A la vez que la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes anunció que esperará datos gubernamentales para continuar la discusión sobre la retroactividad del derecho a un veredicto unánime, la constitucionalista Yanira Reyes Gil explicó a Microjuris.com que existen tres elementos principales para continuar la discusión del derecho: más vistas públicas, datos claros y velar por la intimidad y la dignidad de las víctimas.
«Para que los procesos sean transparentes, deben propiciar la participación amplia y en una pandemia se dificulta. No deberían aprobarse proyectos de amplia envergadura. Debe auspiciarse la participación ciudadana. No hay por qué tener tanta prisa», explicó Reyes Gil, que también es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR).
A la vez, la profesora Reyes Gil señaló que el Estado tiene la responsabilidad de velar por el derecho a la intimidad y la dignidad de las víctimas.
«Yo tengo que decir que los procesos judiciales no tienen que ser atropellantes para las víctimas. Eso no debería ser el dado. Es responsabilidad del Estado tratar a las víctimas con cuidado y dignidad. No hay razones para que un proceso judicial tenga que ser atropellado para las víctimas. El Estado tiene que asumir responsabilidad en los procesos de nuevo juicio», señaló.
Reyes Gil también sostuvo que le corresponde al Estado atender la forma en que se va a manejar la prueba en los casos o los nuevos juicios.
La decana de la Facultad de Derecho de la UIPR también señaló la necesidad de datos sobre la población restringida de libertad en Puerto Rico y de cuántas están cumpliendo penas a partir de un veredicto que no fue unánime
«No tenemos información suficiente de cuántas personas se afectarían. No sabemos cuántas personas están presas sin un veredicto unánime. Necesitamos información para saber si el sistema de justicia tiene los recursos para manejar los nuevos casos. No es lo mismo que sean 100 a que sean miles», explicó la decana.
«Tenemos que recordar que la mayor parte de las personas presas son personas pobres, negras y con poca educación. El sistema de justicia es más duro con las personas que no tienen poder en nuestra sociedad», agregó.
«¿Cómo es que vamos a tener esos nuevos juicios? ¿A cuántas personas les aplica la retroactividad? ¿Quiénes son esas personas?», son preguntas que la profesora reclama en la discusión sobre la retroactividad del derecho a veredictos unánimes.
Mientras tanto, la representante María Milagros Charbonier planteó a Microjuris.com que paralizó el proceso de vistas públicas mientras recibe los datos oficiales sobre las personas que están confinadas a partir de veredictos que no fueron unánimes.
La representante le requerirá datos, con un plazo de 15 días, al Instituto de Estadísticas, al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el Departamento de Justicia y a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT).
La idea de la representante es conocer con mayor precisión la cantidad de personas que están confinadas y que podrían beneficiarse de una legislación que les provea un nuevo juicio.
La discusión sobre la retroactividad del derecho a un veredicto unánime se desprende de la radicación del Proyecto del Senado 1590 y el Proyecto de la Cámara 2476, que atienden el derecho.
Ambos proyectos surgieron luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió Ramos v. Louisiana para dictaminar que los juicios por jurado por delito grave deberán ser resueltos por unanimidad para que la persona acusada sea declarada culpable.
Luego, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en la decisión unánime de Pueblo v. Tomás Torres Rivera que la exigencia de los veredictos unánimes en los casos penales por delitos graves pautada en Ramos v. Louisiana aplicaba a Puerto Rico.
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