Descarga el documento: US v. Soto-Rivera
Mientras se dilucidaba esta controversia ante el Primer Circuito, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una opinión declarando inconstitucional la cláusula residual de la Ley del Criminal de Carrera Armado (ACCA, por sus siglas en inglés), que permitía considerar como crimen violento el portar ilegalmente un arma peligrosa, como una ametralladora. Este dictamen dio fuerza al argumento del convicto de que no debía ser sentenciado como criminal de carrera.
Anthony Soto Rivera fue arrestado y acusado de poseer ilegalmente un arma siendo exconvicto.
Resulta que el arma estaba alterada, y para efectos de acusación se consideraba como una ametralladora, lo que hace que se considere su posesión un delito violento. Esto por el supuesto potencial de riesgo de portar ese tipo de arma.
Soto Rivera se declaró culpable y admitió saber que el arma estaba alterada y que tenía convicciones previas. Según el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, dichas convicciones eran consideradas crímenes violentos.
El hecho de que las convicciones previas fuesen por lo que son considerados crímenes violentos es particularmente importante. Cuando una persona mayor de 18 años es convicta de un tercer delito violento, se le denomina un “criminal de carrera” y se expone a que las penas aplicables a su sentencia sean las más altas dentro de las guías de sentencia para casos criminales en la jurisdicción federal.
Los criterios para determinar que un delito es “crimen violento”, si el delito tiene una pena de más de un año de prisión, y tiene algún elemento de uso, intento de uso o amenaza de fuerza física contra otra persona, o si constituye robo y escalamiento, incendio, extorsión, involucra explosivos, o es una conducta que presenta un potencial de riesgo de daño corporal a otra persona.
Durante su sentencia, Soto Rivera no se opuso a ser considerado criminal de carrera. El concepto subyacente para considerar la portación de un arma de un delito violento es que, al ser una ametralladora un arma peligrosa, su portación supone “una conducta que presenta un potencial de riesgo de daño corporal a otra persona”, según indica la cláusula residual en la definición de crimen violento en las guías de sentencia.
En apelación, Soto Rivera quiso impugnar la sentencia, argumentando que la posesión de un arma no es un crimen violento y que no debe ser considerado criminal de carrera.
De ordinario, el Primer Circuito consideraría el asunto renunciado y sólo podría evaluarlo bajo el estándar de error evidente, ya que Soto Rivera no objetó oportunamente las determinaciones del juez para la sentencia. Sin embargo, los abogados del estado se allanaron a que se evaluara el asunto de nuovo por el Primer Circuito.
Mientras la apelación estaba pendiente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió su opinión para el caso Johnson v. United States. En la opinión, el tribunal declaró inconstitucional por vaguedad una cláusula residual en la Ley del Criminal de Carrera Armado (ACCA, por sus siglas en inglés) que es idéntica a la cláusula aplicable a Soto Rivera en este caso.
Es decir, incrementar la pena a un llamado criminal de carrera cuando su conducta presenta un potencial de riesgo de daño corporal a otra persona viola el debido proceso de ley del convicto.
Fiscalía federal indicó que reconoce que la inconstitucionalidad de la cláusula en la Ley ACCA, hace evidente la inconstitucionalidad de la provisión idéntica en las guías de sentencia.
A pesar de ello, fiscalía federal intentó que el Primer Circuito mantuviera el dictamen del Tribunal de Distrito, argumentando que un comentario explicativo ligado a la provisión sobre crímenes violentos en las guías mantiene viva la provisión inconstitucional en cuanto al uso de armas como una ametralladora. Según fiscalía, este hecho, ligado a la admisión de Soto Rivera, debe servir para declararlo criminal de carrera y aplicarle la sentencia máxima por ley.
El Primer Circuito no compró el argumento de fiscalía federal y dijo que claramente, sin la cláusula residual, el comentario es incompatible con el texto de la ley, por lo que el comentario debe ceder a lo que expresamente señala la ley.
Sin la cláusula que declara crimen violento toda aquella conducta que “presenta un potencial de riesgo de daño corporal a otra persona”, no se puede decir que poseer una ametralladora sea un crimen violento.
El delito de poseer un arma, por más peligrosa que pueda parecer, no es un crimen violento. Por ello no se puede sumar dicha convicción a los antecedentes penales de un criminal para declararlo criminal de carrera.
El Primer Circuito desestimó la sentencia, y devolvió el caso al Tribunal de Distrito para que se sentencie a Soto Rivera de manera consistente con esta opinión.
Reseña por el Lcdo. Cristian González