¿Impuesto ilegal en Caguas? Empresas cuestionan constitucionalidad

El Municipio de Caguas aprobó la Ordenanza Municipal #37, que establece una aportación empresarial municipal .35% de su volumen de negocio a empresas e individuos sujetos al Impuesto Municipal de Patentes o a aquellos que declaren un volumen de negocios en Caguas de tres millones de dólares o más para el año calendario anterior a la efectividad de la Aportación Empresarial Municipal (AEM).

Sin embargo, la aprobación de esta medida ha provocado gran controversia, ya que según alegan varios abogados del bufete Goldman Antonetti & Córdova, LLC, la aportación impuesta parece exceder lo permitido por ley.

“Los impuestos de la licencia municipal son permitidos por gracia legislativa, específicamente a través de la Ley de Patentes Municipales de 1974, según enmendada. La Ley autoriza a los municipios a imponer un impuesto a base del volumen de negocio que no exceda de cero punto cincuenta por ciento, en el caso de negocios no financieros y en el caso de negocios financieros el Impuesto de Licencia Municipal no podrá exceder un punto cincuenta por ciento. 1,50%. La Ordenanza parece intentar eludir las claras disposiciones de la Ley y la Constitución de Puerto Rico, reformulando lo que efectivamente puede ser considerado un Impuesto de Patente Municipal adicional, que excede las cantidades permitidas bajo la Ley. En virtud de esa lectura, la Ordenanza puede ser revocada por un tribunal de justicia por violar la Ley y las disposiciones constitucionales relativas a la delegación del poder de gravar los impuestos, y también puede estar en violación de las disposiciones constitucionales que prohíben la doble imposición”, señala el comunicado enviado por el bufete de abogados.

A partir de su vigencia, el municipio ha sido demandado en varias ocasiones. Durante esta semana los supermercados Ralph’s Food Warehouse, J.F. Montalvo, la compañía Claro y seis restaurantes también demandaron al municipio de Caguas para que se deje sin efecto la ordenanza antes mencionada.

“Esta Ordenanza impone una contribución llamada ‘aportación empresarial municipal’ sobre el volumen de negocios de las partes demandantes, lo que constituye una patente municipal adicional que sobrepasa el máximo permitido por la Ley de Municipios Autónomos, es un impuesto selectivo, casi confiscatorio, y su efecto en la economía de Caguas y del país sería nefasto”, expresó Yeisa Morales en representación de los empresarios, a través de declaraciones escritas.

Otros demandantes son Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); Asociación Comercio al Detal de Puerto Rico; Wendco of Puerto Rico Inc.; International Restaurant Services, Inc.; South American Restaurants Corp.,; BMJ Foods P.R., Inc; Encanto Restaurants, Inc.; y Arcos Dorados Puerto Rico LLC.

La primera demanda fue presentada el pasado 5 de julio por Caguas Expressway Motor. En esta se alegó que el impuesto aprobado por la Legislatura Municipal es inconstitucional, pues representa una tributación doble al imponer el cobro de una tasa de .35% a los negocios que reporten ingresos brutos de 3 millones anuales. Dicha cantidad se sumaría al .50% que establece la Ley de Patentes por el volumen de ventas del negocio. Combinadas ambas partidas, ello representaría una tributación combinada de .85% sobre el volumen de ventas de los comercios, calculado a base de las ventas brutas.

De acuerdo a la demanda, como consecuencia de la implantación de esta ordenanza, “Caguas Expressway sufriría un impacto tan significativo y oneroso que tendría el efecto de imposibilitar su operación y continuación de un negocio que ha servido bien al municipio de Caguas por espacio de 50 años y a 95 familias puertorriqueñas cuyos trabajos dependen de dicha operación”, indica la demanda.

“El asunto aquí es de alto interés público, ya que este impuesto no solo afectaría a Caguas Expressway, sino también afectaría a un sinfín de empresas situadas en el Municipio que generan un volumen de negocios igual o mayor de tres millones de dólares”, expuso el licenciado José Rodríguez Robles, del bufete Marichal, Hernández, Santiago y Juarbe, en representación del concesionario de autos, según publicado por Voz de Avanzada.

Cercano a la puesta en vigencia de la ordenanza, el alcalde William Miranda Torres, mediante comunicado de prensa, expresó que el impuesto se implementó para complementar las estrategias de control de gastos establecidas, proteger la estabilidad financiera y evitar el deterioro de la ciudad. Además, puntualizó que esta era una acción temporera para allegarse más recaudos.

El 60% de los ingresos que genere la AEM serán depositados en un Fondo Especial para el mantenimiento de áreas verdes, calles, caminos e infraestructura, así como de facilidades recreativas, escuelas y otros esfuerzos de conservación ambiental. El restante 40% será transferidos al Fondo General, para otros servicios a la ciudadanía.

“La realidad vivida por los ayuntamientos alrededor del País es la consecuencia del Plan Fiscal del gobernador de Puerto Rico, avalado por la Junta de Control Fiscal. Las medidas que hemos tomado los alcaldes son el resultado de la política pública del Gobierno Central de ver a los municipios como los responsables del problema fiscal y no como los primeros en la línea a la hora de prestar servicios a la ciudadanía”, explicó Miranda Torres.

Industriales hacen llamado a gobiernos municipales

El Presidente la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Rodrigo Masses, hizo un llamado a los gobiernos municipales para que desistan de tomar medidas que ponen en riesgo la economía de Puerto Rico. Indicó Masses que “los anuncios de varios municipios de que aumentarán contribuciones sobre la propiedad y las patentes municipales presenta un riesgo muy serio para las empresas puertorriqueñas y la economía del país”.

La Asociación de Industriales entiende la difícil situación por la que atraviesan los municipios y la necesidad de tomar medidas que permitan mitigar el impacto de la eliminación de $350 millones en transferencias del Gobierno Central. Indicó Masses, “Los gobiernos municipales son la unidad de gobierno más cerca de la ciudadanía y han asumido la responsabilidad de proveer servicios necesarios en las áreas de salud, educación, mantenimiento de carreteras y otras, ante la incapacidad de atender estos asuntos del Gobierno Central”.

Recomendó que “los municipios adopten medidas como la creación de consorcios para la prestación de servicios, acuerdos de compartir costos, alianzas con las organizaciones sin fines de lucro, fomentar empresas municipales rentables y otras medidas de estímulo a la actividad económica. El aprovechar más eficientemente la disponibilidad de fondos federales es algo que puede ser muy importante”. La solución no es, “seguir ahogando a las empresas puertorriqueñas y los ciudadanos con más contribuciones.”

Expresó la disponibilidad de la Asociación de Industriales de colaborar estrechamente con los gobiernos municipales en la búsqueda de soluciones. A tales efectos “la Asociación creará un grupo de trabajo compuesto de socios expertos en gerencia y promoción económica para que constituya el equipo que estará disponible para esa colaboración”.

Indicó Masses que el lema de la Asociación, “Somos Uno es algo que nos aplica a todos, industriales, agricultores, profesionales y también gobiernos municipales. Somos Uno con el propósito de devolverle al país un mejor futuro.”

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