[DOCUMENTO] Proponen extender protecciones de la Ley de Derechos Civiles contra el discrimen

El senador William Villafañe Ramos presentó el Proyecto del Senado 1634 para enmendar la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico con el propósito de extender las protecciones contra acciones discriminatorias por razón de rasgos físicos, orientación sexual, origen étnico o lugar de residencia.

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La medida propone ampliar las protecciones contra el discrimen, la segregación y la denuncia caprichosa.

Además, aumenta las multas aplicables, expande las responsabilidades de los funcionarios públicos y aplica la revocación de permisos, franquicias y licencias a cualquier negocio que viole esta ley de modo reincidente.

El autor de la medida destaca la más reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Bostock v. Clayton County, Georgia, que dispone la aplicación de las protecciones contra el discrimen por sexo en los casos de trato desigual por razón de la orientación sexual o el género de la persona perjudicada.

Mientras, explica que la actualización de las protecciones contenidas en la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico amplía las protecciones para considerar situaciones que ordinariamente pueden pasar desapercibidas.

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Factores como que una persona padezca una enfermedad, casos de enanismo, albinismo, sordera, ceguera, vitiligo, personas con tatuajes o “piercings”, obesidad y otros rasgos son incluidos en las protecciones que brinda la ley.

La medida también provee para que personas que nacieron fuera de Puerto Rico no sean discriminadas por su origen, cultura, idioma, vestimenta y otras tradiciones que le distingan.

Así mismo, se aclara que la protección de ley cubre cualquier discrimen contra personas por su orientación sexual. La medida también restringe las quejas, querellas y denuncias caprichosas y fundadas en el discrimen y el prejuicio.

La propuesta legislativa expone que los funcionarios que administran la justicia en el gobierno deberán evitar investigaciones, casos o procesamientos contra personas, en los que surja evidencia que pueda viciarlos o hacerlos inoficiosos por razones políticas, religiosas, de raza, color, sexo, orientación sexual, origen étnico o lugar de residencia.

Se añade que se deberán tomar en cuenta las razones discriminatorias, aún cuando no provengan de los funcionarios públicos. El proyecto establece que el incumplimiento con las responsabilidades de funcionarios públicos constituye justa causa sancionable.

El Proyecto del Senado 1634 fue radicado el 16 de junio de 2020 y referido a la Comisión de Gobierno del Senado de Puerro Rico.

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