La presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), Lcda. Mercedes Peguero Moronta, catalogó como «excesivo» el término de cinco años, como está actualmente, para que se limpie el Certificado de Antecedentes Penales de aquellos exconvictos que terminan de cumplir sus condenas y salen a la libre comunidad.
Las expresiones de Peguero Moronta surgieron a preguntas del presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Henry Neumann Zayas durante la continuación de vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 1166 para enmendar la Ley de Certificado de Antecedentes Penales a los fines de establecer que una vez extinguida la pena impuesta en su totalidad, al momento de liberarse al convicto se haga entrega de un récord de antecedentes penales negativo con excepción a los que hayan delinquido en los siguientes casos: asesinato en todas sus modalidades, agresión sexual, pornografía infantil (producción, posesión, propaganda, transmisión o distribución), corrupción, crímenes de violencia de género y/o crímenes de lesa humanidad.
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«¿El periodo este de cinco (5) años, que dicta la ley actual, usted cree que es indicativo de que una persona este rehabilitada o no, dada las circunstancias, las consecuencias que tiene estar allá afuera con un récord manchado?», preguntó el también autor de la medida a la presidenta de la JLBP. «Los cinco años yo creo que es excesivo. Honestamente se lo digo”» contestó Peguero Moronta.
«¿Así que en realidad esos cinco años como medida de que una persona está rehabilitada o no es ficticia? ¿Usted estaría de acuerdo?», insistió el legislador. «Estaría de acuerdo con su expresión», se refirmó la letrada.
Así las cosas, la Presidenta de la JLBP, dijo estar a favor del PS 1166 al considerar que estos jóvenes que ya cumplieron sus sentencias son discriminados a la hora de solicitar para algún empleo. «Entendemos (el Proyecto) que va ser de mucho beneficio para aquellas personas que han cumplido su sentencia y no han podido obtener empleo por tener manchado su récord de antecedentes penales”» sostuvo Peguero Moronta.
De paso Neumann Zayas le solicitó le remita en un término de cinco (5) días a la Comisión de Seguridad Pública estadísticas disponibles sobre cuántos de esos exconvictos que salen a la libre comunidad no han cumplido con el privilegio de que se les consiga un empleo y vuelven a la Junta de Libertad Bajo Palabra porque han incumplido delinquiendo nuevamente.
Mientras el también Senador del Distrito de San Juan volvió a defender su medida, que según dijo surge del reclamo de jóvenes que han cumplido con sus sentencias quieren reintegrarse a la sociedad haciendo las cosas bien y en ley, pero se les cierran las puertas al momento de buscarse un empleo y no les queda otra opción que regresar a delinquir.
«Este servidor se ha encontrado en sus caminatas alrededor de San Juan, específicamente a jóvenes, inclusive en puntos de drogas, que me llaman y me dicen, senador yo no quiero estar aquí, yo ya cumplí, pero el sistema me ha forzado a volver a lo mismo porque yo tengo que comer. Y esa es la razón de ser de este Proyecto de Ley», indicó el senador Henry Neumann Zayas, autor de la medida.
Por su parte, el Departamento de Justicia se expresó en contra de la medida. «Eliminar el término de tiempo para borrar los delitos menos graves y graves de un Certificado de Antecedentes Penales sería un cambio de política pública errado, pues se pone en riesgo a la ciudadanía al no advertir de la convicción durante el periodo en donde más propensa esta la persona a reincidir», destacó el Lcdo. Juan Carlos Ramírez Ortiz, abogado de la División de Legislación del Departamento de Justicia.
«De ninguna manera consideramos que mantener una convicción en un Certificado de Antecedentes Penales por seis (6) meses o cinco (5) años, según aplique, afecta el proceso de rehabilitación», insistió Ramírez Ortiz, a través de ponencia de la agencia.
«Yo no puedo estar más que en desacuerdo», condenó Neumann Zayas una vez escuchó la posición de la agencia. «Yo no puedo estar más que en contra de la ponencia que ustedes han presentado». Dijo. Para el legislador esos cinco años pueden considerarse un aumento de la sentencia ya cumplida por la persona. «Lo sentenciamos para que se rehabilite, cumple la pena completa, sale y entonces le imponemos 5 años adicionales para que forme parte de su rehabilitación, donde esta persona saldrá a la calle con un expediente sucio a rehabilitarse. Donde no podrá conseguir trabajo»,concluyó.
Mientras tanto el senador del PPD, Miguel Pereira Castillo se manifestó de manera similar a su compañero Neumann Zayas. «La consecuencia de una sentencia, por lo menos en Puerto Rico, de 10 y 15 años es común. Después de eso, los hacemos esperar 5 años más. Uno a veces se entusiasma con proyectos que uno entiende que son meritorios. Al final de la evaluación todo el mundo tiene una opinión, pero es la opinión de este lado la que cuenta. La realidad es que uno no puede tratar de predecir la reacción de los seres humanos, los confinados y la comunidad. Entiendo su posición, pero no la creo justa», dijo Pereira Castillo.