Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Oficina de Ética Gubernamental v. Raquel Concepción Bonilla

El caso trata sobre una violación al Art. 3.2 (h) de la Ley de Ética Gubernamental y al Art. 6(A) del Reglamento de Ética Gubernamental. «

«En esta ocasión, nos corresponde determinar si el concepto de unidad familiar expuesto en el Art. 3.2 (h) de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1801 et seq. (Ley de Ética Gubernamental), incluye a hermanos, hermanas, cuñados o cuñadas. Entendemos que la definición de unidad familiar que ofrece la Ley de Ética Gubernamental, supra, es clara y no incluye a estas personas, salvo que residan legalmente o dependan económicamente del funcionario público. Por ello, revocamos al Tribunal de Apelaciones que confirmó un dictamen de la Oficina de Ética Gubernamental (O.E.G.) en el cual no se consideró esta definición y se le impuso una multa administrativa a la Sra. Raquel Concepción Bonilla.» 

Lea el caso completo:  [2011TSPR184].

El caso proviene del Tribunal de Apelaciones Región Judicial de San Juan, Panel II.  La juez ponente fue la Hon. Carmen A. Pesante Martínez. El abogado de la parte peticionaria fue el Lcdo. José R. Conaway Mediavilla y de la parte recurrida es la Lcda. Sara B. González Clemente y el Lcda. Massiel Hernández Tolentino.

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