Por: Lcdo. Alejandro Torres Rivera, Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
Las circunstancias del paso de María por Puerto Rico dejará sin empleos a miles de personas que tan sólo hace una semana tenían alguna fuente de ingreso. Se cuentan ya por decenas de miles las personas que todos los días al levantarse se preguntan qué ocurrirá en meses siguientes si no se normaliza en Puerto Rico el abasto de gasolina; la reconstrucción del sistema eléctrico; de la reconstrucción de la infraestructura, de carreteras, puentes, caminos y residencias; del restablecimiento de las comunicaciones; de la atención inmediata a los servicios de salud y educación; pero sobre todo, aún si una parte de lo anterior se resolviera, dónde estarán los recursos económicos para atender sus realidades más inmediatas y las de sus familiares.
A las decenas de miles de millones de dólares en deuda pública, se suman ahora daños estimados conservadoramente en más de $30 mil millones como resultado de María. En un abrir y cerrar de ojos, parecería que el país ha dado un vuelco al pasado mayor al de una generación.
Una de las interrogantes más comunes que he encontrado en personas que se han acercado a preguntarme es la relacionada con si existen alternativas para devengar en lo inmediato el sueldo que le corresponde a ellos como empleados. La pregunta surge en condiciones en que como producto de las circunstancias impuestas por la limitaciones antes mencionadas, el empleado no puede acceder a su trabajo o sencillamente las condiciones de la empresa no le permiten desempeñar sus funciones.
El sector patronal ha respondido a esta interrogante de diversas maneras. En algunos casos se ha procedido con el pago de los días trabajados hasta el paso del huracán María, lo que así debe ser en la medida que es paga por trabajo ya realizado. En otros casos se ha cuadrado o al menos se intenta cuadrar el pago de la quincena en curso, que incluye tanto los días trabajados como aquellos no trabajados, los últimos con cargo a licencias acumuladas o pagados por mera liberalidad del patrono reconociendo las dificultades que enfrentan sus empleados. Hay también patronos que le han indicado a los empleados que están cesantes en sus empleos hasta que no se normalice la situación, lo que implica que el empleado no tendría un ingreso hasta que no se le llame nuevamente a trabajar y complete su jornada ya sea semanal o quincenal, lo que prolongaría el tiempo sin haber recibido ningún ingreso.
No existe en nuestro ordenamiento una política clara que atienda la situación desde la perspectiva de las necesidades de los trabajadores. Ni existe para el sector público ni existe para el sector privado. Si ello es así, ¿no sería el momento adecuado, una vez la legislatura se reúna para examinar la situación del país y ante el hecho de que la ocurrencia de fenómenos como Irma y María pueden afectarnos al país anualmente, para adoptar legislación que formule una política pública en estos casos?
Una alternativa podría ser legislar la creación de un seguro especial donde el empleado, o el empleado y el patrono (está última sería más conveniente), aporte en cada período de pago una suma de dinero que se acumule, independientemente cual sea su patrono. Se trata de una ayuda que se obtendría en adición a cualquier otra ayuda que el Estado pueda ofrecer, la cual se activaría como un fondo de emergencia en caso de desastres naturales. Sería el empleado quien activaría el uso de los fondos depositados a su nombre con cualquier acreencia que por el paso del tiempo hay podido devengar.
Me parece, sin embargo, que existen otras alternativas que pueden ser consideradas en estos momentos y que no requieren acción legislativa. Una de ellas es que el Gobierno active personal del Departamento de la Familia para identificar aquellas personas que como resultado del huracán María no pudieron trabajar en los días o semanas siguientes para identificar su composición familiar y cualificarlos para recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional. Me parece también que en un esfuerzo conjunto con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, a través de su Negociado de Seguridad de Empleo, podrían identificarse también aquellos empleados que no han podido retener sus empleos por no estar abiertos parcial o permanentemente sus centros de trabajo, sean estos en el sector privado como en el sector público, a los fines de cualificarse para recibir los beneficios del Seguro por Desempleo.
Hay una realidad que es inescapable. A raíz de los cambios ocurridos en la legislación laboral durante el presente año, las licencias de vacaciones para los empleados que son de nueva contratación se han reducido. Lo mismo ocurre con los períodos probatorios, compensaciones económicas, bonificaciones, etc. Se trata de medidas que empobrecen más nuestra fuerza de trabajo, lo que a su vez precariza la capacidad de cada trabajador o trabajadora para generar ahorros con los cuales atender situaciones de emergencia que les garanticen al menos una capacidad de respuesta ante los desastres naturales.
Es posible que María nos ayude a reflexionar el tema de la importancia de la legislación protectora del trabajo en nuestra realidad como puertorriqueños. Siempre es adecuado el tiempo de rectificación ante errores cometidos.