Los candidatos a la gobernación de Puerto Rico tuvieron la oportunidad, el pasado jueves, de dar a conocer su visión y propuestas sobre acceso a la justicia ante los miembros del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Dicha institución se unió a los candidatos para diseñar un programa en el que pudieran además contestar las dudas de los colegiados referente a ese importante tema. Como parte de la dinámica de la actividad, los candidatos tenían 5 minutos para hacer una exposición y luego contestarían cerca de tres preguntas de la audiencia.
El candidato que rompió el hielo de la actividad fue Rafael Bernabe (Partido de Pueblo Trabajador) quien rápido puntualizó que el tema del acceso a la justicia va de la mano del tema de la política económica del país. Por ello expresó que “no podemos limitarnos a combatir el acceso a la justicia sino que tenemos que combatir la pobreza”.
Para ello sugirió que debemos «caminar hacia el camino opuesto al que hemos ido, desarrollando políticas económicas que ataquen el fenómeno de que las ganancias que se generan en la isla se vayan fuera de Puerto Rico y lograr que se reinvierta la riqueza que aquí se produce. Con dichas ganancias se pueden fortalecer los programas de acceso a la justicia». El también profesor expresó que está de acuerdo con que la colegiación sea obligatoria, pues no es posible que una profesión tan importante no esté colegiada.
“Quieren destruir la institución porque es un impedimento para los que tienen un proyecto de mayor injusticia y mayor desigualdad en Puerto Rico”, manifestó haciendo alusión a los detractores de la colegiación obligatoria.
Por su parte, el candidato independiente Manuel Cidre expresó que el problema de Puerto Rico “no es uno de chavos” sino un problema de administración y prioridades. Por ello “hay que poner las prioridades en su sitio: lealtad al país y libertad al pueblo”, puntualizó. Para ello sugirió que se debe desarrollar un proyecto de desarrollo económico para manejar el país desde cualquiera de las tres fórmulas. También propuso fortalecer Oficina de PRFAA en Washington DC y un proyecto de regionalización para concentrar servicios a los ciudadanos en 8 regiones balanceadas correctamente. Con el excedente de dinero que surja a partir de las diversas formas de ahorro económico que sugirió, planteó que se invierta en reducción de pobreza y reducción de crimen. Además explicó que una condición que debería ponderar el Colegio de Abogados debía ser distribuir la carga de representación pro bono y asignar cuotas definidas a abogados en Puerto Rico.
“Si diluimos la necesidad de representar al sector marginado entre 14,00 abogados podemos atender esa necesidad sin mayores consecuencias”, agregó.
Para Cidre, el Colegio debe trabajar para ser un gremio “representado y unido». Por ello deben trabajar tres áreas fundamentales: innovación, diferenciación y relevancia. También opinó que se debe cambiar la forma en que se nombran personas a la judicatura, que al momento es uno politizado. Los jueces deben ser seleccionados en oposiciones, mediante exámenes selectivos, y ubicarlos en un banco de candidatos. Los que aspiren a ser jueces superiores deben tener 8 años en la carrera judicial y quienes aspiren a jueces del Tribunal Supremo, deben tener 12 años de experiencia.
La candidata por el Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago, manifestó que lo necesario para despolitizar el Tribunal Supremo es la voluntad del Ejecutivo para depender de la recomendación que haga un panel en que estén participando las escuelas de Derecho, las organizaciones profesionales, programas que den servicios de asistencia legal gratuita. De la evaluación de ese grupo saldría una primera lista de nombres sobre el que votarían los senadores y senadoras. Según Santiago, el nombramiento original es el gran problema en términos de la politización. No obstante, con esa participación inicial de distintos sectores dicho problema quedaría subsanado.
La también senadora habló sobre las medidas que ha presentado a través de los años para trabajar el tema del acceso a la justicia. Entre estas varias resoluciones para crear una comisión especial que evalúe los servicios de asistencia legal que prestan las organizaciones y cuyos fondos son insuficientes para establecer mecanismos de asistencia legal gratuita o a un costo menor, el Proyecto del Senado 1474 que pondría un tope de 5,000 dólares a las reclamaciones bajo la Regla 60, el Proyecto del Senado 1142 para crear un panel independiente de personas que atienda casos involucrados con la Policía de Puerto Rico, y la primera propuesta para que se intervenga con las cuentas PLICA de manera que los intereses que estas generan se conviertan en un fondo que subvencione propuestas de servicio legal gratuito.
No obstante al que llamó el “gran proyecto pendiente fue el Código Civil, que según denunció no se ha aprobado porque el Partido Popular Democrático no ha logrado unir los votos para que se apruebe. La gran “manzana de la discordia” lo son las disposiciones en equidad a la comunidad LGBTT en los libros de Familia, Sucesiones, entre otros, puntualizó. Sobre ello, hizo un llamado a la gente para que le pidieran cuentas al presidente de esa colectividad, quien según señaló, no ha tenido problema alguno en lograr votos para aprobar medidas que “facilitan la corrupción”. Por último, puntualizó que el estado debe darle mayor importancia a la Rama Judicial y su adecuado funcionamiento, pues es la única rama que incide en la decisión “de con quién vivirá un niño, con quién las personas se pueden casar, el derecho al trabajo, el derecho a recibir pensión. Existe una falta de entendimiento sobre lo que representa la Rama Judicial. Por eso es que tiene que estar despolitizada, que los jueces tengan mayor vocación y recursos materiales suficientes para cumplir con su tarea”, explicó.
Por su parte, el candidato por el Partido Popular Democrático David Bernier habló sobre el acceso a la información como vehículo para lograr un mayor acceso a la justicia. También habló sobre la importancia de que el gobierno sea uno eficiente y cercano al pueblo que permite un acceso directo a la ciudadanía. “Un gobierno burocrático, poco eficiente, siempre va a repercutir para aquellos que menos tienen”, señaló.
Su fórmula propuesta es que una ciudadanía informada y que conoce de sus derechos junto a un estado proactivo, que provea las herramientas para hacerlas valer, que desembocaría en una mayor accesibilidad de los sectores a los sistema de justicia.
Al igual que Bernabe y Cidre, Bernier relacionó las políticas económicas del país con el acceso a la justicia. Por ello, arguyó “hay que reestructurar la deuda”. De esa restructuración se podrá disponer de recursos para mantener los fondos de acceso a justicia existentes.
Sobre el escogido de jueces, Bernier opinó que debe haber mayor rigor en la evaluación y participación de los pares. No obstante, entiende que nunca debe eliminarse la participación de la Asamblea Legislativa, pues es a través de ella que el pueblo tiene participación en el proceso.
Finalmente, sobre la colegiación obligatoria Bernier expuso que en última instancia es una decisión de los profesionales que se tiene que tomar democráticamente y tiene que ser uniforme.
“Siempre que se acompañe de servicios a colegiados y se demarquen funciones no lo veo como negativo pero es decisión de los profesionales”, explicó Bernier.
La última candidata en exponer lo fue Alexandra Lúgaro, quien manifestó que “fue precisamente la injusticia la que me trajo aquí ante ustedes como candidata a la gobernación”.
Según la también abogada, el gobierno no le brinda las herramientas a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo moderno, obtener un empleo y contribuir a la sociedad. Asimismo, no se les instruye en la escuela sobre sus derechos y cómo funcionan los procesos legales en la sociedad. Paralelo a ello, señaló ver la injusticia en los tribunales, cuando ha visto fiscales sin evidencia suficiente para probar un delito pero abogados que en lugar de defender a sus clientes despachan los casos con alegaciones pre acordadas. Lúgaro reflexionó en que esas instancias le han hecho concluir que más allá de digitalizar los procesos o más allá de educar estudiantes en las escuelas, los abogados tienen una responsabilidad de reencontrarse con su rol, “el que decidimos cuando escogimos la profesión”, señaló incluyéndose.
“Me siento privilegiada de haber podido estudiar Derecho. El acceso a la justicia como derecho humano requiere mucho más que un andamiaje político o gubernamental, requiere aportación individual, requiere individuos encargados de proveerla”, dijo.
Acto seguido criticó los nombramientos de funcionarios judiciales por “pala política”, que luego “no saben lo que están haciendo».
“Nuestro sistema de justicia merece seriedad pues estamos trabajando con la vida de las personas”, criticó.
Sobre la colegiación obligatoria, Lugaró se confesó ser colegiada y pagar su cuota anual, aunque entiende que la colegiación debe ser voluntaria. “El que sea colegiado, que lo sea porque le nace”, añadió. No obstante, recomendó que el Colegio entrara en una auto reflexión sobre cómo puede ser más atractivo a los abogados.
Lugaró finalizó con una lista de propuestas puntuales sobre acceso a la justicia, entre las que figuró: educación a los niños en las escuelas sobre sus derechos, particularmente el derecho criminal y derechos al consumidor, una compensación adecuada para los abogados que den servicios de forma gratuita a personas de bajos recursos, y que el Departamento de Justicia contrate abogados en lugar de pagarle a bufetes corporativos sumas excesivas de dinero por representación legal.
El Dr. Ricardo Roselló, candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, canceló su participación horas antes de que comenzara la actividad.