acción para individuos privados. Por otro lado, esbozó que el Medicaid Act pudo permitir causas de acción por parte de individuos pero el Congreso no lo explicitó. Señaló que el Congreso dispuso como remedio exclusivo, ante dicho escenario, la privación de los fondos federales por parte del Secretario de Salud federal. Señaló que el remedio de los demandantes está disponible a través del Departamento de Salud federal y no en los tribunales.
La Hon. Sonia Sotomayor emitió la opinión disidente. Indicó que un “injuction” es un remedio en equidad y que las cortes lo pueden otorgar de manera discrecional. Expresó que se puede solicitar dicho remedio cuando una parte alega que una acción por parte de un estado lo está afectando y la misma está en contravención de la Constitución o las leyes de los Estados Unidos. Manifestó que si el Congreso desea limitar que los tribunales expidan remedios de equidad, tiene que explícitamente indicarlo en la ley.
Reseña por Joel Pizá Batiz