La gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced emitió veto expreso a la Resolución Conjunta del Senado 474 que ordenaba al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a la Compañía de Turismo proveer asistencia de emergencia a la Corporación para la Promoción y Mercadeo del Destino de Puerto Rico o DMO (por sus siglas en inglés) mediante la transferencia de $5 millones en fondos públicos. La medida planteaba que el propósito de la asignación era incrementar la promoción y atender los desafíos causados por los terremotos y el apagón general ocurridos en enero de 2020.
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Según se justificaba en la exposición de motivos de la medida, la transferencia se proponía debido a que para el año 2020 se había proyectado un aumento de hasta un veintitrés (23%) en el número de visitantes y las noches de estadías durante el primer trimestre (la temporada alta para el turismo extranjero).
Sin embargo, la cantidad de movimientos sísmicos que afectaron a Puerto Rico desde finales del mes de diciembre, las noticias que circularon a través del mundo a partir del terremoto y el apagón general ocurrido el 7 de enero de 2020, crearon la percepción incorrecta de que el país no estaba en condiciones de poder recibir visitantes, y como resultado, se experimentó una reducción sustancial en el número de personas que llegaron a hospedarse a la isla, así como en los grupos y convenciones que usualmente venían para sus eventos.
Por tal motivo, según indicaba la pieza legislativa, se le solicitaba al secretario de Desarrollo Económico y a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, a transferir o desembolsar la cantidad de cinco millones de dólares ($5,000,000) a dicha corporación, provenientes de los fondos separados para el Programa de Pareo de Fondos establecido la Ley 17-2017, mejor conocida como «Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino».
Esta medida que fue radicada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz el 13 de febrero de 2020, fue descargada y aprobada en Senado sin enmiendas el mismo día. Mientras que en la Cámara de Representantes la misma contó con un informe por la Comisión de Gobierno y se aprobó con enmiendas del informe. En ambos cuerpos legislativos la votación final contó con la oposición de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD).
El 12 de marzo de 2020, tanto el Senado como la Cámara acordaron una versión final de esta medida. Sin embargo, luego de haber sido enviada a la consideración de la gobernadora, fue rechazada con un Veto Expreso.