Kathleen Kane, Fiscal General del estado de Pensilvania, fue encontrada culpable por nueve cargos entre los que figuran perjurio, conspiración criminal, filtrar información sobre un gran jurado y luego mentir sobre ello, en un esfuerzo por desacreditar a un rival político.
La funcionaria —quien se convirtió en el 2012 en la primera mujer electa al cargo de Fiscal General— había anunciado su inocencia pero durante las pasadas semanas, un jurado compuesto por 12 personas decidió unánimemente su culpabilidad.
Michelle Henry, la fiscal que atendió el caso, relató en su argumentación inicial que Kane planificó revelar información de una investigación para un gran jurado al periódico The Philadelphia Daily News en el 2014. El propósito de ello era como represalia en contra de Frank Fina, un fiscal al que esta culpaba por una crítica mediática que se le hizo luego de que este decidiera no cerrar una investigación sobre corrupción por parte de unos funcionarios del partido demócrata.
Según la evidencia presentada en el juicio, una vez Kane ocupó la posición en el 2012, esta prometió investigar el manejo del gobernador de Pensilvania de un caso en el que se acusó a un entrenador de la Universidad Estatal de Pensilvania («Penn State») por abuso sexual. Kane no encontró evidencia directa pero en el proceso su equipo descubrió miles de correos electrónicos en el que funcionarios intercambiaban pornografía, mensajes misóginos y racistas que se publicaron en varios medios de comunicación. Por causa de ese escándalo, incluso dos jueces del Tribunal Supremo perdieron sus trabajos por estar involucrados.
Igual de involucrado estuvo el fiscal Frank Fina, quien había tenido problemas con Kane en el pasado, luego de que de la oficina en la que ambos trabajaban, revelara información sobre una investigación que Kane había cerrado por la cual había recibido duras críticas de que la no radicación de cargos se debió a que encubría a oficiales de su propio partido. La Fiscal General culpaba a Fina, pues este había estado a cargo de esa investigación.
Un año después, se filtró información sobre otro caso en el que se investigaba a un ex miembro de la organización NAACP. Esa información fue perjudicial para Fina pues este había decidido no radicar cargos a pesar de que se cuestionaba la utilización de fondos públicos.
Por causa de la filtración de la información, oficiales del estado decidieron realizar su propia investigación en la que concluyeron que la responsable había sido Kane.
El equipo defensor de Kane argumentó que había sido su ayudante, Adrian King, quien abusó de su poder cuando envió la información del gran jurado a un reportero.
Sin embargo, un asesor político, Josh Morrow, testificó bajo inmunidad que la responsable había sido Kane y que además, esta había creado una historia para encubrir sus actos e implicar a King. Morrow también testificó que el propósito de publicar la información había sido para afectar a Fina.
El equipo de Kane no llamó a ningún testigo en su defensa. En lugar de ello, su abogado defensor trató de menospreciar a sus antiguos aliados después de que testificaran en su contra.
«Se trata de dos testigos que dirán lo que necesitan con el fin de protegerse a sí mismos», dijo el abogado defensor Seth Farber, según el New York Times.
Los abogados de Kane insisten en su inocencia y que los cargos se presentaron en represalias contra Kane por investigar los mensajes pornográficos antes mencionados en este artículo. Estos denunciaron que no se les hubiera dado oportunidad de entrar en evidencia esos mensajes para poder establecer su caso de retribución política.
Esta también ya había expresado que algunos en la clase política, dominada por los hombres del estado, le han provocado dificultades políticas en represalias por la revelación de los mensajes y para evitar que más mensajes fueran filtrados.
Sin embargo, la juez Wendy Demchick-Alloy limitó la discusión de esos correos electrónicos a petición de los fiscales.
«Se nos ha negado la oportunidad de montar una defensa completa», dijo Gerald Shargel, uno de los abogados.
Aunque al momento no se ha encarcelado a Kane, la juez manifestó que lo haría si había evidencia de represalias en contra de los testigos del caso. Asimismo le retiró el pasaporte a Kane impidiendo que esta pueda viajar fuera del país.
Luego del veredicto Kane renunció a su posición como Fiscal General. Meses antes había anunciado su decisión de no optar por la reelección.