Por la Lcda. Carolina T. Blanes García
Hago alusión al Canon 38 (Preservación del Honor y Dignidad de la Profesión) establecido en el Código de Ética Profesional de Puerto Rico:
“Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida privada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable”.
Abogados que recién comienzan en la profesión, con deseos inquebrantables de crecer profesionalmente y aplicar los conocimientos adquiridos. Consumidos en la expectativa de encontrar una puerta que se abra, se alían de manera fehaciente de la perseverancia. Énfasis suplido para aquellos abogados que sus apellidos sólo son famosos en sus hogares y donde el amanecer es su equivalente de oportunidad. Guiados por la esperanza de que mañana será el gran día, se visten con su mejor chaqueta o vestido para darle cara al valle de lágrimas que supone el proceso de entrevista. La espera desespera cuando el teléfono no suena. ¡Hasta que suena! Inmersos en la felicidad y paz que irradia insertar el número de RUA y firma en ese primer contrato de servicios profesionales, ignoran la avalancha que se aproxima.
Una vez quedó establecido el contrato, la pesadilla deja de ser un sueño, el recorte de horas es una realidad. Práctica indeseada que sonaba por los pasillos de la Escuela de Derecho comienza a tomar forma. Se preguntarán, ¿cuál es la avalancha? La factura. Los Bufetes que emplean esta mala práctica, designan trabajos sin indicar de antemano al abogado las horas que puede componer una tarea. El abogado dedica horas razonables para lograr un trabajo de excelencia y luego el Bufete le reduce tres cuartas partes de las horas invertidas en la labor. Es de entender que un abogado principiante se demore más que un abogado que cuenta con varios años de experiencia. Sin embargo, a pesar de que el planteamiento del “novato” se engrana en la falta de experiencia lo cual es un precepto razonable, los parámetros utilizados al momento de trinchar las horas emitidas por el abogado son aquellos cimentados en los principios de “justicia y equidad” del Bufete.
Estas condiciones se prestan para un panorama y una especie de “chilling-effect”. El abogado al encontrarse en los comienzos de su carrera prefiere evitar confrontaciones sobre el tema porque piensa que puede ser desfavorable para su carrera. Para muchos renunciar no es una solución puesto que necesitan la remuneración y ante la disyuntiva escogen el silencio. El Bufete sabe que tiene las de ganar y que el abogado no procederá a demandar dado que indudablemente le costará más de lo que gana con todas las facturas recortadas juntas.
La validez del planteamiento del “novato” no puede dar luz verde para que los Bufetes recorten las horas facturadas indiscriminadamente. Al así hacerlo, el Bufete no tan solo le falta el respeto al abogado sino a la profesión legal. Es una conducta que lacera los principios de honorabilidad y dignidad inherentes a la profesión. Tal conducta comprende una violación a los Cánones de Ética que rigen la profesión y sobre todo a aquellos valores morales que no se encuentran trazados en una ley.
Hago un llamado con el fin de que se siente una pauta y se establezcan unos parámetros justos para evitar que la facturación se convierta en una determinación basada en el arbitrio y capricho del Bufete. La pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿quién se encarga de fiscalizar que los parámetros de reducción de horas cumplan con estándares de honradez y justicia?
El deseo de trabajar por la Isla y la ilusión con la que los abogados abren la puerta de la práctica legal no puede empañarse por conductas reprochables inspiradas en la ausencia de lealtad por los Bufetes que los emplean. La inercia ante tales acciones es sinónimo de patrocinio y antepone un ambiente de impotencia para los abogados que inician en la profesión, provocando así su partida.