Esta semana el Senado dio su consejo y consentimiento al confirmar por unanimidad a la licenciada Aixa S. Pérez Mink como presidenta de la Junta de Libertad bajo Palabra (JLP), en sesión del jueves, 20 de febrero de 2020. Al momento de defender el nombramiento en el pleno del Hemiciclo, el presidente de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez Maldonado, señaló que tener casi 30 años de experiencia profesional en el sistema de justicia criminal, le cualifica para el puesto. La Delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y el senador independiente José Vargas Vidot también se expresaron a favor de la confirmación del nombramiento.
Según el informe positivo firmado por el presidente de la Comisión de Nombramientos, la recién confirmada presidenta fue objeto de un proceso de investigación que incluyó evaluación psicológica, análisis financiero, investigaciones y entrevistas de campo así como la vista pública que se le celebró esta semana. Se desprende del informe que Pérez Mink fue sometida a una «rigurosa evaluación psicológica» por parte de la psiquiatra contratada por la Comisión de Nombramientos. «El resultado de dicha evaluación concluye que esta posee la capacidad para ejercer el cargo al que fue nominada» el pasado 28 de enero, reza.
En lo que respecta al análisis financiero, la firma de asesores financieros contratadas por la Comisión realizó un «minucioso» análisis de los documentos sometidos por Pérez Mink. Dicho análisis «no arrojó situación conflictiva alguna» que le impida ocupar dicho cargo.
«Todos los entrevistados concurrieron en describir a la nominada como una extraordinaria profesional y funcionaria con un alto nivel ético, con dominio total del Derecho, muy organizada, puntual, respetuosa y sensible, razón por la cual apoyaron, sin reserva alguna, la designación de la licenciada Aixa S. Pérez Mink como presidenta de la Junta de Libertad bajo Palabra», estableció Martínez Maldonado, presidente de la Comisión de Nombramiento.
Pérez Mink informó que entre las acciones afirmativas que implementará será «atender con diligencia» y al amparo de la Ley que creó a la Junta los casos que se encuentran pendientes de resolver y «ponerlos al día». También, convocar al Pleno a reuniones periódicas con el personal y miembros asociados de la Junta para «discutir, deliberar y recibir» retroalimentación sobre cómo mejorar los servicios que se ofrecen a las personas recluidas en las instituciones penales que cualifican para la libertad bajo palabra siempre y cuando hayan demostrado su rehabilitación y se vele por el derecho de las víctimas. «Realizaré inmediatamente la revisión de casos que se encuentran bajo concesión de clemencia ejecutiva para darles la prioridad que merecen», dijo Pérez Mink.
Pérez Mink cuenta con una extensa práctica en derecho administrativo y penal con 29 años de experiencia profesional. Además de haber sido asesora legal por más de 18 años para las Juntas Examinadoras del Departamento de Salud, enfocadas en derecho administrativo, asesora legalmente y representa a estas Juntas desde el 2000. También, desde marzo de 2017 asesora a víctimas del crimen ofreciendo orientación y apoyo legal para esta población en el Centro de Psicotraumatología en Guaynabo.
Entre los años 1992-2000 trabajó en el Departamento de Justicia. Allí fungió como abogada I en la Secretaría de Litigios Generales, División de Confiscaciones; y luego fue fiscal especial en la División de Maltrato a Menores y Delitos Sexuales. De igual forma, trabajó como ayudante especial de dos secretarios de Justicia en asuntos criminales y en las Juntas adscritas al Departamento. En el año 2000 fue nombrada como Fiscal Auxiliar II en el Tribunal de San Juan. Pérez Mink cuenta con licencias en las jurisdicciones de Puerto Rico, Washington D.C., Michigan y ha sido admitida al Tribunal Apelativo del Primer Circuito de Estados Unidos.
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