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Justicia evalúa ir al Supremo federal tras decisión de quiebra criolla

Primer Circuito Boston
Fotografía: US GSA

El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, se expresó decepcionado con la decisión emitida por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, que tiene el efecto de dejar a los puertorriqueños desprovistos de un proceso ordenado para renegociar las deudas de las corporaciones públicas.

“La decisión emitida por este panel con relación a la Ley para la Recuperación de las Corporaciones Públicas adoptada en Puerto Rico es sumamente decepcionante. La misma adjudica como válido el estado de discrimen establecido contra Puerto Rico al excluírsele de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra por acción del Congreso en 1984. Es arbitrario e inconcebible el que Puerto Rico se encuentre desprovisto de un instrumento que le permita una negociación ordenada de la deuda pública. Hoy tenemos un gobierno que queda desamparado en lo que concierne a lo dispuesto en el Capítulo 9, e imposibilitado para legislar su propio instrumento que le permita a nuestras corporaciones públicas atender de forma ordenada la crisis fiscal que ya ha sido anticipada. Evaluamos la alternativa de recurrir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo cual decidiremos oportunamente en consulta con nuestros asesores y junto al señor Gobernador. Mientras tanto, resulta indispensable para Puerto Rico centrar sus esfuerzos en persuadir al Congreso de Estados Unidos para que se corrija la acción tomada contra Puerto Rico en el 1984 y apruebe la inclusión del país en las disposiciones del Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. Esto es indispensable pues, renegociar la deuda de nuestras corporaciones públicas y del país exclusivamente a base de consenso y sin contar con un código ordenado, ha de resultar sumamente difícil y complejo”, explicó el titular del Departamento de Justicia.

A raíz del anuncio del Gobernador el pasado lunes, 29 de junio sobre la dificultad de cumplir con el pago de la deuda, el Departamento de Justicia presentó ese mismo día una moción ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito para que se atendiera con carácter de urgencia la apelación del Estado a la decisión del Tribunal Federal de Distrito. Dicha decisión, emitida por el juez Francisco Besosa, le prohíbe al gobierno poner en vigor la ley que le permitiría a las corporaciones públicas reestructurar equitativamente sus deudas, al tiempo que garantiza a la ciudadanía los servicios esenciales.

Ante la decisión del apelativo federal, Alejandro García Padilla, Gobernador de Puerto Rico, compartió las siguientes expresiones:

«Esta decisión es lamentable y decepcionante. Por el momento, priva a Puerto Rico de una herramienta legal para manejar ordenadamente las obligaciones de sus corporaciones e instrumentalidades públicas.

Se trata de una aplicación de la ley federal que es injusta para Puerto Rico. Por un lado, se dice que el Capítulo 9 restringe a Puerto Rico de aprobar una ley de recuperación, pero por otro, no concede ninguna alternativa jurídica para enfrentar la situación.

La opinión está siendo evaluada por los abogados del gobierno a la luz de las expresiones de los jueces del Tribunal. Por mi parte, insisto en que esto tiene que unir a todos los puertorriqueños en un solo propósito. Vamos a exigirle a Washington trato justo para Puerto Rico, más allá de partidos o grupos. Es importante hablar con una sola voz para lograr acción de Casa Blanca y del Congreso».

El Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, emitió las siguientes declaraciones en torno a la decisión de ayer:

«Para todos los efectos prácticos, ya se estableció que Puerto Rico no puede promulgar su propia legislación de quiebra debido a que el Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos ocupó el campo para este tipo de legislación en cualquier jurisdicción de la nación. El Capítulo 9 faculta a cada gobierno estatal a autorizar a sus municipalidades o instrumentalidades insolventes, incluyendo a sus corporaciones públicas, a reestructurar sus deudas bajo la supervisión de un juez federal de quiebras, sujeto a ciertas condiciones. Pero en 1984 el Congreso prohibió expresamente al Gobierno de Puerto Rico a facultar a sus entidades públicas para obtener alivio bajo el Código de Quiebras Federal. Por lo tanto, se ha confirmado que actualmente Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos que tiene más ciudadanos americanos que 21 estados, no puede aprobar su propia ley de quiebra y tampoco puede utilizar el Capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal.

El Tribunal de Apelaciones concluyó que ‘el Congreso conserva el poder de autorizar a las instrumentalidades públicas de Puerto Rico a buscar alivio bajo el Capítulo 9.» Esto significa que Puerto Rico tiene una opción, y una opción solamente, es decir, pedirle al Congreso el mismo trato que reciben los estados en esta materia. En febrero, presenté el HR 870, la Ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico de 2015, que reclama ese trato. Este esfuerzo legislativo, que no le costaría a los contribuyentes federales un centavo y promueve el estado de derecho, cuenta con el apoyo de prácticamente todos los expertos de quiebra; de las juntas editoriales de Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles Times y Bloomberg; de numerosas personas y organizaciones conservadoras; y de la gran mayoría de la comunidad financiera.

A este proyecto de ley se opone un pequeño grupo de fondos de inversión y acreedores que tienen bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). La AEE, al igual que otras corporaciones públicas de Puerto Rico, está sujeta a todas las leyes federales ambientales, laborales y de transporte, pero actualmente no puede acogerse al régimen federal de reestructuración de deudas. Esto es claramente injusto. Estas empresas de inversión demandaron al Gobierno de Puerto Rico por la creación de la Ley de Recuperación, insistiendo en que el único camino para que las entidades públicas en Puerto Rico puedan ajustar sus deudas y reclamar acceso al Capitulo 9. Estas empresas ahora están tratando de obstruir ese único camino solitario. Pueden creer que tal obstrucción es en su propio interés, pero es obvio que no es en el interés público, y el Congreso debe implantar la política pública basándose en el interés público y no en intereses particulares.

Un punto final. El Tribunal de Apelaciones concluyó, e incluso los bonistas demandantes admitieron, que desde 1938 hasta 1984, ‘Puerto Rico, al igual que los estados, podían autorizar a sus municipalidades a obtener alivio bajo la Ley de Quiebra Federal’. El Tribunal de Apelaciones no pudo encontrar explicación alguna en el historial legislativo de por qué el Congreso, en una ley de 1984 que modifica el Código de Quiebra, decidió quitarle ese poder a Puerto Rico. Como deja claro el Juez Torruella en su elocuente opinión concurrente, así es la vida de un territorio. Vivimos a la merced del Congreso. Tenemos voz en una de las dos cámaras del Congreso, pero no tenemos el voto en ellas. Estamos obligados por leyes en cuya aprobación tenemos poco que ver. Si esto no es anti-americano, no sé lo que es.

Si hay algo positivo en esto, es que todo este debate sobre el Capítulo 9 ha resaltado la bancarrota moral de la condición territorial de Puerto Rico».

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