Descarga el documento: Michigan v. Environmental Protection Agency
Decidido: 29 de junio de 2015
El Congreso aprobó la Ley de Aire Limpio (“Clean Air Act”) y ordenó a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) a establecer una variedad de programas regulatorios para controlar la contaminación del aire proveniente de fuentes inmóviles como las refinerías y factorías. También el Congreso ordenó regular la contaminación de fuentes móviles como los automóviles y aviones. Uno de esos programas es conocido como Estándares Nacionales de Emisión de Contaminantes Peligrosos de Aire (“National Emissions Standards for Hazardous Air Pollutants Program”) y fue establecido en el año 1990. Dicho programa ayuda a combatir y desalentar el uso de 180 contaminantes de aire provenientes de fuentes inmóviles como las factorías y refinerías.
La aplicabilidad de dicho programa depende de la cantidad de sustancias contaminantes que emite la fuente regulada. Por ejemplo, si la factoría emite más de diez toneladas de un solo contaminante al año, o 25 toneladas de una combinación de estos, se considera una fuente de contaminación mayor.
No obstante, a través de una enmienda a la Ley de Aire Limpio en el año 1990, el Congreso estableció un procedimiento único y especial para determinar la aplicabilidad del antes descrito programa a las plantas de energía que funcionan a base de combustibles fósiles. El Congreso ordenó la confección de un estudio y, si la Agencia encontraba que la regulación era apropiada y necesaria luego de los resultados, la EPA podría regular las emisiones de contaminantes al aire de las plantas de energía a base de combustibles fósiles (“power plants”).
En el año 2000, la EPA consideró apropiado dicha regulación. Luego de varios cambios de política pública como resultado de cambios en administraciones, en el año 2012 la EPA reiteró nuevamente que era necesario la regulación de las plantas de energía. Pero la EPA determinó que bajo la sección 7412 de la Ley de Aire Limpio no estaba obligada a realizar un análisis del impacto económico que representaban dichas nuevas regulaciones y si las mismas se justificaban a la luz de los beneficios que representaban para el ambiente. Posteriormente, 23 estados demandaron a la EPA por ésta no haber considerado los costos de implementación, que ascienden a unos $10 billones anuales. El Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia determinó que la sección 7412 no obligaba a la EPA considerar los costos de implementación a la hora de imponer las regulaciones. Inconformes, los 23 estados acudieron al Tribunal Supremo federal.
La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Emitió la EPA una decisión irrazonable cuando le impuso regulaciones a las plantas de energía que funcionan a base de combustibles fósiles sin antes haber considerado los costos de implementación que representaban dichas regulaciones?
El Hon. Antonin Scalia emitió la opinión del Tribunal, el cual estuvo dividido en 5-4. Manifestó que el estándar de adjudicación establecido en Chevron U. S. A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U. S. 837 (1984) requiere que los Tribunales le otorguen deferencia a una agencia cuando ésta aplica una disposición de ley ambigua. Pero también indicó que dicho estándar deferente requiere que la agencia haya realizado una interpretación razonable. Arguyó que en el presente caso el Tribunal no puede otorgarle deferencia irrestricta a la EPA por ésta no haber interpretado la ley de forma razonable. Indicó que la sección 7412 requiere que la regulación se imponga si la misma es “apropiada y necesaria”. Explicó que una determinación no puede ser “apropiada” si la agencia no considera los gastos de implementación que conllevan las regulaciones y si dichos gastos guardan relación con los beneficios que se busca obtener.
La Hon. Elena Kagan emitió una opinión disidente. Indicó que la sección 7412 no le exige a la EPA considerar costos de implementación en las primeras etapas de la regulación. Manifestó que la opinión mayoritaria está errada al inducir que si no se consideran los costos de implementación en las primeras etapas de la regulación, éstos nunca serán considerados.
Reseña por Joel Pizá Batiz