Con 16 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenidos, se aprobó el Segundo Informe del Comité de Conferencia sobre el Proyecto de la Cámara 1018, para establecer la Ley para la Protección de la Libertad Religiosa.
A continuación reproducimos el comunicado del Senado de Puerto Rico:
La votación se realizó mediante un pase de lista. Los senadores Axel “Chino» Roque y Larry Seilhamer fueron los dos votos abstenidos a la pieza. Por su parte, senadores de todas las delegaciones conformaron los votos en contra, estos fueron Zoé Laboy, Miguel Romero, Eduardo Bhatia, José Luis Dalmau, Abel Nazario, Miguel Pereira, Cirilo Tirado, Aníbal José Torres, José Vargas Vidot y Juan Dalmau.
Ante esto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo en el proceso de debate que “no cambio principios ni valores por votos”. Asimismo, comentó que con la aprobación de esta medida no se persigue “quitarle ni un solo derecho a nadie…los religiosos incluidos” a la vez que no se pretende imponer criterios. Asimismo, aclaró que con la aprobación de esta medida no se privará «a nadie» de los servicios del gobierno. De paso realizó una invitación a los senadores a que si se han reconocido derechos a otros sectores de la población se haga lo mismo con la comunidad cristiana. “Es lo justo”, dijo.
Rivera Schatz aclaró que la medida que se aprueba “es muy diferente a la versión original” y “no se trastoca” y no tiene consecuencias fiscales. Sin embargo, indicó que quien no esté de acuerdo con lo establecido en la pieza legislativa puede acudir a los tribunales.
En su alocución, el presidente senatorial hizo alusión al preámbulo de la Constitución de Puerto Rico en el que se menciona que el pueblo “pone su fe en Dios Todopoderoso”. Mientras, el Código Político termina con las palabras “así me ayude Dios”.
“¿Alguien aquí objetó lo que contiene nuestra Constitución y cuando juramentamos pedimos la ayuda a Dios… así de separados estamos entre la Iglesia y Estado?”, cuestionó Rivera Schatz.
En su alocución, el líder senatorial recordó que el Senado aprobó medidas que no son del todo agradables para el sector religioso entre estas la recién firmada Ley de Adopción. A su juicio, no observaron del todo la ley ya que la misma dispone que una dama embarazada que no desee tener a su bebé, en vez de abortar, entregue al menor en adopción y se insertó a la iglesia como uno de los escenarios seguros en que se pueden entregar a los menores.
El proyecto como ha sido revisado establece de manera clara en el artículo 8 que «nada de lo dispuesto en la presente ley podrá ser utilizado para que el Estado niegue o deje de proveer servicio alguno a toda persona que así lo solicite, requiera o necesite».
El Plan para Puerto Rico contiene una definición de lo que es “libertad religiosa” razón por la cual el presidente senatorial entiende que la medida no debe ser objetada por el Gobernador. Según dicho Plan la ‘libertad religiosa’ significa que “estamos convencidos de que la actual administración (2013-2016) ha implantado prácticas y políticas públicas que amenazan y/o coartan la libertad de practicar la religión de preferencia de los ciudadanos. Nosotros nos comprometemos a proteger este derecho constitucional de libertad religiosa de cada ciudadano y a promover legislación a tales efectos”.
Entre tanto, los senadores populares Miguel Pereira y Eduardo Bhatia adelantaron que votarían en contra por entender que atenta contra la propia libertad religiosa. “Con este proyecto se violenta el balance (entre la Iglesia y el Estado)”, debatió Bhatia. Asimismo, lo hizo el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau.
Contrario a esto, la senadora por el Distrito de Carolina, Nayda Venegas Brown se expreso a favor de la medida por entender que esto va a proteger a los cristianos. “Como mujer de fe entiendo que la gente va hablar de la palabra conforme a la revelación que tengan de la misma”, dijo. Asimismo, la senadora ofreció ejemplos como “las trabas que pasan los pastores para poner una iglesia” y otras órdenes administrativas que excluían la oración dentro del trabajo, entre otras.
Por su parte, el senador José Vargas Vidot criticó el proyecto por entender que “se convierte en un parámetro para el discrimen, porque esto es un hecho que no hay que defenderse”. Además, dijo que es un hombre de fe y ante eso nunca ha leído en ningún estrato de la Biblia que Jesús le dijera a sus discípulos que acudieran al Estado para determinar sus libertades. “La fe nace adentro y no necesita ser defendida”, concluyó.
El informe del Comité de Conferencia enmendó varios artículos que contemplaba el proyecto original para incluir que los planteamientos ante objeción religiosa deberán realizarse por escrito y “de forma fundamentada”.
Asimismo, el informe establece en su artículo 7 que aquel empleado, contratista o funcionario “que se considere afectado en el ejercicio de su libertad religiosa en contra de lo dispuesto en esta Ley, podrá requerir a su institución eclesiástica que le asista en su reclamo”.
De esta forma, en casos excepcionales, la pieza dice que “el Gobierno podrá imponer una carga sustancial al libre ejercicio religioso de una persona, aún cuando la acción estatal es en cumplimiento de un interés gubernamental apremiante y que sea el medio menos oneroso de promover el interés gubernamental,” detalla.
La medida reitera que la Constitución de Puerto Rico “consigna que nuestro gobierno no aprobará ley alguna relativa al establecimiento de alguna religión en particular, ni se prohibirá el libre ejercicio de cualquier culto religioso”.
Entre los propósitos de la pieza legislativa está el que una persona que entienda se le ha violentado su ejercicio religioso en virtud de lo establecido en este estatuto, podrá alegar tal violación.
La Constitución de Puerto Rico, en la sección 3 de su artículo II, protege la libertad de culto y el libre ejercicio de cualquier religión . No obstante, según el proyecto, “aún con tal protección constitucional, numerosos movimientos religiosos en Estados Unidos y Puerto Rico han venido denunciado en los tribunales la aprobación de leyes de aplicación general que atentan contra sus principios y actividades religiosas”.