El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció nuevas regulaciones y políticas dirigidas a promover la transparencia, la consistencia y la rendición de cuentas, a la vez que promover un mayor respeto por la privacidad de los ciudadanos.
La conferencia —reseñada por el diario The New York Times—fue dirigida por la abogada Sally Q. Yates, quien entre otros anuncios, expresó que la nueva política limita qué tipo de información puede ser recopilada, cómo será almacenada y pone límites al alcance de la tecnología que puede ser utilizada para investigar a terroristas fuera del país. Yates aclaró que esta política no aplica a oficiales de la policía locales, sino que estas nuevas políticas aplicarán a investigaciones domésticas realizadas por agencias federales, incluyendo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Alguaciles Federales y la Administración para el Control de Drogas. Estas aplicarían a agencias locales si estuvieran trabajando en conjunto con una agencia federal.
Uno de los artefactos para los que habrá límites es el dispositivo de rastreo Sting Ray. Este objeto se utiliza para engañar a los teléfonos para que se conectan con el objeto como si fuera una torre de comunicación. Esto permite que las autoridades determinen la localización del teléfono rastreado. Al hacer esto, el equipo también se conecta con otros teléfonos en el área, permitiendo que los investigadores recopilen información sobre personas sospechosas de haber cometido delitos. El Sting Ray también recopila fotos, mensajes de texto y otros datos que posea el celular. Hasta el día de ayer, no existían políticas sobre la recopilación y almacenamiento de información que se obtuviera utilizando artefactos como este. De ahora en adelante se crearon reglas más uniformes. En específico, los investigadores no podrán utilizar el artefacto para obtener correos electrónicos o mensajes de texto. Además, toda la información que se obtenga se borrará diariamente.
Por otra parte, se requerirá a los agentes que conferencien con los fiscales antes de utilizar el artefacto, y que luego informen a un juez sobre el propósito de utilizarlo.
Nathan Freed Wessler, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) elogió la decisión del Departamento federal de Justicia, pero expresó que esta política se podría extender a los estados o agencias locales que hayan tomado prestados estos artefactos de oficinas federales o los hayan comprado utilizado dinero federal.